LA INSEGURIDAD LE CUESTA A LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA, EN PROMEDIO, 3% DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB), PERO EN ALGUNOS DE AMÉRICA CENTRAL SE DUPLICA LA CIFRA POR LOS COSTOS DEL CRIMEN.
Es un hecho que la falta de seguridad en la región pasa una factura muy alta a sus habitantes y representa un obstáculo significativo para el crecimiento económico. Los gobiernos lo asumen como problema prioritario en su agenda e invierten buena parte de sus recursos en tratar de contrarrestarlo, mientras que las empresas y las personas también se ven obligadas a destinar un porcentaje creciente de sus ingresos a la contratación de sistemas de vigilancia y servicios de seguridad privada, convertida en un importante brazo de apoyo de las fuerzas de órden público.
Además, atraer capital extranjero en un clima de alta delincuencia y violencia resulta cada vez más difícil. Los países del Triángulo Norte son los más afectados. El Salvador, Honduras y Guatemala, tienen los índices de violencia y homicidios más altos de la región y son los que menos atraen a los inversionistas.
Inseguridad, una amenaza para el desarrollo
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la inseguridad afecta la conducta de las personas, al tiempo que limita las decisiones de inversión de las empresas, mina la confianza en las instituciones y distorsiona la asignación de recursos públicos y privados.
“Los negocios se afectan de manera directa por tener que hacer inversiones en rubros
relacionados con la prevención de actos violentos y delitos, como pago de seguros, agentes de seguridad privados y equipamientos especializados de vigilancia (alarmas, videocámaras, vallas electrónicas de ingreso y salida de los negocios, entre otros). También sufren de manera indirecta por las pérdidas que representa el deterioro del clima de inversión, el mayor costo de oportunidad y la caída en la confianza, así como por el deterioro de la productividad y reducción del consumo en general”, destaca Andrés Restrepo, especialista en seguridad ciudadana del BID.
Se estima que los gastos del sector privado en contratación de empresas de vigilancia privadas son, en promedio, el 0,44 del PIB, pero hay países como Guatemala en donde esta cifra puede llegar al 1%, seguido de Costa Rica, con un 0,92%.
El sector industrial guatemalteco, por citar un caso, destina alrededor del 3% de sus ventas al resguardo de sus negocios.
“Desafortunadamente, la seguridad privada es una necesidad y hasta los negocios pequeños se ven obligados a contratar ese servicio. Es un impuesto adicional para las empresas y las personas, si se quiere ver de esa forma”, asegura Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
El estudio del BID también señala que la inseguridad sobre los sectores público y privado y la sociedad en general de Latinoamérica cuesta hasta US$236.000 millones –según la Paridad del Poder Adquisitivo o PPA– o US$165.000 millones –a tasas de cambio de 2014–. Esas cifras equivalen a unos US$300 per cápita y se descomponen de la siguiente manera: 42% corresponde al gasto público –sobre todo en servicios policiales–, 37% a gastos privados y 21% a los costos sociales de la delincuencia, principalmente debido a la victimización.
PÉRDIDA DE INGRESOS POR PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN PORCENTAJE DEL PIB
La mayor parte de las cárceles de América Latina carece de programas para que los reclusos puedan realizar actividades productivas.
Los países donde las pérdidas de ingresos por privación de la libertad son particularmente elevadas y superan al promedio regional (0,19% del PIB) son: El Salvador, Bahamas, Costa Rica y Honduras.
Las primeras estimaciones del costo de la delincuencia en América Latina que alcanza entre el 3% y el 3,55% del PIB y países casi duplican el promedio regional, principalmente en Centroamérica. Y la cifra es conservadora, ya que no incluye otros costos indirectos, como programas de prevención de la violencia, gastos en salud debido a la violencia o el impacto de la delincuencia en los precios de la propiedad, entre otros aspectos. El impacto para los Estados y las empresas es similar. Los primeros incurren en gastos que, en pro- medio, equivalen al 1% – 1,5% del PIB y los de las organizaciones suman entre 0,8% y 1,4% del PIB. Sin embargo, sí existe gran variación entre países. Los costos de victimización, a pesar de ser relativamente pequeños, pueden resultar sustanciales en las naciones más violentas, como Honduras y El Salvador donde las estimaciones se sitúan entre el 2% y 1%, respectivamente.
