“Las Farc lo que están haciendo es comprando empresas de vigilancia. Incluso ya se sabe de algunas negociaciones”, dijo el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, Acore, general Jaime Ruiz, quien manifestó que esperan que en la ley estatutaria de la JEP que se radicará el 20 de julio se pueda mejorar lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma. Expresó el oficial que le preocupa lo que tiene que ver con la entrega de armas, porque no ve que estén entregando la totalidad.”
JAIME RUIZ: Esto es importante que se conozca en este torrencial de decretos que se dio hace poco con carácter de ley por parte del Ejecutivo. Hay un elemento que tiene que ver con las empresas de vigilancia, a ellos se les permitió en el pacto acordado en La Habana, que podían crear sus propias empresas de vigilancia, después se echó para atrás por parte de la Corte Constitucional, pero ahora lo que están haciendo es comprando empresas de esa actividad, y ya se sabe de algunas negociaciones. Por otra parte hay también la intención de que obligatoriamente las empresas de vigilancia deben recibir desmovilizados de las Farc. Tienen 1.200 a efectos de seguridad como escoltas, son 1.200 hombres en armas, el Eln tiene tres mil, es decir que tendremos medio Eln activo y legalizado. Eso es supremamente grave y un gran riesgo, y fuera de eso más los que pueden introducir en las empresas de vigilancia, y las que puedan adquirir, tendremos un potencial bastante grande.
Desmovilización
ENS: ¿Y todos se están desmovilizando?
JR: No todas las Farc se están desmovilizando. Hay evidencia, denuncias claras y precisas de que en Venezuela hay uno o dos frentes que están allí establecidos manejando el negocio del narcotráfico con el régimen venezolano. Allá están con sus armas y con sus campamentos, esa gente ni se desmoviliza, ni entrega las armas. ¿Qué tan cierto es esto de los grupos disidentes?, o es una estrategia de los que se han desmovilizado, de que esa es la reserva que tienen para actuar en caso de que necesiten hacerlo.
ENS: ¿Cómo le terminó yendo a la Fuerza Pública en el Congreso, luego del fast track?
JR: Insistimos a través de las diferentes bancadas, encontramos una buena receptibilidad, planteamos con urgencia la necesidad de corregir algunos apartes en los textos que tienen que ver con la aplicación de la Justicia transicional a militares y policías, porque inexplicablemente nos dejaron una puerta abierta para introducir lo que es la justicia penal internacional. Eso quiere en otros términos el Estatuto de Roma, sobre eso hubo una jugada por parte del Presidente, del equipo negociador, el doctor De la Calle, los asesores, o comisionados como Sergio Jaramillo, el asesor presidencial Yesid Reyes, y el abogado español Enrique Santiago y José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, para introducir a toda costa lo que era el artículo 28 del Estatuto de Roma, articulo que no ha sido aceptado por muchas de las legislaciones en el mundo, y particularmente en el caso colombiano porque va en contra de la Carta Política.
ENS: ¿Qué interés hay?
JR: El interés de la extrema izquierda radical internacional, junto con sectores nacionales, es aplicar el mayor rigor de carácter penal contra los máximos responsables de las fuerzas militares. En eso no logramos nada, una muy buena intención por parte de los congresistas, pero ahora las cosas cambian, si se logra sostener esta modificación al fast track en que los legisladores pueden intervenir y modificar los textos, esperamos que esto se arregle en la próxima legislatura, eso es lo más urgente que necesitamos y que hemos planteado.
La JEP
ENS: ¿Esa corrección que usted plantea se debe hacer al acto legislativo de la Justicia Especial de Paz o en el proyecto de ley reglamentario?
JR: En la ley estatutaria, está pendiente, está en proceso y ojalá que esta pretensión del Gobierno de dejar sin piso la decisión de la Corte Constitucional, de que el fast track no va a permitir actuar al Congreso de la República como legisladores, ojalá que no se dé, porque el daño que le causa a la Fuerza Pública es grande.
ENS: ¿En el articulado retirado ya está corregido el peligro de la CPI o no?
JR: No, es que habilidosamente, sin mencionar el artículo 28, lo fueron introduciendo en algunos párrafos. Todos sabemos que ese enredo de lo que es la parte escrita del punto de vista gramatical para interpretar, fue una cosa que se hizo para confundir. Entonces puede que en algunos apartes no lo digan, por esto en lo que se refiere a la responsabilidad del mando no se menciona el Estatuto de Roma, pero hay otros apartes. El mismo documento que tiene la validez jurídica donde abren las puertas a la Justicia penal internacional y tiene que ver con todas estas cosas y a nivel mundial están condicionadas desde el punto de vista de responsabilidades, especialmente lo que tiene que ver para mandos militares.
Sometimiento
ENS: ¿Qué porcentaje de los policías y militares hoy presos y condenados podrían acogerse a esta justicia transicional?
JR: Eso es decisión voluntaria, no es impositivo, no es obligante, entonces el que se quiera someter a la justicia transicional lo manifiesta ante una sala especial que tiene este tribunal y la sala lo admite en petición y fija los requisitos. Hay mucho cuestionamiento, todos entendemos que un acuerdo de este tipo no es de la plena satisfacción, muchas de las observaciones que nosotros planteamos no fueron tenidas en cuenta, otras sí.
