El proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia, que comenzó a discutir la Comisión Primera del Senado, el pasado 9 de octubre de 2018, plantea en materia constitucional, revisar las facultades electorales de las altas cortes, sus competencias para fortalecer su función como órganos de cierre y de unificación de jurisprudencia, la acción de tutela, los requisitos y procedimientos de elección de los magistrados de altas cortes, sus inhabilidades y prohibiciones, el sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial, el esquema presupuestal de la Rama Judicial, las medidas para dar mayor eficiencia al sistema penal acusatorio, el sistema de disciplina de jueces y abogados, y el sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales. A nivel legal, se planteó tratar otros once temas que hasta el momento no han sido abordados en las mesas de trabajo entre el Gobierno y la Rama Judicial.
Así mismo, está basado en tres (3) ejes fundamentales:
1) Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia. El proyecto busca garantizar que los jueces, y en especial los magistrados de las altas cortes, sean el referente ético de nuestra sociedad. En este punto se propone la eliminación de las facultades electorales de las altas cortes, el fortalecimiento del marco de inhabilidades para magistrados y altos dignatarios, reglas para evitar bloqueos institucionales, medidas de protección de la confianza pública en las altas cortes, aumentos de requisitos de experiencia para el cargo de magistrado, audiencias de confirmación para la elección de magistrados y otros altos funcionarios, Comisionados de Disciplina Judicial elegidos por la Rama Judicial y no por el Congreso, periodos institucionales en los altos cargos del Estado y la agilización de los procedimientos contra funcionarios aforados ante la Cámara de Representantes.
2) Eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia. El proyecto propone sustituir el Consejo Superior de la Judicatura con una nueva institucionalidad, especializada y cualificada para las labores que exige el gobierno de la Rama Judicial. Una Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un Gerente, realizará las labores de gobierno y administración. Mientras que una Comisión de Carrera Judicial, conformada por comisionados con las más altas calidades jurídicas, y con requisitos de experiencia en cargos de la carrera judicial, deberá elaborar las listas para candidatos a magistrado y administrar la carrera judicial. Todo esto, bajo la coordinación y articulación de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que hoy existe por mandato legal pero que en esta propuesta se convierte en órgano constitucional. También propone medidas de autonomía presupuestal para la Rama Judicial y ajustes específicos al sistema penal acusatorio para volverlo más eficiente.
3) Seguridad jurídica. Se dará a las altas cortes la función de unificar jurisprudencia y la facultad de seleccionar procesos para cumplir dicha función. También se regulará la acción de tutela para que esta siga siendo un mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales y no una tercera instancia de los litigios, ni una herramienta para el abuso del derecho. Las altas cortes deberán comunicar sus sentencias cuando sean firmadas y no mediante comunicados de prensa.
Tras la suficiente ilustración, la comisión primera aprobó la proposición con que termina el informe de la ponencia, en la que también se propone el otorgamiento de una mayor contribución ciudadana en las audiencias de participación y la consolidación de los requisitos para ser magistrado de altas cortes.
En medio de la presentación de la ponencia, conformada por 30 artículos, la senadora Paloma Valencia planteó la posibilidad de que los procesos de embargos que solicitan los bancos pasen de la justicia a otra autoridad administrativa, para que los jueces se dediquen al conocimiento de temas que realmente demanda la ciudadanía.
La ministra de Justicia, Gloria Barrero, recalcó que se acumularon los tres proyectos presentados sobre el tema, a la vez que subrayó que “en la ponencia la tutela no se toca”.
La propuesta original del gobierno de modificar la tutela originó un rechazo de la mayoría de los partidos representados en la Comisión Primera. Incluso la defensa de esa acción se convirtió en una especie de punto de honor de varios de los partidos políticos.
La jefe de la cartera de Justicia anunció que una de los objetivos del Gobierno es digitalizar la rama Judicial.
Seguidamente reveló algunas de las funciones que tendrá a su cargo el Comité Interinstitucional de justicia. Una de sus tareas será aprobar el plan de desarrollo de ese sector; sincronizar el mapa judicial con el territorio y defender ante el Congreso el presupuesto de la rama judicial.
El senador Miguel Ángel Pinto aplaudió la decisión de no modificar la tutela y respaldó que el régimen presupuestal tenga rango constitucional.
El Presidente de la Comisión, Eduardo Enríquez, dijo que en la actualidad hay más de cien mil audiencias represadas, a la vez que dijo que la reforma que se estudia no soluciona todos los problemas de la justicia. Propuso acabar con los anónimos, a la vez que destacó la acción de tutela. Recordó que la Fiscalía tiene más recursos que la propia rama Judicial
En otro de los momentos del debate intervino el senador Iván Name, quien se mostró partidario de que los procuradores delegados asuman funciones de jueces para de esa manera ayudar a fortalecer la justicia.
El legislador Gustavo Petro se mostró en desacuerdo con el tribunal de aforados, a la vez que dijo que en una reforma a la justicia lo importante es el acceso que tiene la ciudadanía a ésta.
Igualmente tomó la palabra el congresista Temístocles Ortega, quien dijo: “este proyecto no mejora el acceso del ciudadano a la justicia. No se mejora en nada la justicia que necesita el país”. Al concluir su intervención anunció su voto negativo a varios artículos del proyecto.
Por su parte, el senador Santiago Valencia también apoyó la propuesta de que los procuradores delegados desempeñen las tareas de juez y que se ocupen de estudiar los procesos de las llamadas pequeñas causas.
La Comisión fue citada para el martes 16 de octubre, cuando comenzará a votar en primer debate el articulado del proyecto de acto legislativo, que requiere de un total de ocho.
Fuente: Senado de la República. Ponencia primer debate PAL 21/18S.