Los costos de la delincuencia en la región también son más altos que el costo global del terrorismo (menos del 1% del PIB mundial, de acuerdo con el Instituto para la Paz), o el del cambio climático (alrededor del 1% del PIB mundial, según Nordhaus, 2010), e inferiores al estimado del Brexit (1% del PIB británico para 2017, Dhingra et al., 2016).
Además, en términos institucionales, es importante mejorar la capacidad de los gobiernos para trabajar juntamente con el sector privado, la sociedad civil y el mundo académico, en aras de aumentar la producción, el desarrollo y los indicadores oficiales para el seguimiento de los costos y así poder evaluar los beneficios de las intervenciones de prevención y control del delito. Esos esfuerzos ayudan a identificar áreas prioritarias de acción y a promover una mejor asignación de recursos.
Seguridad privada, una necesidad inminente
Según el Observatorio de la Política Internacional, el aumento del presupuesto y de los agentes de seguridad pública no ha sido acompañado por un incremento de la confianza ciudadana en los cuerpos policiales. Más del 50% de la población en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica consideran que la acción policial es poca o nula para evitar la comisión de delitos. Este clima de inseguridad, debilidad de las entidades estatales y falta de confianza ha impulsado el crecimiento acelerado del mercado de la seguridad priva- da como tendencia mundial.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que el sector de seguridad privada civil en el mundo viene creciendo a un ritmo del 7% anual, pasando de tener un valor de US$165.000 millones en 2009 a US$244.000 millones en 2016. Aunque los datos que genera la industria de la seguridad privada escasamente se registran, el estudio de la UNODC calcula que para 2014 en Latinoamérica existían cerca de 1,6 millones de efectivos de seguridad privada que actúan en la legalidad y dos millones de guardias sin licencia.
“Las empresas ilegales nos afectan. ¡Son una competencia desleal! Como no pagan impuestos, lo que ganan va directo a su bolsa y al pago que le dan al guardia, que no precisamente es el salario mínimo. Nosotros cobramos alrededor de US$655 por un servicio mensual, mientras que ellos entre US$457 y US$523. Además, no dan buen servicio porque suelen carecer de controles y hay riesgo porque contratan a cualquier tipo de persona, no la capacitan, ni revisan su historial”, puntualiza Néstor García, directivo de la Gremial de Compañías de Seguridad de Guatemala.
En el caso de América Central, el crecimiento de la seguridad privada ha sido rápido y con ausencia de controles efectivos de los Estados, asegura el Observatorio de Política Internacional en una investigación publicada en 2017.
“A falta de datos confiables durante muchos años, no puede reconstruirse una evolución temporal del fenómeno. Sin embargo, se puede señalar que en poco más de una década se ha producido un aumento significativo de las empresas de seguridad (casos de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Panamá), así como de sus empleados (especialmente sensibles para en
los casos de Costa Rica y Honduras)”, cita. “La seguridad privada doblega a la de Esta- do. Por cuestión de presupuesto, el Gobierno no puede tener presencia en toda la nación, pero nosotros sí tenemos elementos en todos los rincones. Somos coadyuvan- tes a la policía nacional y de las autoridades de Guatemala”, afirma Adolfo Paredes, presidente de la Gremial de Compañías de Seguridad de Guatemala.
Los grandes desafíos
De acuerdo con los expertos, a nivel público los grandes retos que afronta la región se relacionan con mejorar el sistema de justicia, junto con la formalización, tecnificación y profesionalización de los miembros de la policía e investigadores y el fortalecimiento del sistema penitenciario.
En cuanto a la seguridad privada, uno de los mayores desafíos es ir siempre un paso delante de los grupos delincuenciales, para lo cual es indispensable el uso de la tecnología.
“Las estructuras criminales van actualizan- do sus sistemas de cómo delinquir y hacer más efectivos los robos, pero nosotros también estamos innovando sistemas y toman- do otras medidas, apoyados en la tecnología para poder superar los riesgos que se corren a diario”, agrega García.
Fuente Revista Summa
