Para hablar de la Comisión Nacional para la Moralización es necesario hablar de corrupción como uno de sus factores, y como afecta la ética y moral pública. Desde que en el estado colombiano se empezó a ver permeado por el flagelo de la corrupción y se vieron afectadas las instituciones, nació la necesidad de elaborar leyes que contrarrestaran este problema, el artículo 65 de la Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción- dio vida a las Comisiones Regionales de Moralización, con el propósito de brindar al Estado Colombiano una instancia en la que se coordinen, en cada uno de los 32 departamentos del país, los esfuerzos de los organismos encargados de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción.
Desde entonces, funcionarios de los organismos de control y la rama judicial en todo el territorio nacional han venido adelantando un esfuerzo importante por instalar estas Comisiones, por organizar su trabajo y por fortalecer sus procesos de diálogo con la ciudadanía. La Comisión Nacional de Moralización, a través de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ha adelantado un seguimiento a la labor que vienen realizando las distintas Comisiones Regionales de Moralización, lo que le ha permitido identificar los logros y avances resultantes del trabajo conjunto entre las entidades, pero también las condiciones que han dificultado su operación.
CONPES 167 de 2013- Política Pública Integral Anticorrupción
En el marco de la formulación de la Política Pública Integral Anticorrupción, establecida mediante el documento Conpes 167 de 2013, el Gobierno Nacional adelantó un diagnóstico sobre los principales problemas y retos que enfrenta el país en esta materia. A partir de dicha problemática se definieron los temas en los que las instituciones públicas del país, de los distintos órdenes, deberían trabajar para contribuir a disminuir la incidencia del fenómeno. Si bien las acciones definidas por el documento Conpes son responsabilidad de entidades del orden nacional, la política incluye una dimensión territorial, bajo la cual se busca que las autoridades locales y las organizaciones sociales de todos los departamentos del país, repliquen y promuevan acciones y actividades en torno a los ejes de la política, provocando así un efecto multiplicador de la misma.
A continuación, la ilustración nos presenta un breve resumen de los problemas identificados y de los objetivos fijados por la Política Pública Integral Anticorrupción, que busca motivar su estudio y promoción por parte de los integrantes de las Comisiones Regionales de Moralización. Por ser este también un instrumento emanado de la Comisión Nacional de Moralización, se considera fundamental que su estructura y sus propósitos orienten la labor que estarán llamadas a desarrollar las Comisiones en los distintos territorios del país.
CIUDADANÍA ORGANIZADA
La Constitución y las leyes colombianas han creado diferentes espacios, mecanismos e instancias orientadas a que los ciudadanos incidan y participen en las decisiones que los afectan. El mecanismo de participación por excelencia para el ejercicio de la vigilancia y el control social de los asuntos públicos es la veeduría ciudadana –reglamentada por la Ley 850 de 2003– por lo que se estima que estas organizaciones deben ser especialmente reconocidas e impulsadas por las Comisiones Regionales de Moralización en los distintos departamentos del país, y deben ser convocadas a las reuniones trimestrales que la Ley 1474 ordena realizar a las comisiones, con el fin de responder sus peticiones, inquietudes, quejas y denuncias.
No obstante, lo anterior, se considera que la convocatoria y participación en estas audiencias no debe limitarse exclusivamente a los ciudadanos representantes de veedurías. Las Comisiones Regionales deben hacer un esfuerzo por identificar y convocar en cada departamento a ciudadanos integrantes de distintos tipos de instancias, mecanismos, organizaciones, sectores y gremios, incluidos representantes de los medios de comunicación local y la academia.
LA COMISIÓN NACIONAL DE MORALIZACIÓN
Con el fin de propiciar una adecuada coordinación y colaboración de estas entidades en materia de lucha contra la corrupción la Ley 190 de 1995 crea la Comisión Nacional de Moralización, integrada por:
- El Presidente de la República;
- El Ministro de Gobierno;
- El Ministro de Justicia y del Derecho;
- El Procurador General de la Nación;
- El Contralor General de la República;
- El Presidente del Senado;
- El Presidente de la Cámara de Representantes;
- El Fiscal General de la Nación;
- El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y
- El Defensor del Pueblo”. (Ley 190 de 1995, Art. 68)
Tras su creación, la Comisión Nacional de Moralización se vería sometida a varias reformas de tipo reglamentario: durante el gobierno del Presidente Ernesto Samper, a través del Decreto Ley 1681 de 1997, se fusiona la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción con la Comisión Nacional para la Moralización (Art. 1) y se indica que para todos los efectos legales la Comisión Nacional para la Moralización sustituirá a la Comisión Ciudadana (Art. 3). Por su parte el gobierno de Andrés Pastrana, mediante Decreto 978 de 1999, reestructuró la Comisión Nacional de Moralización, la instituyó como organismo adscrito a la Presidencia de la República, y la dividió, para su operación, en dos subcomisiones:
Subcomisión Institucional y Subcomisión Ciudadana (Art. 2). La mencionada norma indicaba que la Subcomisión Institucional estaría integrada por:
- El Presidente de la República;
- El Vicepresidente de la República;
- El Ministro del Interior;
- El Ministro de Justicia y del Derecho;
- El Procurador General de la Nación;
- El Contralor General de la República;
- El Fiscal General de la Nación; y
- El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. (Art.3)
Respecto a la Subcomisión Ciudadana, la norma señalaba que estaría integrada por doce (12) comisionados, representantes de distintos tipos de gremios y organizaciones sociales (Art.6)13. Se establecía además que la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional para la Moralización y de las dos subcomisiones, sería ejercida por el Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción (Art.13).
