La increíble historia de cómo algunos esquemas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, asignados a líderes sociales amenazados en varias regiones del país, se están convirtiendo en mulas del narcotráfico.
Decir que el año pasado fueron incautados 89 kilos de cocaína y 300 kilos de marihuana que superan los 500 millones de pesos, sería información de rutina en un país donde diariamente caen alijos con droga. Pero si advertimos que esas incautaciones fueron hechas en los vehículos blindados que entrega la Unidad Nacional de Protección, UNP, el dato sin duda es alarmante.
Y más preocupante es que este año ya cayó nuevamente otro cargamento de cocaína, custodiada por un escolta que portaba carné y armas de la UNP. Sucedió la semana pasada en carreteras del Quindío, donde la policía detuvo una camioneta Toyota cuando transitaba por el municipio de La Tebaida y en cuyo interior descubrieron 32 kilos de clorhidrato de coca.
Las autoridades confirmaron que el carro no era blindado y no pertenecía al parque automotor de la UNP; pero el conductor identificado como Pedro Muñoz, sí portaba varios carnés que lo acreditaban como escolta de una empresa de seguridad y la misma UNP. Hasta el cierre de esta edición no se logró determinar a quién protegía.
Como se sabe, los escoltas y carros de la UNP hacen parte de la estructura de seguridad para personas amenazadas o en riesgo de sufrir atentados criminales. De ahí que parecía impensable que dichos esquemas de protección cuya misión es prevenir delitos, se usaran para cometerlos.
En varias regiones del país, la UNP, a través de contratistas, le brinda seguridad a por lo menos 6.500 personas, de las cuales 2.800 cuentan con fuertes medidas de seguridad que incluyen una camioneta blindada y dos escoltas. Eso quiere decir que en la actualidad hay un promedio de 2.300 vehículos blindados en las carreteras de Colombia en los que se movilizan, entre otros, líderes sociales, activistas, sindicalistas o defensores de derechos humanos; todos amenazados.
Pero desde mediados de mayo de 2017 se vienen presentando varios hechos delictuosos, que si bien parecen aislados, preocupan a las autoridades quienes descubrieron que en algunas regiones del país usan los carros blindados de la UNP, para transportar combustible de contrabando, marihuana y cocaína.
Prueba de ello es que a la fecha cinco escoltas pertenecientes a dos empresas contratistas de la UNP, y una persona protegida, fueron capturados en flagrancia y deben responder por delitos como tráfico de estupefacientes.
Y todos esos casos se presentaron en los esquemas de protección asignados a personas que se mueven en el suroeste del país (Caquetá, Nariño, Cauca y Valle); es decir, aquellas zonas más convulsionadas en materia de orden público y donde abundan los cultivos de coca y marihuana.
Como si eso no fuera suficiente, SEMANA descubrió que en al menos uno de esos casos, existía previamente una denuncia documentada con datos, fotos y videos, en la que los escoltas ponían en conocimiento de todas las autoridades, la UNP y las empresas contratistas, las irregularidades cometidas con los esquemas de seguridad.
Irónicamente, a esos escoltas denunciantes los persiguió la mala fortuna; a uno de ellos no le renovaron el contrato, y los otros dos fueron reubicados (tal como lo exigían) pero temen retaliaciones no solo de quienes fueron objeto de sus denuncias, sino de las empresas donde trabajan. “Ahora piden que se les proteja a ellos y sus familias”, dijo Jesús Mario Corrales, líder de la fundación de víctimas Nuevo Amanecer.
La primera alerta de semejante entramado sucedió el 20 de junio del año pasado en las carreteras del Huila. En la vía Gigante – Hobo transitaba a altas horas de la noche una camioneta Duster, que fue requerida por un retén de la policía en un sector conocido como Los Altares.
Cuando los uniformados intensificaron la inspección se percataron que un fuerte olor a químico provenía de las llantas del automotor. Procedieron a desmontar una de ellas y hallaron en su interior once paquetes que contenían base de coca. Repitieron la rutina en las otras tres llantas y sumaron un total de 73 kilogramos del alcaloide.
La sorpresa mayor vino después, cuando descubrieron que el vehículo pertenecía a la Unidad Nacional de Protección y que estaba asignado a Arlex Gómez López, un líder defensor de Derechos Humanos vinculado a una reconocida ONG y que además fue alcalde de La Montañita, Caquetá. A ese cargo llegó en 2011 apoyado por el Polo y sacó 2.027 votos.
Sin embargo, en el carro no iba el ex alcalde, sino su hermano Yamit y el conductor José Antonio Andrade Buendía. Ambos aceptaron cargos por tráfico de estupefacientes y fueron condenados a 12 años de prisión y el pago de una multa de 1.400 salarios.
