A multados por riñas no se les daría permiso para portar armas
Directiva de Mindefensa pone mayores controles a permisos especiales. Se crean comités evaluadores.
A los colombianos que hayan participado en riñas o que estén vinculados a comportamientos violentos como amenazas, lanzar objetos que puedan causar daño a terceros, porte de elementos cortopunzantes en sitios públicos, o incluso quienes sean sorprendidos llevando armas neumáticas, de fogueo o gas pimienta, se les negaría el permiso especial para el porte de armas de fuego.
Así lo establece la nueva directiva expedida ayer por el Ministerio de Defensa, que busca ponerle mayor control a la expedición de los permisos especiales para que los ciudadanos puedan portar armas de fuego, a pesar de la prohibición al porte que está vigente en el país desde hace tres años.
Para expedir esos permisos especiales, ahora no solo se revisarán los antecedentes penales en la Policía y la Fiscalía, sino que se verificará si al solicitante se le han impuesto comparendos por comportamientos que “pongan en riesgo la vida e integridad” de los demás.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, sostuvo que de entrada en las bases de datos ya hay 289.262 colombianos que aparecen con comparendos por violaciones al artículo 27 del Código de Policía y que ellos, por su mal comportamiento, “verán restringida la posibilidad de tener un permiso especial de porte de armas”.
De este grupo, 83.080 fueron sancionados por riñas; 17.165, por agresiones físicas; 5.961, por amenazas y 4.237, por portar armas neumáticas, de fogueo o gas pimienta.
Hoy en Colombia hay 339.160 personas naturales que tienen permiso para porte de armas, de las cuales solo 6.827 cuentan con permiso especial de porte en todo el país, vigente por un año tras su expedición. Estos últimos podrán portar su arma hasta que termine su vigencia y tendrán que hacer el trámite de renovación con la nueva normatividad.En cuanto a costos, el permiso para porte tiene un valor de $332.567, a lo que habría que sumarle el permiso especial, por el que hay que pagar $ 207.029, para un total de $ 539.596.
Tal como lo publicó EL TIEMPO el martes, la directiva del Gobierno apunta a mayores controles para esos de permisos especiales. Ahora, por ejemplo, se crearon comités regionales y nacionales que se reunirán semanalmente para examinar las solicitudes de los colombianos.
Cada comité estará conformado por cinco personas, entre ellas, uniformados, expertos en inteligencia y asesores jurídicos, que tendrán que decidir conjuntamente si se concede el permiso o si se niega.
En caso de que la decisión sea negar el permiso, se notificará a los demás comités regionales y al nacional para que esa petición no se pueda volver a presentar en otro lugar.
A la inspección general de las Fuerzas Militares tendrá que llegar mensualmente el resumen de los permisos especiales aprobados y negados en los ámbitos nacional y regional para llevar un control de esas decisiones. Y cada tres meses se reunirá un comité de alto nivel para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas en la reglamentación y evaluar su efectividad.
Para tramitar el permiso especial se tendrán que justificar “las razones de urgencia o seguridad” para portar un arma y la certificación de su lugar de residencia. Cuando se trate de permisos especiales de carácter nacional, se deben adjuntar ademas los documentos que demuestren la actividad comercial, laboral o profesional y la fotocopia de la cédula y del permiso para porte vigente.
En la lista de ciudadanos que podrían portar su arma sin el permiso especial están los uniformados activos de la Fuerza Pública que sean titulares de permisos para porte, los de la Reserva Activa, congresistas y secretarios generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, magistrados de las altas cortes, de los tribunales y jueces, el Fiscal, el Procurador y el Contralor General, los gobernadores y alcaldes y personal de las comisiones de países extranjeros acreditados en el país que tengan permisos de importación.
Los concejales y ministros, que se encontraban en ese grupo, ahora tendrán que tramitar el permiso especial.
Según datos del Mindefensa, en la actualidad hay 339.160 personas con permisos especiales para porte de armas, todos esos permisos están suspendidos. De esos, el año pasado se concedieron 6.827 permisos especiales, de los cuales 5.630 son regionales y 1.197 nacionales.
Los 6.827 permisos que hay en la actualidad serán revisados y se verificará que los portadores de estas armas no tengan comparendos y que se hayan comportado de acuerdo a las normas.
Fuente: El Tiempo