En el año 2011 el nuevo Estatuto Anticorrupción –Ley 1474– retoma la figura de la Comisión Nacional de Moralización como una instancia integrada por las cabezas de las ramas del poder público y los organismos de control, separada de la figura – también rediseñada por el Estatuto– de la Comisión Nacional Ciudadana para la lucha contra la corrupción (Ley 1474 de 2011, Art. 62 al 71). La nueva Comisión Nacional fue instalada el 6 de marzo de 2012 y ha concentrado sus esfuerzos en cuatro temas específicos:
- La formulación y aprobación de la Política Pública Integral Anticorrupción,
- La revisión de los avances del proyecto de Ventanilla Única de Denuncias,
- La revisión de los avances del proyecto del Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y
- El seguimiento y construcción de lineamientos para las Comisiones Regionales Moralización.
FUNCIONES Artículo 64, Ley 1474
- Velar por el cumplimiento de la aplicación de la presente ley y de la ley 190 de 1995.
- Coordinar la realización de acciones conjuntas para la lucha contra la corrupción frente a entidades del orden nacional o territorial en las cuales existan indicios de este fenómeno.
- Coordinar el intercambio de información en materia de lucha contra la corrupción.
- Realizar propuestas para hacer efectivas las medidas contempladas en esta ley respecto de las personas políticamente expuestas.
- Establecer los indicadores de eficacia, eficiencia y transparencia obligatorios para la administración pública, y los mecanismos de su divulgación.
- Establecer las prioridades para afrontar las situaciones que atenten o lesionen la moralidad en la Administración Pública.
- Adoptar una estrategia anual que propenda por la transparencia, la eficiencia, la moralidad y los demás principios que deben regir la Administración Pública.
- Promover la implantación de centros piloto enfocados hacia la consolidación de mecanismos transparentes y la obtención de la excelencia en los niveles de eficiencia, eficacia y economía de la gestión pública.
- Promover el ejercicio consciente y responsable de la participación ciudadana y del control social sobre la gestión pública.
- Prestar su concurso en el cumplimiento de las acciones populares en cuanto tienen que ver con la moralidad administrativa.
- Orientar y coordinar la realización de actividades pedagógicas e informativas sobre temas asociados con la ética y la moral públicas, los deberes y las responsabilidades en la función pública.
- Mantener contacto e intercambio permanente con entidades oficiales y privadas del país y del exterior que ofrezcan alternativas de lucha contra la corrupción administrativa.
- Prestar todo su concurso para la construcción de un Estado transparente.
- Darse su propio Reglamento.
GESTIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MORALIZACIÓN
- Política Pública Integral Anticorrupción
En la primera reunión de la Comisión Nacional, celebrada el 06 de marzo de 2012, se expuso la creación de la PPIA, y se organizó la Hoja de Ruta que tendría el proceso y su forma de construcción, a través de un documento CONPES, con el propósito de definir responsables, recursos, metas e indicadores de evaluación. Este proceso de construcción de la PPIA, inició el 14 de marzo de 2012 en el taller “Hacia la construcción de una Política Integral Anticorrupción”, organizado por la Presidencia de la República, la Unión Europea, el Centro de Recursos Anticorrupción U4 y las Agencias de Cooperación de Suecia, Canadá, Reino Unido y Alemania.
Por sugerencia del señor Presidente de la República, las entidades que integran la Comisión designaron un funcionario para acompañar de forma permanente la construcción de la política. Finalmente, y después de un año de trabajo, la Comisión Nacional de Moralización aprobó las líneas estratégicas de la PPIA el 6 de marzo de 2013, tras lo cual se procedería a la promulgación del Documento CONPES 167.