Tres meses más tarde, o sea el 21 de septiembre, la Armada y la policía propinaron otro golpe. En la vía Tumaco – Pasto, Nariño, una inspección rutinaria que generó nerviosismo entre los ocupantes del vehículo llamó la atención de los uniformados. Ese hecho sumado a que intentaron impedir la requisa argumentando que era el carro de una persona protegida, disparó las alarmas.
Cuando bajaron las maletas, los uniformados encontraron en la bodega del automotor un balde que contenía 16.6 kilogramos de base de coca; el operativo terminó con la captura de los cuatro ocupantes, entre ellos un menor de edad; dos fueron cobijados con prisión mientras enfrentan el juicio.
Los detenidos son el protegido Wálter Cabezas y su escolta César Mauricio Ramírez. Cabezas es un reconocido líder social de Tumaco perteneciente a la ONG Recompás; y Ramírez es un ex policía del Huila que apenas llevaba 12 días vinculado como escolta de la empresa Protección Colombia 416, una de las contratistas de la UNP. De ahí que muchos alegan la inocencia de ese escolta con el argumento de que tuvo muy poco tiempo para conocer de las actividades delictivas de su protegido.
Llama la atención que justamente las denuncias que reposan desde junio en la Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y la misma UNP, detallan con fotos y videos las supuestas andanzas delictivas de Cabezas.
“Allí contamos todo y lo soportamos con videos. Desde la manera como usaba los carros para cargar combustible y llevarlo a las zonas cocaleras, hasta los favores que le hacía a un disidente de las Farc conocido con el alias de ´Maturana´ que maneja los cultivos y laboratorios de coca en Tumaco”, explicó la fuente, quien pidió omitir su nombre por razones de seguridad.
En efecto, entre las pruebas que aportó el denunciante figuran relatos detallados de los presuntos abusos que el señor Cabezas cometía con su esquema de seguridad; y videos donde se observa al protegido junto a los escoltas cargando combustible e ingresando a una zona rural aparentemente con cultivos de coca.
“Nos tocó hacerlo de manera anónima porque cada que reportábamos una irregularidad, el primero en enterarse era el propio Cabezas, ya que el jefe de zona de la empresa de seguridad le pasaba las quejas”, dijo la fuente tras señalar que temen por sus vidas y las de sus familias, “porque es vox populi que todos los escoltas que protegimos a Cabezas, estamos en riesgo”.
Esta revista contactó a José Luis Aguilar, representante legal de la unión temporal Protección Colombia que maneja 1.730 escoltas en seis departamentos (Cundinamarca, Nariño, Valle, Cauca, Putumayo y Caquetá) y dijo que en efecto conocieron con anticipación las denuncias en torno al caso del señor Cabezas y que “de inmediato las trasladamos a las autoridades competentes”.
Aguilar precisó que si bien ellos son los únicos que brindan seguridad a personas amenazadas y protegidas por la UNP en el suroccidente del país, “no tenemos elementos para concluir que se trate de casos sistemáticos, sino aislados que ya estamos corrigiendo”, argumentó.
Defendió que se trata de un solo problema en Tumaco donde protegen a 40 personas con 80 escoltas, “reconocemos que sí hay una preocupación de nuestros escoltas porque les toca moverse en zonas con muchos cultivos ilícitos”, recalcó.
Para rematar, el 29 de noviembre de 2017 las autoridades volvieron a propinar otro duro golpe contra las mulas del narcotráfico que viajan en los carros blindados de la UNP. Esta vez sucedió en carreteras del Valle, entre Candelaria y Palmira y el caso fue producto de una labor de inteligencia y seguimiento.
La Fiscalía con ayuda de la Guala Militar detuvieron una camioneta cargada con 35 sacos que contenían 370 kilogramos de marihuana tipo Cripy. En el carro viajaban tres hombres que se identificaron con carnés y armamento de la UNP y enfrentarán el juicio en prisión.
Frente a toda esa situación, Diego Mora, director general de la UNP, no escondió su molestia y tristeza por los tres escándalos de tráfico de estupefacientes que salpican los esquemas de seguridad de la entidad, “insisto en que se trata de casos individuales y que involucran a cinco escoltas que pertenecían a terceros privados”, señaló.
Recalcó, que una de las medidas que reforzarán para la vinculación de los escoltas que manejan las empresas contratistas, será la de repetir constantemente los exámenes de confiablidad, “osea las pruebas de polígrafo”.
Como van las cosas y si no se aplican las medidas correctivas a tiempo, es probable que se llegue al absurdo que con los 550.000 millones de pesos que cada año el gobierno destina a la UNP para proteger a las víctimas de la violencia, de paso se financie a las mulas del narcotráfico.
