La crisis generada por el Coronavirus en nuestro país, las medidas que ha tomado la presidencia de la republica mediante el Decreto 457 de 2020 que “imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Covid-19 y el mantenimiento del orden público”, nos ha llevado a estar pendiente de lo urgente en estos momentos como es la protección de la vida y luego llegara lo importante como son los males que nos aquejan como sociedad. Este decreto le ha dado poder al gobierno para disponer de recursos financiero especialmente de los entes territoriales, lo que ha generado una polémica entre alcaldes y gobernadores, pero el problema no cruza sobre si es un préstamo una apropiación, para nosotros las personas del común la preocupación nos lleva a preocuparnos es en la destinación final que pueden tomar, si es verdad que serán empleados en su totalidad para los fines presupuestados o si también caerán en manos de corruptos.
Esperemos que sea lo primero, sin embargo, en estos momentos de asilamiento quiero llevarles unas breves apreciaciones sobre la CORRUPCIÓN en nuestro país, esperando que al superar esta crisis sea una oportunidad para redimirnos y ser un ejemplo en cumplimento e integridad.
Antecedentes
La corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad y la confianza en el Estado. Rompe y corrompe el comportamiento racional del Estado. De acuerdo con la definición de Transparencia Internacional, Corrupción es el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos. Es un obstáculo para lograr el desarrollo sostenible de una comunidad o de un país.
De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción -IPC- que publica cada año Transparencia Internacional. Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. El país cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países.
Aunque se han adelantado ajustes institucionales y normativos importantes, la percepción no va a cambiar mientras no se evidencien cambios de fondo. Para ello se requieren reformas al sistema político, recobrar la legitimidad de la justicia y que el empleo público y la contratación respondan a la meritocracia como criterio principal.
¿Cómo se puede combatir?
Desde Transparencia por Colombia consideran fundamentalmente lograr tres cambios para modificar la tendencia de corrupción creciente en nuestro país. En primer lugar, es necesario que la lucha contra la corrupción logre un vínculo más directo y efectivo con la ciudadanía de manera mucho más amplia. La actual ola de indignación ciudadana frente a la corrupción puede ser una oportunidad para generar este quiebre. No solo es necesario reconocer que la corrupción es un problema de todos, que es necesario revisar nuestro comportamiento individual además de cuestionar a los demás, también se requiere pasar de la indignación a la acción.
Nuevamente, todos los ciudadanos contamos ya con herramientas a nuestra disposición: el voto, el control social a la gestión de lo público, la denuncia, y el rechazo a cualquier forma de corrupción. Las dos primeras contribuyen enormemente a prevenir y atacar la corrupción enquistada en la institucionalidad pública, mientras que las otras dos pueden ser aplicadas en cualquier rol que desempeñemos en nuestros ámbitos sociales, económicos y laborales.
De la mano a lo anterior, debemos proteger a nuestras instituciones democráticas pues ellas son la base de la garantía del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. Esa protección se traduce en la defensa de lo público que implica cuestionar a las personas, pero, ante todo, fortalecer las instituciones.
En segundo lugar, debemos atacar de manera directa la impunidad que perpetúa a la Gran Corrupción. Para esto, es necesario resolver prioritariamente los vacíos de transparencia y ética en el acceso al poder, especialmente en el financiamiento de campañas políticas. Igualmente, importante es recuperar la confianza en el sistema judicial y los órganos de control que se han visto más afectados por escándalos internos de corrupción. Con bajas opciones de acceso al poder por parte de actores corruptos y con altas garantías de sanción, la corrupción puede ser fuertemente desincentivada.
Estas acciones deben acompañarse de dos grandes decisiones que debemos tomar como sociedad: lograr un gran pacto por blindar el empleo público de la vulnerabilidad de los intereses, y controlar de manera efectiva el uso de recursos públicos mediante sistemas de control fiscal, disciplinario y penal eficientes y despolitizados. Todas estas medidas requieren de ajustes normativos innegablemente, pero también es posible avanzar con herramientas ya existentes y la voluntad política de quienes empiezan a enfrentar la corrupción de manera más contundente.