- Observatorio de Transparencia y Anticorrupción
En el año 2012, se inicia el proyecto para implementar el Observatorio de Anticorrupción y de Integridad, el cual estaría en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. El proyecto, después de ser avalado por el señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos, en reunión de la CNM, entró en operación en julio de 2012. Para septiembre del mismo año, el Observatorio fue entregado a la Secretaría de Transparencia, fecha desde la cual esta entidad se encarga de su administración y operación. El proyecto fue diseñado con el objetivo de generar insumos para que tanto las entidades del Estado (nacionales y territoriales), como las instancias de la sociedad civil, el sector privado, el mundo académico, la comunidad internacional y la ciudadanía en general, tengan mayores y mejores
elementos para la toma de decisiones en la implementación de políticas públicas eficaces en materia de lucha contra la corrupción y promoción de la integridad. En la primera etapa la Procuraduría logra avanzar en la generación de indicadores sobre el número de sanciones penales, disciplinarias y fiscales por municipios y departamentos, además de construir una herramienta web que permite a la ciudadanía hacer cruces y generar comparaciones entre estos datos. En esta primera etapa se incorpora también al Observatorio el Índice de Gobierno Abierto – IGA–, el cual recoge la información de todos los municipios y departamentos sobre el cumplimiento de normas anticorrupción. A partir del año 2013 la Secretaría de Transparencia pone en marcha una nueva fase del Observatorio, orientada al fortalecimiento de sus indicadores y al posicionamiento de su trabajo a nivel nacional. Con el propósito de mejorar la calidad de la información a partir de la cual se calculan los indicadores de sanciones fiscales y contractuales del Observatorio, se inicia un trabajo de articulación interinstitucional encaminado a explorar los sistemas de información de la Auditoría General de la República y del Registro Único Empresarial y Social –RUES– de la Confederación de Cámaras de Comercio
–CONFECÁMARAS–. Se encuentra que la información de la Auditoría General puede complementar de forma adecuada los datos entregados por el SIRI de la Procuraduría General de la Nación para el cálculo de las sanciones fiscales en el país. En el mismo sentido se encuentra que la información recopilada por el RUES sobre las sanciones y multas impuestas a contratistas, servirá también para complementar los datos entregados por el SIRI sobre sanciones contractuales. Por tal razón, se inicia la construcción de un protocolo para el intercambio de información con estas dos entidades.
Se adelanta un estudio técnico y metodológico que permite la construcción, implementación y actualización de seis nuevos indicadores compuestos de transparencia y anticorrupción para el Observatorio:
- Indicador de cumplimiento de las Comisiones Regionales de Moralización.
- Indicador de Cultura de la Legalidad.
- Indicador de Rendición de Cuentas.
- Indicador de Mapas de Riesgo de Corrupción.
- Indicador de Oferta y Demanda de Información Pública.
- Indicador de Transparencia en el Sector Privado.
Se avanza también en el diseño metodológico de una nueva batería de indicadores orientados a monitorear los avances de los objetivos, estrategias y acciones de la Política Pública Integral Anticorrupción. Esta herramienta permitirá a la ciudadanía y a las entidades contar con un tablero de control para medir los logros en cada uno de los cinco ejes de la política.
- Proyecto de creación de la Ventanilla Unificada de Denuncias
La Comisión Nacional de Moralización ha impulsado y hecho seguimiento al proyecto de la Ventanilla Unificada de Denuncias –VUD–, solución tecnológica que permite a la ciudadanía registrar en un portal web, de manera anónima o con plena identificación, información relacionada con actos de corrupción o hechos que atenten contra la administración pública.
El propósito de la VUD es facilitar un único punto de contacto para poder hacer seguimiento y conocer las respuestas de las denuncias interpuestas ante las distintas entidades que la conforman: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Auditoría General de la República y Fiscalía General de la Nación. De este modo se hace más eficiente el proceso para el ciudadano a través de la integración de los diferentes sistemas de información de las entidades que hacen parte.
La VUD, por cada denuncia, genera un código único que facilita la trazabilidad y seguimiento, integrando los sistemas de información de los entes de control, con el fin de minimizar esfuerzos de los ciudadanos en la presentación y seguimiento de sus solicitudes y agilizar y minimizar los trámites entre estas entidades en la atención a los denunciantes.
- Seguimiento a las Comisiones Regionales de Moralización por intermedio de la Secretaría de Transparencia
La Secretaría de Transparencia asume por encargo de la Comisión Nacional de Moralización la labor de hacer seguimiento a las 32 Comisiones Regionales de Moralización, además de entablar un diálogo con cada una de estas instancias con el propósito de fijar los lineamientos de la CNM para las Comisiones Regionales. La información recolectada sobre los logros y avances de la Comisiones Regionales, y sobre las dificultades que han enfrentado en el desarrollo de sus actividades permitió a las entidades integrantes de la CNM avanzar en la construcción de lineamientos.
Esperamos que en algún momento estas actividades realmente tengan un futuro en el cumplimiento de sus objetivos, sin embargo, es una opinión personal que este tipo de tareas terminan siendo más “cosméticas” que realistas, sin la integración del sector privado y de la sociedad será muy difícil generar estrategias valiosas para el cambio.
Fuente: CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN
