El proyecto de ley que pretende modificar la regulación del sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia, vigente desde 1994, tiene enfrentadas a cuatro empresas extrajeras y a las más de 700 nacionales que operan en el mercado. La razón: dos artículos que en el Senado ya fueron aprobados y que ahora están debatiéndose en la Cámara de Representantes, los cuales textualmente eliminan la inversión de capitales extranjeros en el sector.
En general, todos coinciden en que la actualización de la normatividad es necesaria de cara a los nuevos cambios tecnológicos que ha modificado las formas de vigilar en el mundo. Sin embargo, el escollo salió a relucir ayer en la Comisión Segunda de la Cámara, donde tanto el Gobierno, las empresas privadas extranjeras, las nacionales privadas y los congresistas sentaron su posición frente a lo que puede suceder en ese recinto del Congreso de aquí a junio cuando deberá estar aprobada la ley, sólo faltando ese debate y uno en plenaria de Cámara.
La cuestión con las multinacionales que ya operan en el país es que de aprobarse esa norma, tal como hoy está redactada, las sacaría del mercado una vez se venza la licencia de operación que es por cinco años. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada, G4s Secure Solutions Colombia S. A., Securitas Colombia S. A., y la transportadora de valores Brinks de Colombia S. A., tendrían los días contados de pasar el proyecto en la Cámara baja.
El argumento de los representantes de las empresas extranjeras, que por ahora hablan sin revelar nombres, es que el proyecto 072 atenta gravemente contra la estabilidad jurídica de la inversión extranjera y por eso alistan artillería jurídica para hacer cumplir tratados internacionales que ha firmado el país. Además, aseguran, “estarían en riesgo más de 60.000 empleos que generamos y cerca de US$400 millones de inversión”.
María Camila Agudelo, representante de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), dijo que dicha prohibición “estaría debilitando nuestras relaciones con socios de otros países de la región que sí consagran ese tipo de inversión. Solicitamos que se elimine ese artículo del proyecto de ley”.
Mientras tanto, Evaristo Rafael Rodríguez, uno de los voceros de las empresas nacionales, explicó la la desigualdad del país frente a los tratados de libre comercio en este sector. Según él, Colombia permite que empresas internacionales operen en el territorio, pero que, por ejemplo, la Unión Europea lo restringió desde 2014.
Y justo este punto es el argumento de la bancada del Polo Democrático para mantener el parágrafo que tiene molestas a las empresas internacionales. Uno de los ponentes, el representante Alirio Uribe, así lo hizo saber: “El tema de fondo es el manejo de las armas en el interior de un país. La Corte Constitucional ya dijo que era legítimo limitar la inversión extranjera de seguridad privada y vigilancia. Hemos dicho que los dineros externos, lejos de generar empleos, han desindustrializado el país y no vamos a dejar que cuando este sector lo maneja el 90 % de empresas nacionales, ahora vaya a abrirse un boquete para que lleguen en desbandada las externas”. Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en 2014 la facturación total del sector fue de $7,5 billones, de los cuales, el 7 % correspondió a las cuatro multinacionales.
Pero del lado de empresas colombianas también hay defensores de la inversión exterior. Felipe Molinares, representante de Seguridad de Occidente, manifestó que eso sería cerrarles la puerta a las nacionales que tienen negocios en otros países como la de él y otras cuatro compañías.
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, también hizo una defensa enérgica a los recursos que provienen del extranjero. “Colombia se ha distinguido por cumplir los compromisos internacionales que han pasado por este Congreso. No renovar las licencias a esas empresas va a dejar en el limbo a muchos empleados. Y de otro lado, ¿qué va a pasar con los tratados y la confianza inversionista, que significa no cambiar las reglas de juego? Al prohibir la inversión extranjera quedaríamos como el hazmerreír del comercio mundial”.
En ese mismo tono Guillermo Botero, presidente de Fenalco, volvió a tocar un tema que por estos días se ha puesto de moda entre las empresas mineras extranjeras, a las que les revocarían sus títulos que estén en los páramos, es decir, demandar al Gobierno por no cumplir con los TLC.
“Nosotros no somos partidarios de una inversión extranjera a ultranza. Puede ser gradual durante los años, pero tal como dice el artículo, se excluye a las extranjeras y seguramente va a haber retaliación en el exterior donde Colombia empieza a hacer pinitos para invertir. Además, son normas acordadas en tratados internacionales y ya tenemos varias quejas por incumplimiento. Esta sería una más”, dijo.
En total son 740 empresas registradas ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales se dividen en compañías de servicios de vigilancia, capacitación, cooperativas, blindadoras, empresas asesoras, transportadoras de valores y arrendadoras. Pero sin duda la puja está concentrada entre las que manejan las armas en todo el territorio nacional, y quienes dicen desde el Congreso que eso debe ser de autonomía de colombianos.
Por ahora los defensores de dichos artículos tienen la mirada puesta en las 7.553 armas en manos de las cuatro multinacionales, de las 85.359 que están distribuidas entre todas las empresas que prestan los servicios de seguridad y vigilancia en el país.
Fuente: Elespectador
