El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó, con mensaje de urgencia, el proyecto de inversión social o reforma tributaria, que busca recaudar $ 15,2 billones al año. Se plantea la extensión de programas sociales como Ingreso Solidario, que, según la propuesta, iría hasta diciembre de 2022 y llegaría a más de 4 millones de hogares, a partir de abril del 2022.
De acuerdo con el ministro, con el esquema actual del programa, los hogares en pobreza extrema y pobreza moderada reciben $ 160.000 mensuales. A partir de julio del 2022, obtendrían un apoyo monetario en promedio de $ 267.579 y $ 195.906, respectivamente, el cual dependerá de su nivel de ingresos.
Así mismo, la propuesta incluye un incentivo a la creación de nuevos empleos para jóvenes y el resto de la población. En este sentido, plantea un subsidio del 25 % de un salario mínimo para los jóvenes de 18 a 28 años, no necesariamente para el primer empleo, el cual alcanzaría a cubrir las contribuciones a pensiones, cajas de compensación y riesgos laborales.
Por su parte, para el resto de la población que gane hasta tres salarios mínimos se dará un subsidio equivalente al 10 % de un salario mínimo, con lo cual un empleador alcanzaría a cubrir cerca del 40 % de la seguridad social de sus empleados. Este incentivo beneficiaría a 271.000 personas.
El apoyo a la nómina (PAEF) es otro de los programas que se planea extender. Estará concentrado en la micro y pequeña empresa e incluirá a las personas naturales que tengan a partir de dos empleados. Se extenderá por seis meses adicionales, hasta diciembre del 2021.
De otro lado, el proyecto también contempla mayores recursos para el pago de la matrícula para 695.000 estudiantes de pregrado de instituciones de educación superior pública en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, con un costo anual de $ 700.000 millones.
Austeridad y gasto público
La propuesta también contiene un ambicioso plan de austeridad, con el cual se busca generar ahorros recurrentes de $ 1,9 billones entre 2022 y 2032, en promedio. Según el ministro, con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.
“También llegaremos a un 50 % del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular, ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, agregó el funcionario.
Igualmente, habrá un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales; se racionalizarán los esquemas de seguridad y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.
Plan antievasión
Otro de los pilares del articulado es el concerniente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar $ 2,7 billones anuales.
Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del RUT y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias. También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
Mayores ingresos provenientes del sector empresarial
El titular de la cartera sostuvo que la iniciativa radicada contempla, además, mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50 %, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.
Se busca también establecer una tarifa de renta para empresas de 35 %. En 2017, esta tarifa de renta era de 40 % y en 2018 de 37 %, para empresas con utilidades de más de $ 800 millones.
Restrepo precisó que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0 % para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques. En particular, para las microempresas, continuará vigente el régimen SIMPLE de tributación.
También se plantea una sobretasa al sector financiero de tres puntos porcentuales hasta el 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior.
Instrumentos de reactivación y sostenibilidad fiscal
El articulado radicado permite, además, la posibilidad de regular el uso de comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. De igual forma, establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.
De otro lado, pretende fortalecer la sostenibilidad fiscal, para asegurar la financiación sostenible del gasto social. Lo anterior mediante un fortalecimiento de la independencia y capacidad operativa del Comité de regla fiscal, la definición de un anclaje de deuda pública que permita converger a niveles prudenciales de esta variable (esta ancla será del 55 % del PIB) y metas de balance fiscal que se ajusten de tal forma que lleven a la deuda a converger al ancla.
Extensión de beneficios tributarios para el turismo
Se propone extender los beneficios tributarios que se establecieron en la Ley de Turismo (Ley 2068 del 2020), para apalancar la reactivación económica segura de esta industria.
La suspensión temporal del pago de la sobretasa a la energía, la exención del IVA para los servicios de hotelería y la extensión del plazo para renovación del Registro nacional de turismo (RNT) hasta el 31 de diciembre del 2022 forman parte de las propuestas con las que Gobierno Nacional espera ayudar a la cadena de valor de esta industria.
Fuente: Congreso de la República, Proyecto de ley, 027 -Ámbito Jurídico
