Según Herman Gómez, director general de Praci – la entidad que agrupa a empresas productoras de cine legal-, se han invertido cerca de US$6 millones que incluyen la creación de la plataforma virtual, la búsqueda de personal experto en seguridad cibernética y la construcción de un edificio que tendrá un diseño similar al de la Fiscalía General de la Nación.
“Desde hace algún tiempo venimos trabajando en la estructuración de un edificio similar al de la Fiscalía que va a construirse en un año o año y medio para que desde allí se vigile no sólo el tema de la piratería, sino también otro tipo de delitos”, aseguró Gómez.
Este edificio contará con medidas especiales de seguridad y un manejo experto de plataformas cibernéticas que albergará a cerca de 900 funcionarios.
Aunque aún están en mesas de trabajo y de discusión para definir esta construcción, han iniciado planes pilotos para que la Policía Nacional tenga conocimiento de los delitos cibernéticos que se comenten en todo el país.
“Actualmente existe una plataforma de la Policía Nacional que se llama ‘delitos cibernéticos’ desde la que las autoridades ya empiezan a tener conocimiento de esas nuevas modalidades delictivas”, subrayó Gómez.
Según narró Gómez, las Gobernaciones y Alcaldías poseen estudios que revelan que gran parte de las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado terminan en estos negocios delictivos de trabajo informal como la piratería, en donde cerca del 10% de sus ganancias afectan los derechos de autor y el 90% está dirigido a otros sectores comerciales.
El mercado de la piratería deja pérdidas calculadas en millones de dólares anuales al país en temas fiscales y a los empresarios legales, por un estudio privado del sector editorial, deja, según José Miguel Herrera, Gerente del convenio antipiratería para Colombia en una alianza privada y pública que adelantan las entidades que han sido víctimas de este crimen.
“El asunto de la piratería es todo un proceso de producción de una mafia”, aseguró Herrera. La cadena de producción finaliza con lo más evidente para los ciudadanos que son las personas que distribuyen y comercializan en las calles; detrás de ellos hay un “empresario” pirata que se dedica a producir como mayorista subiendo a la red o quemando películas, música, entre otros. Este empresario maneja un número de personas encargadas de distribuir a otras ciudades y desde allí a diferentes comerciantes.
“Es económico para el mayorista que empieza a distribuirlo hasta llegar al vendedor informal. Este resulta ser el desempleado quien es la cara de toda una organización delincuencial. En el país hemos podido demostrar que detrás de eso hay bandas organizadas que no sólo financian sus negocios sino también el terrorismo o lavan dineros de actividades ilícitas”, explicó Herrera.
Para estos dos directivos consultados, la piratería tiene un fuerte componente educativo de respeto por la propiedad intelectual. Creer que la piratería es la solución a los altos precios de las películas o de la música “no es un pretexto porque hay muchas formas de acceder a estos de forma legal por módicas sumas de dinero”, dijo Herrera.
Para desmotivar esta práctica, Praci adelanta foros académicos con universidades públicas y privadas y con las entidades de control en los que exponen argumentos para perseguir este delito y adquirir material probatorio en el tema.
Fuente: Dinero.
“Desde que la piratería sea un negocio rentable nunca va a desaparecer”, puntualizó Herrera.
