La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, conceptuó que la Policía Nacional, al momento de requerir videos de seguridad privada y circuitos cerrados, deberá pedir una solicitar una autorización previa, puesto que el acceso a las grabaciones puede contener información personal de los ciudadanos.
“El Ministerio Público evidencia que, en salvaguarda del derecho fundamental a la intimidad, el acceso a los videos de los sistemas cerrados de vigilancia y seguridad privada puede estar restringido para las autoridades, requiriéndose en algunos casos autorización administrativa o judicial previa”, dijo Cabello.
El concepto se envió a la Corte Constitucional advirtiendo que la Ley de Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana (2197 de 2022) no incluyó ninguna restricción sobre el acceso a la información, por lo que podría afectarse el derecho a la intimidad de las personas.
Por lo anterior, pidió al alto tribunal que declare exequible el artículo 48 de la ley, que se refiere al acceso a los circuitos, “en el entendido que requerirán la autorización previa que corresponda, salvo en casos excepcionales de flagrancia o imperiosa necesidad, en los que se deberá acudir al control posterior respectivo por parte de la autoridad competente”.
Fuente: Asuntos Legales