Y, en tercer lugar, es necesario articular de manera más efectiva y amplia todos los sectores sociales corresponsables en esta lucha. Pocos efectos sostenidos se lograrán sin la participación y el cambio efectivo en el sector empresarial, en los medios de comunicación y en la academia.
En estos tres actores debemos encontrar, respectivamente, un mayor rechazo a las prácticas de corrupción en la forma de hacer negocios, un uso más directo y responsable de la libertad de prensa y de expresión para continuar controlando el abuso del poder, y unos procesos de formación que contribuyan a la reconstrucción de una ética de lo público.
La corrupción en cifras
➢ Financiación política:
La Resolución 3097 de 2013 del CNE obliga a las campañas a llevar un registro en tiempo real de los ingresos y gastos de sus campañas políticas en el aplicativo Cuentas Claras. Del análisis de Transparencia por Colombia sobre esta información se obtuvo que:
Poca efectividad de financiación estatal. La financiación política en Colombia falta equidad y transparencia, es necesaria más independencia de recursos privados y fortalecer controles y sanciones. En las elecciones legislativas de 2018 los anticipos de financiación pública correspondieron tan sólo a un 6.18% del total de ingreso, además de haber sido destinados en su mayoría a apoyar las candidaturas al Senado ($12.980 millones para Senado y $2.638 millones para Cámara). Para lograr equidad en la financiación estatal y disminuir los riesgos de acudir al financiamiento ilegal, es necesario garantizar que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos.
Alto costo de las campañas políticas en Colombia. En elecciones de Congreso 2018 en tan solo 4 meses de campañas se reportaron gastos por un total cercano a los 252 mil millones de pesos. Esta cifra es el doble del presupuesto destinado para la totalidad del Programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias de la ART, el cual incluye desarrollo de vías terciarias y proyectos sociales en educación, deporte y salud. Es fundamental poder establecer un valor real de las campañas políticas y sobre esto limitar el monto de los gastos, análisis con el cual no se cuenta hasta el momento. También es importante crear un registro de proveedores electorales que tengan en cuenta las características de cada región, para determinar si el cambio a listas cerradas realmente reducirá los costos o no.
Fortalecer controles y sanciones. Es urgente mejorar el proceso de la aplicación oportuna y efectiva de las sanciones por la financiación irregular de las campañas o por el incumplimiento con la rendición de cuentas. Sobre esto último, un 90,6% de los candidatos inscritos en senado rindieron cuentas y un 91,3% en cámara, cuando debería hacerse en tiempo real y aplica a todos los candidatos, así no hayan sido elegidos. Es prioritario fortalecer los mecanismos de investigación y sanción del CNE para que cumpla con su misión. También el trabajo conjunto con UIAF y DIAN.
➢ Contratación pública:
Fuente: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas – ITEP
Licitación pública. Los recursos de contratación que se ejecutan a través de licitación pública no son la mayoría, como se esperaría. En las entidades nacionales solamente 12% de estos recursos son de licitación pública, mientras que en las gobernaciones el porcentaje es de 26% y en los municipios el porcentaje corresponde a 39%.
Proponentes. Existen grandes diferencias en el promedio de proponentes que se presentan en una licitación pública, mientras en el nivel nacional el 79% de las entidades cuentan con tres o más proponentes, en las gobernaciones este porcentaje es de 22% y en los municipios 14%. Así mismo, en 59% de las gobernaciones cuentan con un solo proponente, mientras que en los municipios este porcentaje es de 75%.
Contratación directa. Los recursos de contratación, destinados a la modalidad de contratación directa son la mayoría, en el nivel nacional el porcentaje es de 75%, mientras que en el nivel territorial el porcentaje corresponde a 56% para gobernaciones y 41% para municipios. Estos porcentajes incluyen los recursos destinados al pago de contratos de prestación de servicios profesionales. Al observar el porcentaje de recursos destinados a contratación directa, sin tener en cuenta el que se destina a pago de contratos de prestación de servicios, en el nivel nacional corresponde a 65%, en las gobernaciones a 51% y en los municipios a 30%.
