Medida de la Agencia Colombia Compra Eficiente concentraría contratos para servicios de seguridad
Unos 240.000 guardas de seguridad que trabajan en forma directa en 776 empresas que prestan este servicio en el país se declararon acorralados por la medida de la Agencia Colombia Compra Eficiente, de establecer la figura de Acuerdos Marco de Precios, tras los cuales se imponen pliegos de condiciones para contratar. Esto, según el gremio de empresas de seguridad, dejaría por fuera al 80 por ciento de compañías, con el consiguiente riesgo de reducción en el empleo.
Juan Luis Gutiérrez, explicó que “los Acuerdos Marco de Precios que se pretenden establecer a las empresas de seguridad no aplican a esta actividad, pues no se puede abordar este tema de la misma manera en que se adquieren productos de papelería (ya son objeto de acuerdos).
Los pliegos de estos acuerdos marco exigen condiciones que tienen descontento al gremio de la seguridad. Capacidad jurídica, experiencia, capacidad financiera y organizacional son algunas de las exigencias que, al decir de Gutiérrez, resultan excluyentes.
“Los pliegos fueron presentados tan solo un día antes de citarse a la audiencia pública para asignación de riesgos y llevan claramente al favorecimiento de pocos, la desaparición de pequeñas y medianas empresas y el desempleo para muchos guardas”.
Por un tiempo largo
Argumentan que el contrato se hará por tres años, en los cuales los que queden por fuera estarán al margen del negocio, por lo que una de sus sugerencias es que, al menos, el tiempo del contrato se reduzca a un año.
La contraparte
Para la directora de Colombia Compra Eficiente, María Margarita Zuleta, estos acuerdos de precio son los que le han permitido al Estado comprar bienes y servicios a un menor costo.
Explicó que este proceso se hace de la mano de la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad que tiene estandarizados los permisos y demás requisitos que deben cumplir los oferentes. Además, se ha convocado la participación del sector a través de audiencias para elaborar los pliegos.
En tal sentido, desvirtuó la queja del gremio, que inclusive amenaza con usar vías de hecho para pedir que se modifiquen los requisitos. “La compra agregada de bienes y servicios busca eficiencia y transparencia en la contratación, además de ahorros por compra de paquetes de servicios a largo plazo y mayor participación de proponentes”, dijo Zuleta.
La funcionaria agregó que, en la actualidad, no son tantas las empresas de seguridad que prestan servicio al Estado, como sostiene el gremio. “De las cerca de 750 autorizadas, no hay más de 100 prestando el servicio en entidades estatales. Además, muchas de ellas están relacionadas entre sí (a través de proveedores plurales, como uniones temporales o consorcios), algo que se corregirá con la medida de permitir solo una oferta por región”.
Zuleta explicó que, teniendo en cuenta las diferencias de las empresas prestadoras de este servicio, se dividió el país en 11 regiones, de manera que la competencia sea equitativa. “Para una ciudad como Bogotá se exigen 10.000 salarios mínimos, mientras que para San Andrés son apenas 1.000. Estos rubros se establecieron con base en el valor estimado de la demanda en cada región”.
La funcionaria explicó también que “la adjudicación del contrato se hará con un puntaje superior a la media aritmética”. Así, mientras mayor número de proponentes participen, más proveedores podrán ser adjudicatarios”.
Entre tanto, el gremio de la seguridad privada indicó que su petición es que, aprovechando la próxima audiencia para socializar los riesgos del proceso, citada para el 1° de julio, se tomen en cuenta sus peticiones, de manera que se permita la competencia a más empresas de este sector.
Fuente: Eltiempo
