Los desafíos son importantes y requieren de cambios estructurales en la forma de organización del Estado. Es decir, no se necesitan cambios sectoriales o puntuales sino una verdadera agenda de
transformación de la forma como se hace la política y como se persigue la
criminalidad organizada. La mayoría de las propuestas tienen componentes temporales de corto, mediano y largo plazo; sin embargo, los incluimos en una definición inicial reconociendo que su implementación debe ser gradual. Además, aun cuando no todos los países de América Latina enfrentan el mismo escenario, es posible afirmar que en distintos grados pueden retomar las recomendaciones como parte de su agenda política. Para una mejor definición hemos ordenado las propuestas en torno a cuatro ejes, solo con un fin de presentación, dado que en muchos casos están entretejidas.
1 REFORMA POLÍTICA
La naturaleza de las organizaciones políticas en el mundo entero se está transformando por influencia, entre otros factores, de los cambios en la política, en las comunicaciones y el gran impacto de los avances tecnológicos. Estos cambios no son uniformes ni de igual calado en todos los países, pero visto el fenómeno de manera comparada, es evidente que la idea de partido político que era moneda corriente en el siglo veinte hoy está en crisis. Muchas de las funciones clásicas que cumplían los partidos como, por ejemplo, ser espacios para la información y discusión de asuntos políticos, hoy son cumplidas por otros canales. Sin embargo, hay funciones básicas y de evidente importancia para un sistema democrático que solo pueden ser llevadas a cabo efectivamente por organizaciones políticas, llámense partidos o no. Entre ellas hay dos que interesa subrayar para efectos de frenar la influencia de las redes criminales en la política: la función de agregar intereses diversos en sociedades cada vez más heterogéneas, así como darles una representación política a esos intereses; y proveer cuadros políticos para la gestión pública.
En la práctica, en numerosos países los partidos no cumplen estas funciones o lo hacen de manera muy limitada. Y por ello se crea un vacío que debe ser llenado por actores no institucionalizados, como los llamados forasteros.
En espacios en los que la organización política es débil o inexistente es mucho más fácil la penetración de intereses privados corruptos o directamente criminales. De ahí que una de las respuestas a los riesgos que para la democracia entraña la penetración criminal sea el fortalecimiento de los partidos políticos. Donde hay organización política sana, con actores comprometidos con un rol público honesto, con pluralismo competitivo, es mucho más difícil la captura de la agenda por parte de intereses privados o la penetración de intereses mafiosos.
Sin embargo, para tener una organización política sana no bastará con la buena voluntad de las personas: será necesario un entorno propicio e incentivos para atraer a la mejor gente a la actividad político-partidaria. Hoy, los partidos tienden a repeler a quienes de buena voluntad desean participar en política. Aunque resulta injusto generalizar, muchos son espacios poco democráticos, poco inclusivos, machistas, con alta centralización y prácticas cupulares. En muchos casos incluso, más que asociaciones de ciudadanos iguales en deberes y derechos, se trata de organizaciones con un dueño que decide todos los asuntos relevantes de la vida partidaria. No es extraño entonces que un panorama así no convoque a jóvenes, mujeres ni minorías.
Resulta entonces de particular importancia atender esta crisis con objetivos ambiciosos. Se trata de crear las condiciones para que los partidos sean expresión de institucionalidad, democracia interna, rendición de cuentas, transparencia sobre sus decisiones y el dinero que administran, etcétera.
2 FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA
Hacer política moderna y participar de campañas electorales sin recursos económicos es imposible. El dinero es una herramienta indispensable para la política democrática y no es realista pensar que puede reemplazarse con el trabajo de voluntarios, aunque sumen millares. Los políticos necesitan acceder a recursos para comunicarse con la ciudadanía, para tener información sobre el electorado y ser competitivos en lides electorales. Esta necesidad, por otro lado, lejos de mitigarse ha crecido por la profesionalización de la política. Actualmente, las campañas requieren encuestas, grupos focales y asesores internacionales, para no mencionar los altos costos en publicidad en medios tradicionales y recientemente en medios sociales. Por tanto, el dinero en la política es un asunto de preocupación, aun cuando al no haber muchas alternativas no tiene sentido satanizar el acceso a recursos económicos.
