Seguridad Privada

Polémico Código de Policía

El Código de Policía que fue radicado por el Gobierno en el Congreso empezó trámite ayer y busca contrarrestar hechos que van desde maltrato y acoso a las mujeres en el transporte público, ataques premeditados con ácido, venta de sustancias psicoactivas en centros educativos, publicaciones de imágenes privadas en las redes sociales, hasta los continuos robos de celulares con complicidad de vendedores de estos equipos en el mercado negro. Pero, pese a la necesidad de plantear normas claras para asuntos de convivencia y delitos que aquejan a los ciudadanos, en su articulado hay medidas que parecen excesivas.

Por ejemplo, hay un tema que siempre ha generado polémica en el país y tiene que ver con la posibilidad de que la Policía pueda entrar a una vivienda sin previa autorización judicial. Este fue uno de los motivos de crítica del estatuto antiterrorista del expresidente Álvaro Uribe de 2003, que se hundió en la Corte Constitucional, pero ahora esta iniciativa permite los registros policiales no autorizados.

Así lo plantea el artículo 207, que señala: “el personal uniformado de la Policía podrá ingresar a un inmueble sin que medie orden escrita, para garantizar la convivencia y la protección de los derechos fundamentales de moradores y terceros, cuando fuere de imperiosa necesidad, por el tiempo estrictamente necesario”. También podrán decomisar equipos de sonido o elementos que consideren que perturban la tranquilidad. Aunque la propuesta plantea los escenarios específicos en los cuales se puede hacer el ingreso, este es un tema que levanta ampolla.

Sucede de igual forma con el artículo 199, que da vía libre para la detención preventiva “cuando una persona deambule en estado de indefensión o grave estado de alteración de conciencia por aspectos de orden mental, bajo los efectos del consumo de bebidas alcohólicas o sustancias sicoactivas”. La pregunta es: ¿bajo qué parámetros la policía tomará la decisión de privar de la libertad a los ciudadanos?

Por encima de lo que plantea la Corte Constitucional, el proyecto plantea que es prohibido “portar sustancias psicoactivas en el espacio público, sin prejuicio de las regulaciones especiales sobre dosis personal” y hasta las protestas espontáneas, como las que se realizan por el mal servicio de Transmilenio, son sancionadas. Como estos, son varios los ejemplos de situaciones en las que puede resultar excesiva la propuesta de Gobierno.

No obstante, el Código de Policía es necesario y hay comportamientos que parecen simple cultura ciudadana que debieron ser reglamentados. En eventos públicos se exige el respeto de las sillas para las cuales están asignadas las boletas, así mismo, sanciona la reventa de boletas.

En lo referente a la seguridad ciudadana, el Código de Policía se ocupa de uno de los temas que más dolores de cabeza generan tanto a ciudadanos como a autoridades: el hurto y venta ilegal de celulares. El artículo 123 reglamenta todo lo referente a este tema y deja claro que es prohibido comerciar con equipos hurtados, regrabados o alterar la configuración de estos teléfonos para ponerlos en funcionamiento aun cuando su origen es ilícito.

Otro punto de gran preocupación para las autoridades es la minería ilegal, negocio que se ha convertido en fuente de financiación de grupos ilegales y que genera un complejo impacto ambiental. Esta práctica queda prohibida, será sancionada y los equipos con los que se realice, como tractores, serán destruidos por la Policía.

La norma también protege a los sectores habitualmente maltratados, como las minorías LGBTI, en el artículo 69 se prohiben los ataques de todo tipo contra esta población. Lo mismo hace con los trabajadoras sexuales, a quienes se exige tratar “dignamente, evitar su discriminación o rechazo y la violación de sus derechos a la libre movilización y al desarrollo de la personalidad”, así como se obliga a los lugares dedicados a este negocio a brindar las condiciones adecuadas de salubridad.

El artículo 154 condena el maltrato animal y prohíbe las peleas de perros, la tortura, la recarga de trabajo de vehículos de tracción animal, la caza y el envenenamiento, entre otros actos. También impone reglas para la tenencia de perros de razas consideradas peligrosas y como norma de cultura ciudadana exige algo tan básico como recoger los excrementos.

El necesario tramite del Código de Policía seguramente tendrá críticas por medidas que pueden resultar excesivas. No obstante, también contempla principios básicos de comportamiento que han resultado imposibles de implementar por la vía de la educación y ahora deben ser castigados por la norma con sanciones que van desde multas, trabajo social, hasta detención, por los malos comportamientos.

Fuente: El Espectador.