ENS: Mucho se ha hablado de responsables de crímenes por parte de las Farc que estaban encarcelados y han quedado libres con libertad condicional a raíz de que se someten a la JEP, ¿pero qué pasa con los militares y policías que estaban procesados por falsos positivos?
JR: Ese proceso está un poco represado porque el trámite debe ser por conducto del Ministerio de Defensa que son quienes elaboran las listas, presentarlas formalmente ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción para la Paz y de allí lo remiten a un juez de penas. El juez de penas tiene la facultad y un plazo de diez días para resolver si es o no aplicable lo que tiene que ver con la jurisdicción para la paz para esas personas. La verdad es que ha sido mucho más ágil para los miembros de las Farc, que para los miembros de la Fuerza Pública y hay muchas quejas por parte de quienes hoy están recluidos en los distintos centros militares que han tramitado dos o tres meses y no los han atendido. En eso estamos y por ahora hemos tenido una aceptación, por fortuna ojalá se mantenga, muy favorable por parte del secretario ejecutivo, el magistrado Correa, él tiene un equipo y dice que es falta de personal para agilizar esos temas y también ejercer presión sobre el mismo Ministerio de Defensa para que se agilicen las listas, es parte del protocolo del proceso.
ENS: ¿Pero se está cumpliendo?
JR: Por ahora se está cumpliendo, pero lentamente para los miembros de la Fuerza Pública.
El desarme
ENS: ¿Qué pasa con el proceso de desarme de las Farc?
JR: El asunto es grave y preocupante por muchas razones. La primera, lo que se pactó en razón con el procedimiento de dejación de armas, no de entrega, bajo la supervisión exclusiva de las Naciones Unidas, no nos dan plenas garantías. ¿Por qué desconfiamos de las Naciones Unidas?, porque ha sido muy evidente su sesgo en favor de esta organización terrorista, comenzó con el tema de las víctimas, aquí hubo un delegado, un chileno designado por las Naciones Unidas, su nombre Fabricio Osmin, sus posiciones fueron muy radicales en favor de las Farc en ese tema del manejo de víctimas.
ENS: ¿Y ahora?
JR: Y ahora cuando designa las Naciones Unidas de común acuerdo con el Gobierno, Farc y Naciones Unidas, dice el Celac, esa organización que creó Hugo Chávez, junto con Fidel Castro, y estos países que son los países del Caribe, afines al castro-chavismo, son los que envían sus observadores, donde hay militares y hay civiles, y luego las posiciones sesgadas de tipo político e ideológico. ¿Entonces es claro el mecanismo de verificación existente ahora?, no es claro, los únicos que pueden dar fe de que entran las armas son las Naciones Unidas, pero además hay una fotografía, hay 26 sitios donde hay contenedores, ¿dónde están las armas, qué tipo de armas? Lo que pasó hace algunos días fue un show mediático, eso no representa, ni justifica, ni es garantía. Eso nos tiene muy preocupados.
ENS: ¿Por qué están preocupados?
JR: Porque no sabemos qué es lo que van a entregar, no sabemos el tema de las caletas, no sabemos si las coordenadas ya han sido formalmente entregadas para que sean recuperadas o sacadas. No sabemos si están las armas de apoyo, no sabemos todo ese armamento que adquirieron en el mercado negro libre internacional. Son armas de última generación, hay unos lanzamisiles de corto alcance tierra-aire para derribar aviones, tienen también lanza-cohetes, y tienen morteros, ¿eso en donde está, no se ven?, ellos tuvieron 26 mil hombres en armas en las décadas del último siglo, cerca de los 90, y están hablando de 7 mil armas, ese armamento está encaletado.
Los magistrados
ENS: ¿En la ley estatutaria de la JEP ya les dan confianza frente al mecanismo de elección de los magistrados?
JR: Ninguna, porque allí hay tres extranjeros, un peruano, un argentino y un español, con vínculos con las organizaciones terroristas en sus respectivos países. Yo me reuní con esos tres extranjeros, allá fui y se los dije, se conoce esto de su perfil, eso no es ninguna garantía. La respuesta es que ellos tienen un compromiso de actuar de manera centrada y que en sus actuaciones se verá su neutralidad. No creemos que sea así, ellos van a nombrar los jueces y magistrados que nos van a juzgar.
ENS: Se está hablando en el Congreso de que habrá cupos para las Farc, que habrá cupos para las víctimas, ¿por qué las fuerzas militares no pidieron también como pieza clave del conflicto?
JR: Esas circunscripciones especiales, esas 16 que por ahora se trancaron, porque deben ir para la próxima legislación y hay resistencia por parte de los partidos políticos. Eso es grave, porque las Farc escogieron sitios estratégicos porque como han sido zonas de influencia sean ellas las que nombren a los representantes, son curules fijas. Eso no hay duda de ninguna especie, más las 10 que tienen son 26, y eso tiene un peso legislativo grande, más lo que ellos puedan obtener con intimidación y dinero, y como tienen mucho, vamos a tener sorpresas desagradables. Nosotros en alguna ocasión hemos hecho algunos intentos, uno es que se les permita el voto y no ha sido posible.
Fuente: elnuevosiglo.com.co