Uno de los caminos por los que han optado muchos países es el incremento del financiamiento público como una forma de restar importancia al financiamiento privado. Cerca de dos tercios de los países del mundo entregan financiamiento público directo ya sea a las campañas, al funcionamiento ordinario de los partidos o a ambos. No obstante, salvo limitadas excepciones, el financiamiento privado es el predominante y el financiamiento público solo equilibra parcialmente, cuando no es apenas un agregado al financiamiento privado.
Entonces, debido al peso decisivo de los fondos privados, la relación entre dinero y política puede volverse tóxica si no se da con los debidos cuidados. Las campañas son siempre una oportunidad para el acercamiento entre políticos necesitados de recursos y actores privados legales con interés en comprar acceso al poder. La situación puede complejizarse si los donantes no son empresarios legales sino representantes de las muy lucrativas economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, etcétera. Esta compleja situación obliga a una mejor coordinación entre las entidades estatales que supervisan el financiamiento político (por lo general los organismos electorales) y las entidades a cargo del combate a las redes ilícitas.
Un elemento fundamental a considerar entre las recomendaciones sobre políticas en esta materia es prestar atención a los incentivos y sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de las reglas sobre el financiamiento político. En los países donde hay escasos incentivos al cumplimiento, escasa aplicación de la ley y sanciones benignas o inaplicables, la regulación termina siendo completamente ineficaz. Por el contrario, con incentivos efectivos, haciendo cumplir la ley y con sanciones no solo económicas, sino políticas y penales, aumentan el cumplimiento, la transparencia sobre el origen de los recursos y la rendición de cuentas.
3 DESCENTRALIZACIÓN
Se recomienda crear un mecanismo de auditoría al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral, auditoría que debe estar enfocada al patrimonio privado de quienes deciden presentarse a un cargo de elección popular, así como a los miembros de su familia. Este mecanismo puede denominarse pasaporte político, y se asemeja al pasaporte biológico utilizado en el ciclismo para evitar el dopaje. Básicamente, es un instrumento para hacer seguimiento al patrimonio económico del político y de su familia cercana, que puede abarcar décadas. Es decir, debe hacerse desde el comienzo de la vida política hasta cuando su participación en política termine.
En cuanto a reducir el monopolio de las élites sobre la extracción de rentas municipales y departamentales, es una estrategia que requiere de una serie de reformas y actividades.
Otra propuesta es el incremento del capital humano y las capacidades de investigación y seguimiento del organismo electoral, lo cual permitirá una mayor fiscalización sobre los gastos de campaña y el total de recursos invertidos en la misma. Sobre el terreno esto permitiría un mayor seguimiento a los topes de gastos establecidos por la ley. Finalmente, es necesario exigir la bancarización de las diferentes campañas políticas y de los candidatos.
4 REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL
A pesar de las múltiples iniciativas de reforma de la justicia en América Latina los resultados son limitados. Si bien los desafíos vinculados con crecientes niveles de presencia de criminalidad organizada en prácticamente todos los países de la región son múltiples, no es posible dejar de lado el impacto del delito común sobre los ciudadanos. Los bajos niveles de aprobación de la democracia confirmados por todas las encuestas regionales tienen vínculos claros con altos niveles de inseguridad y de percepción de impunidad transversal de la ciudadanía.
Especialmente relacionados con los problemas de corrupción política vinculada con la criminalidad organizada, se requiere que la política criminal le dé prioridad a la lucha contra el crimen organizado. Parece un hecho ya establecido, pero en realidad más allá de la preocupación por las drogas, los mercados ilegales crecen y se desarrollan con una aparente invisibilidad. En consecuencia, se requiere de una verdadera priorización desde el trabajo policial e investigativo.
El trabajo colaborativo entre fiscales y policías es eje medular de las iniciativas de respuesta frente al crimen organizado. Esta situación necesita entonces de cambios sustantivos en ambas instituciones, para potenciar la efectividad de las medidas que se están tomando y generar nuevos ejes de trabajo con mayores niveles de transparencia.
La corrupción es un problema estructural en América Latina y una de las principales preocupaciones en la región. Además de afectar la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad.
Comprenderla requiere de un análisis multidisciplinario de los vínculos entre política y crimen organizado, que tenga en cuenta factores institucionales, socioeconómicos y culturales.
Para combatirla es necesaria una agenda de transformación del ejercicio y la financiación de la política y de la forma en que se persigue al crimen organizado, con frecuencia asociado a ella.
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CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN
