Police Officer Using Walkie-Talkie --- Image by © Simon Jarratt/Corbis
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se opuso el jueves al proyecto de ley de seguridad privada, por considerar que discrimina la inversión extranjera.
La titular de esa cartera, María Claudia Lacouture, dijo que algunas de las disposiciones previstas en ese proyecto de ley son altamente inconvenientes para la apertura y preservación de las reglas de juego respecto de la inversión extranjera en el país y que viola derechos adquiridos de empresas que hoy concurren al mercado colombiano.
Una de esas disposiciones está relacionada con el artículo 4, donde se insiste en cerrarle las puertas a la inversión de capitales extranjeros para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad humana, así como de capacitación y entrenamiento, lo que, según la Ministra, no se justifica en estos momentos de plena globalización de la economía.
Lacouture, así mismo, llamó la atención respecto del contenido del parágrafo del artículo 11 del Proyecto de Ley, según el cual, una vez se venzan las licencias o autorizaciones a empresas con inversión extranjera que vienen operando en el país y prestando servicios de vigilancia y seguridad humana y capacitación y entrenamiento, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada no podría renovar las licencias.
“Por ende, en ese mercado quedarían excluidas, incluso, las empresas con capitales extranjeros que actualmente operan en Colombia, lo que constituye una violación de sus derechos como inversionistas”, señaló la Ministra.
Lacouture criticó lo dispuesto en el artículo 85 de ese proyecto y dijo que pretende limitarle funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio como autoridad única de protección de la libre competencia económica.
Y agregó que “según las denuncias públicas del Superintendente Pablo Felipe Robledo, incluso, podrían poner en alto riesgo las actuales investigaciones administrativas y penales que hoy se adelantan en la Superintendencia y en la Fiscalía General de la Nación en lo que el país conoce como el “presunto cartel de la seguridad privada en licitaciones públicas”.
Fuente: Eltiempo
