Una semana después de que la ministra de Justicia, Ruth Estella Correa, radicara en el Congreso de la República el proyecto de para reformar el actual Código Penitenciario, ya empezaron a formularse las primeras críticas por posibles extralimitaciones de ley.
El representante a la Cámara del Polo Democrático, Iván Cepeda, aseguró que se excede en los preceptos constitucionales el Gobierno al decir que la vigilancia de los presos en las cárceles podrá estar por cuenta de instituciones privadas, con lo cual se supliría la función exclusiva que cumple el Inpec.
“Con el artículo 26 del proyecto, que contempla que cuando no sea suficiente el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria Nacional, se acudirá a la contratación de vigilancia privada, se viola el principio de responsabilidad estatal sobre la privación de la libertad y la custodia de los presos, que no se les puede confiar a particulares”, declaró el representante Cepeda.
También asegura que en el artículo 81 se tienen problemas porque “se le otorgan facultades excesivas” al director del Inpec, en cuanto tendría la potestad para decretar estados de emergencia penitenciaria en casos especiales, la cual sólo es competencia del Gobierno Nacional, y se autorizan medidas como aislamiento de internos y la aplicación de métodos ‘extraordinarios’ de coerción.
Un aspecto más que critica Cepeda de la reforma carcelaria propuesta por el Ejecutivo es lo referente al tema de la atención de salud de los internos, porque en su opinión no soluciona la necesidad que tienen los reclusos de un régimen especial “acorde con situación especial, riegos y morbilidad, pues no entrega las herramientas a través de las cuales los internos pueden hacer efectivo el derecho de acceso a la salud”.
Finalmente, el representante a la Cámara dice que en el trámite del proyecto se deben realizar teleconferencias con los delegados de los comités de derechos humanos de los internos y presos políticos en los principales centros de reclusión.
