Luego de que el ministro de Justicia dijera que voceros de la organización advirtieron al Gobierno que eran un “sindicato armado”, estos lo negaron.
Voceros de los trabajadores del Inpec que se mantienen en paro decretaron el cierre definitivo de las cuatro principales cárceles del país en Bogotá, Cali y Medellín.
Al mismo tiempo desvirtuaron las declaraciones del ministro de Justicia y del Derecho, Yesid Reyes, según las cuales en una reunión entre las partes, trabajadores sindicalizados le habrían dicho al Gobierno “no olvidar que estaban hablando con un sindicato armado”.
La frase, catalogada como “grave” por el ministro Reyes, fue desmentida por Óscar Robayo, directivo de la Unión de Trabajadores Penitenciarios, consultado por EL HERALDO. Según el vocero, que estuvo en la reunión, en dicho encuentro con el secretario general del ministerio se trataron temas del pliego de peticiones inherentes a las horas extras y el servicio de salud, pero en ningún momento -añadió- se habló de armamentos ni de que fuéramos a usar las armas en las protestas.
“El ministro quiere opacar la protesta y ponernos en tela de juicio con ese tipo de comentarios”, expresó Robayo. Manifestó que, por el contrario, las marchas han sido pacíficas y que a ellas no llevan las armas, como tampoco las portan cuando están de descanso. “No somos terroristas y entendemos que las armas son de uso exclusivo del servicio”, llamó la atención el sindicalista.
Sobre la crisis de hacinamiento que afrontan las más de cien cárceles del país, la fuente expresó que la tasa de sobrepoblación que afronta el sector es la más alta en toda la historia, pues mientras los cupos para los internos son 77 mil, los reclusos, entre condenados e indiciados superan los 138 mil.
Robayo indicó que el Gobierno no habla del insuficiente personal disponible para cuidar a los internos; las normas internacionales hablan de que debe haber un guardia por cada cinco reclusos, pero hay pabellones con 1.200 presos vigilados por uno o dos guardias.
Sobre el cese definitivo en las cuatro principales penitenciarías del país, el directivo sindical recordó que desde hace cinco meses no se reciben internos, de tal manera que el cierre mantiene esta medida y la no remisión de internos. Aclaró que pese a la protesta laboral, los guardianes han garantizado los derechos de los internos trasladándolos a las citas médicas, suministrándoles la alimentación y permitiendo las visitas de sus familiares y abogados.
Problemas en las URI. De otra parte la Defensoría del Pueblo, tras una nueva inspección, volvió a poner la alarma por la crisis humanitaria evidente en las estaciones de Policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) donde se desbordó la capacidad de retenidos. El Ministerio Público encontró que en una Uri de Bogotá una mujer indiciada, con cinco meses de permanencia, resultó embarazada y ha sido objeto de varias agresiones.
Solamente en la capital del país hay 1.300 personas detenidas en estos lugares, entre ellas 62 con medida de detención domiciliaria y 20 con enfermedades delicadas como VIH, epilepsia, diabetes y problemas psiquiátricos.
Fuente: Elheraldo