➢ Empleo público:
Fuente: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas – ITEP
Mérito. En la mayoría de entidades públicas no se realizan procesos meritocráticos para las personas que ingresan como funcionarios públicos. En el nivel nacional es donde más se realizan estos procedimientos, para 2015, 74% de directivos y 46% de asesores que ingresaron de libre nombramiento y remoción (LNR) lo hicieron a través de selección meritocracia. En el nivel territorial los datos contrastan, en las gobernaciones para 2016,
17% de quienes ingresaron como directivos y 13% de los asesores lo hicieron a través de
selección de mérito. Mientras tanto, en los municipios para 2016, solamente 1% de quienes ingresaron como directivos lo hicieron a través de esos procesos, sin embargo, para los asesores el porcentaje es de cero. Conformación de la planta de personal. los funcionarios públicos que se encuentran bajo la modalidad de provisionales y temporales son muchos, lo alarmante, es que a estos funcionarios no se les puede evaluar su desempeño como a los de carrera administrativa y tampoco cuentan con sus ventajas. En el nivel nacional 30% de funcionarios públicos son provisionales y 12% temporales, en las gobernaciones el porcentaje de provisionales es de 40% y de temporales 1%, por último, en los municipios, el 33% de funcionarios son provisionales y el 3% temporales.
Relación porcentual de contratistas. Son muchos los servidores públicos que se vinculan bajo la modalidad de contratistas de prestación de servicios, en el nivel nacional la relación con respecto a la totalidad de funcionarios de planta es de 29%, en las gobernaciones de
44% y en los municipios de 64%.
Seguimiento al desempeño. Debido a que a los funcionarios públicos provisionales y LNR no se les puede realizar evaluación al desempeño, se indaga si se les realiza algún tipo de seguimiento a su labor, se encontró que la mayoría de entidades públicas no lo realiza. En el nivel nacional, se le hace seguimiento al 44% de funcionarios LNR y a 21% de provisionales, en las gobernaciones, se le realiza seguimiento a 33% de funcionarios LNR y 34% provisionales, y en los municipios, se realiza seguimiento a 29% de funcionarios LNR y 21% de provisionales.
➢ Prácticas contra el Soborno:
Fuente: Quinta Encuesta Nacional de Prácticas contra el Soborno en Empresas
Colombianas (Comunicado).
96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios.
El 51% de los empresarios considera que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno.
El 63% de los encuestados considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios del sector público es obtener negocios.
Los resultados de la encuesta indican que los principales obstáculos para lograr mayor transparencia en el entorno de los negocios son la corrupción en el sector público (37%) y la competencia desleal (33%).
A lo anterior se agrega que el porcentaje de soborno que se estima necesario para ganar un contrato es de 16.7% de su valor.
Las modalidades más usadas de soborno fueron los pagos para agilizar trámites (67%) y el cierre de negocios y/o contratos (53%).
➢ Monitor Ciudadano de la Corrupción
Fuente:
http://www.monitorciudadano.co/documentos/corrupcion_en_territorios_de_paz.pdf
De acuerdo al informe del Monitor Ciudadano «Corrupción en territorios de paz» lanzado al público en agosto de 2017 se destacan los siguientes hallazgos:
Educación, Salud e Infraestructura fueron los sectores más afectados por la corrupción en los territorios de paz.
Siete departamentos reunieron el 63% de los hechos de corrupción en territorios de paz: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar. Nariño, La Guajira y Valle del Cauca son los que mayores hechos de corrupción presentaron (30%) seguidos por Antioquia y Chocó (18%).
El 47% de los hechos de corrupción en estos territorios fueron cometidos por servidores públicos, adscritos temporalmente o a largo plazo a instituciones que reciben y administran recursos públicos. 20% corresponde a autoridades de elección popular tales como alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y congresistas. De estas autoridades, las más implicadas son alcaldes (45%) y gobernadores (35%).
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CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN
