Intentan prohibir inversión extranjera en seguridad privada
La medida está incluida en un proyecto de ley que entrará este martes a debate en el Congreso.
Hay una dura polémica entre un sector del Congreso y el Ministerio de Defensa –la cual está pasando inadvertida ante la opinión pública– por cuenta de un proyecto de ley que, entre otras cosas, prohibiría la inversión de capital extranjero en las empresas de seguridad privada que operan en el país.
Esta iniciativa está pendiente de su primer debate en la Comisión Segunda del Senado, y si bien cuenta con el apoyo del Ejecutivo en algunos aspectos específicos, la sola posibilidad de que se prohíba la inversión extranjera en estas compañías es calificada por el Gobierno como “inconstitucional”.
“Por razones de seguridad y defensa nacional, bajo ninguna modalidad societaria se permitirá la inversión de capitales extranjeros en el sector de vigilancia y seguridad privada”, dice el proyecto, pero especifica los temas puntuales.
En la ponencia que se radicó para discusión se prohíbe en tres tipos de seguridad la inversión extranjera: en lo relacionado con vigilancia humana, vigilancia electrónica y en la capacitación y entrenamiento de personal. Y se añade que tampoco se permitirá en la “fabricación, comercialización, instalación, y arrendamiento de armas de cualquier tipo”.
Claro está que para otros casos, como en transporte de valores, actividades de blindaje y arrendamiento de vehículos blindados y en consultoría, asesoría e investigación, sí se permitiría el capital humano y económico de procedencia internacional.
El Ministerio de Defensa, en cabeza de Juan Carlos Pinzón, envió un concepto rechazando estos apartes del proyecto. En ese documento explica, entre otras cosas, que dar ese paso es inconstitucional y puede ser algo negativo.
“La limitación a la participación de extranjeros en todo tipo de sociedad en el sector de vigilancia y seguridad privada en Colombia es una medida que encarna una discriminación no justificada y un trato diferenciado innecesario, además de excesivo”, asegura el Ministerio de Defensa.
También dice que no se puede confundir el concepto de seguridad privada con el de seguridad nacional, porque “los servicios de vigilancia y seguridad privada en cuanto a su operación deben ser solo de carácter preventivo y disuasivo, y en ninguna circunstancia estos deben ejercer actividades de competencia exclusiva de la Fuerza Pública”.
Además, para el Gobierno, un documento Conpes del 2008 avaló la inversión extranjera en las compañías de seguridad privada.
Defienden el proyecto
El autor de la iniciativa, el senador de ‘la U’ Mauricio Lizcano, rechazó los argumentos de esa cartera ministerial y citó por lo menos 3 sentencias de la Corte Constitucional que –a su juicio– le dan viabilidad jurídica a este propósito.
Dijo que los fallos C-572 de 1997, C-834 de 2007 y C-123 de 2011 aclaran que la prohibición de la inversión de capital proveniente del exterior en la empresas de seguridad privada “no implica discriminación a los extranjeros”, pues –añadió interpretando esos fallos– “los derechos de los extranjeros pueden ser limitados, subordinados o negados, si las razones se fundan en orden público”.
Otro argumento del congresista es que el Decreto 356 de 1994 –que actualmente regula al sector– dice expresamente que “los socios de las empresas de vigilancia privada deberán ser personas naturales de nacionalidad colombiana”, y que esto fue, además, avalado por la Corte Constitucional.
En la Comisión Segunda, incluido Lizcano, aceptan que esto es un debate amplio, por lo que ayer varios de sus miembros se reunieron para plantear un pliego de modificaciones que permita reducir en algún modo la restricción de invertir capital extranjero en estas empresas. Una posibilidad, pero que aún debe ser aprobada en el debate, es que se limite solo a que se prohíba en vigilancia humana.
John Marulanda, experto en estos temas, dijo que “no hay que prohibir el ingreso de multinacionales de seguridad al país, pero se deben poner condiciones para que seamos los colombianos los que manejemos los aspectos técnicos”. Y recordó que Colombia “es un exportador de seguridad”.
Para el senador del Polo Iván Cepeda también es necesario que se entierre cualquier posibilidad de que un proyecto de esta naturaleza reviva a las Convivir, pero admitió que ya se está trabajando en ese punto.
Este será el cuarto intento de pasar un proyecto que regule la vigilancia privada, y debates como este dejan claro que esta vez la discusión tampoco será sencilla.
Fuente: El Tiempo
