En los días finales de la campaña presidencial, en segunda vuelta, el candidato presidente Juan Manuel Santos prometió restablecer el sistema de pagos de horas extras para los trabajadores. La idea no hacía parte de su programa de gobierno, pero al calor de la campaña, en un debate en La Fm, dijo que como las condiciones económicas y de empleo estaban fortalecidas, llevaría la iniciativa al Congreso.
Pues bien, el senador liberal Luis Fernando Velasco se le adelantó y ya presentó un proyecto de ley de cinco artículos, en donde se restablecen las condiciones laborales relacionadas con las horas extra, el trabajo dominical y festivo que tenía Colombia hace 12 años. Según este, el trabajo diurno vuelve a ser el comprendido entre las seis de la mañana y las seis de la tarde. A su vez, el nocturno quedaría entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. El trabajo en domingos y festivos se remuneraría con un recargo del ciento por ciento sobre el salario ordinario.
Cabe recordar que la Ley 789 de 2002 del gobierno de Álvaro Uribe amplió la jornada laboral ordinaria diurna hasta las diez de la noche y el recargo dominical se había bajado al 75 por ciento del salario ordinario. Este cambio se hizo con el propósito de aumentar el empleo y dinamizar los sectores con mayor intensidad de mano de obra.
Siempre ha habido gran controversia sobre los resultados que se obtuvieron con dicha reforma. Algunos aseguran que no se logró el propósito; otros que fue muy poco el avance, y algunos afirman que sí ayudó a dinamizar ciertos sectores como el comercio y los servicios que, al crear turnos de trabajo, generaron más empleos.
Lo cierto es que el proyecto del senador Velasco ya levantó un avispero en la clase empresarial y entre la tecnocracia, que piensan que es un retroceso. El presidente de la Andi, Bruce MacMaster, dice que el efecto sobre la formalidad laboral sería devastador y mortal para la competitividad. Para Guillermo Botero, presidente de Fenalco, es una propuesta populista que desincentivaría la generación de nuevos puestos de trabajo. Fedesarrollo y Acrip (Asociación de Gestión Humana) sostienen que perjudicaría el proceso de modernización del mercado laboral en Colombia, tendría graves consecuencias sobre la confianza empresarial y dificultaría la consecución de empleo formal. Según recomendaciones del BID sería contraproducente hacer una contrarreforma laboral como la que ahora se plantea.
Pero no todos son críticas. La clase trabajadora está esperanzada en que le vuelvan a pagar las horas extras que le quitaron hace 12 años. En defensa del proyecto muchos dicen que tendría un impacto positivo sobre el nivel de ingresos de la clase trabajadora, lo que significaría más consumo, y por consiguiente un mayor crecimiento económico.
La pregunta que surge ahora es si el presidente Santos avalará ese proyecto, teniendo en cuenta el debate que se ha generado. La situación es bien difícil porque fue una promesa de campaña y las centrales obreras se lo van a cobrar, pues lo respaldaron en el momento más tenso de la contienda electoral. Pero apoyar el proyecto también podría ir en contra de las tesis económicas que el propio gobierno ha esgrimido. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sacó adelante la eliminación de los parafiscales con el argumento de que bajando el costo de la nómina se estimula la creación de empleo formal. El gobierno mismo se precia de haber logrado resultados muy positivos con esta estrategia.
Por eso algunos ven que el planteamiento de volver a las condiciones laborales de hace 12 años iría en contravía de la misma idea del gobierno de aliviar la carga sobre la nómina. Economistas amigos del gobierno sostienen que es difícil que Santos avale el proyecto porque tienen dos metas muy grandes que cumplir: crear 2,5 millones de puestos de trabajo y llevar el desempleo al 7,5 por ciento.
Aunque la tasa de desocupación en Colombia ha bajado, todavía es la más alta de América Latina, donde los países están en un rango entre 5 y 7 por ciento.
Como dicen los expertos laborales no es cuestión de mala suerte tener una tasa de desempleo alta. Eso obedece a condiciones propias del mercado, dentro de las cuales se encuentra la flexibilidad laboral y el menor costo del empleo. Pero más allá de la eficiencia y la competitividad están los derechos de los trabajadores. Habrá que ver cómo resuelve el presidente Santos esta promesa, sin que se le descuadren otras.
Fuente: Semana.
