Micos, Acusaciones y Diferentes Posiciones sobre el Proyecto de Ley de Seguridad Privada

La Seguridad Privada ha estado de moda estos últimos días, dado el Proyecto de Ley de Vigilancia y Seguridad Privada que se encuentra en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes bajo el número 195-16, luego de haber pasado el exámen del Senado, donde figura con el número 072-14.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y Comercio, advirtió que las compañías de seguridad investigadas por presunta cartelización de precios en Colombia, sabotean las investigaciones en su contra, mediante el mencionado proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República, señala que “Existen artículos como el 85, en el que se dice que está prohibido que una misma persona pueda presentarse con distintas ofertas a una licitación. Pero el mico, es que solo entrará en vigencia cuando se apruebe la ley. Esto tumbaría las investigaciones por el cartel de seguridad privada”, según denuncia en entrevista al diario El Espectador.

Así mismo explica la aparente existencia de un “cartel” y señaló que “lo que encontramos es que habría un grupo de empresas aparentemente violando la libre competencia en 252 procesos, ante 149 entidades del Estado en los años 2010, 2011 y 2012. En este caso pudimos establecer que existían ocho compañías al parecer controladas por el señor Jorge Arturo Moreno Ojeda”.

Éste último Señor, quien es de los principales contratistas del sector de seguridad y a quién el Superintendente Robledo, viene investigando la posible “cartelización” para ganar licitaciones, rompió su silencio a través de un comunicado de prensa donde argumenta que “no es, no ha sido, ni pretende ser el mal denominado “rey”, “zar”, “jefe” de la seguridad privada y la vigilancia en Colombia, ni ningún otro adjetivo despectivo, utilizado por algunos portales de Internet…”. Así mismo argumenta que “desde enero de 2015 ha soportado señalamientos de toda índole con el propósito de que los cuestionamientos que existan, se debatan ante un juez natural, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia..”.

Por su lado, el gremio Andevip, representado por el señor Osvaldo Parada, manifestó ante la doble W, el pasado miércoles, la molestia contra el superintendente, al estigmatizar la existencia de un presunto cartel en el sector de seguridad privada, pues argumenta que no se puede hablar de cartelización, dado que son solo 8 empresas frente a mas de 900 empresas de vigilancia a nivel país, no se explica el por qué se habla de un mico cuando es un proyecto con el que se viene luchando por mas de 6 años, argumenta que hay varias inconformidades como son las medidas de intervención que quiere la superintencia de vigilancia, tampoco la proporcionalidad hombre arma, el tema de porte por facultades discrecionales, entre otras cosas, pero también se está poniendo freno a la mal llamada inversión extranjera, de algunas empresas que ingresaron de manera ilegal al país, y con la satanización que le hace el Superintendente de Industria y Comercio al proyecto de ley para hundirlo, para que esas multinacionales puedan seguir trabajando en el país de forma ilegal, en perjuicio de los 900 empresarios nacionales legalmente constituidos, que sí han respetado la ley.

Por otro lado, el Superintendente Robledo, argumenta que el proyecto también pretende limitar las funciones a la Superintendencia de Industria y Comercio como única autoridad que protege la libre competencia. Robledo cuestiona otro punto, y es el relacionado con la inversión extranjera para el campo de la seguridad privada, se refiere al artículo 11, donde se establece que aquellas compañías extranjeras que se les venza su licencia de funcionamiento no podrán renovarla.

Con respecto a este último punto, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture insistió en que algunas de las disposiciones previstas en el Proyecto de Ley que pretende regular el Sector de Vigilancia y Seguridad Privada en Colombia, contiene disposiciones altamente inconvenientes para la apertura y preservación de las reglas de juego respecto de la inversión extranjera del país y viola derechos adquiridos de algunas empresas que actualmente concurren al mercado colombiano, en estos momentos de plena globalización de nuestra economía; se refirió a la alta inconveniencia de lo dispuesto en el artículo 4 del Proyecto de Ley que insiste en cerrarle las puertas a la inversión de capitales extranjeros para la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada, así como de capacitación y entrenamiento.

Se estima que las empresas de seguridad y vigilancia en Colombia generan aproximadamente 256.000 puertos de trabajo y mueve $7,5 billones de pesos al año, lo que equivale cerca a un punto del PIB nacional.

Cabe anotar que, como se ve claramente en lo expuesto, cada personaje tiene su punto de vista, muy respetable a nuestra forma de ver; pero queremos dejar de manifiesto que ASOSEC, si bien es una empresa del Gremio, se mantiene neutral en cuanto a estas intervenciones, a la espera que se desarrollen los acontecimientos en beneficio del gremio de la seguridad privada y en especial de nuestros agremiados en la Costa Caribe, brindándoles nuestro apoyo en un 100%.

Fuentes: Portafolio, El Espectador, El Tiempo, El Colombiano, W Radio