Capos de Brasil y México pagan coca con fusiles. Han caído 20.161 armas. Hay clientes estrato 5 y 6.
Además de 16 bolsas con restos humanos, el Ejército asegura haber sacado de la zona del bombardeo en Candilejas, Caquetá, un sofisticado fusil que portaba el grupo de alias Gildardo Cucho, cabecilla de la disidencia de las Farc, dado de baja el 29 de agosto, junto a 8 menores reclutados por este grupo ilegal.
Reportes militares –entregados por la Fuerza de Tarea Conjunta Omega– dan cuenta de que en ese campamento había AK-47 y Galil, pero también 12 fusiles de asalto americanos: M-4, M-16, AR-15, una ametralladora M-60 y un moderno fusil Colt para francotiradores, con una mira telescópica para disparos letales a 1.200 metros de distancia.
Expertos en seguridad, como John Marulanda, coinciden en que un fusil de francotirador de estas características es poco común para una guerrilla.
Pero el hallazgo confirma lo que hace rato se sabe: que los poderosos carteles mexicanos –Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y ‘los Zetas’– y brasileños –‘la Familia del Norte’, el Primer Comando y la ‘Familia Vermelho’– están pagando los cargamentos de coca con armas modernas y empoderando militarmente a bandas y disidencias.
Varios indígenas del Cauca han sido aniquilados con esas armas, pero también han usadas para atacar a la Policía en Bogotá, atracar joyerías y nutrir el comercio ilegal en estratos 5 y 6.
“La coca es mejor moneda de pago para los traficantes de armas que el efectivo, así sean dólares. Siempre es más difícil rastrear el origen de un kilo de coca que el de cualquier billete”, dice Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz.
Evidencia en poder del Gobierno indica que estas armas están ingresando en embarcaciones que fondean en los puertos de Buenaventura, Tumaco y Turbo, con la complicidad de funcionarios corruptos de aduanas.
“Donde haya un puerto hay una alta probabilidad de que exista este tipo de contrabando, aunque las mafias suelen usar puertos y embarcaciones menores, donde hay menos controles”, explicó Gabriel Cifuentes, exfuncionario estatal y experto en seguridad.
El armamento arriba escondido en caletas o mimetizado en productos de todo tipo, especialmente electrodomésticos y trotadoras, que permiten camuflar hasta cañones y evadir controles aduaneros.
Según Jeremy McDermott, director del centro de investigación Insight Crime, la banda de ‘los Rastrojos’ hizo recientemente un operativo de estos para traer desde China copias de fusiles de asalto AR-15 estadounidenses.
Pero ese no es el único camino que usan los traficantes. Por Brasil ingresan pistolas y fusiles; por Ecuador, explosivos; y por Venezuela, hasta lanzacohetes (ver nota anexa).
“A otras bandas les están llegando fusiles y pistolas por partes a través de encomiendas que mueven reputadas compañías sin saberlo”, aseguró un oficial de inteligencia.
Hace apenas tres semanas cayeron dos de los supuestos ‘cerebros’ de esta modalidad. Uno de ellos fue identificado como Luis Álvaro Aristizábal, dueño de una empresa de seguridad privada que obtuvo contratos con la alcaldía de Cali.
Y otro involucrado es Euser Salazar, reconocido prestamista ‘gota a gota’ en el Valle.
Efectivos de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), de Estados Unidos, y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) le aseguraron a reporteros de EL TIEMPO que esa red puso a circular por el país armas Bernardelli, Ceská Zbrojovka CZ, Five-Seven Córdova, Jericho, Smith & Wesson, Walther, Avtomat Kalashnikov AK, M4 e Ingram, producidas en Alemania, Rusia, Israel, Bélgica, Turquía, Estados Unidos y hasta de la vieja Checoslovaquia.
Tráfico en estratos 5 y 6
También se tiene identificado un cartel, conocido como ‘los Invisibles’. Sus cabezas se ubican en ciudades como Bogotá y Cali. Estos mercenarios, que posan de empresarios, comercializan las armas entre ‘oficinas de cobro’, sicarios y hasta personas de estratos altos. El arsenal es movido en camionetas blindadas y camiones frigoríficos.
La existencia de ‘los Invisibles’ explica por qué en Bogotá y en la capital del Valle han aparecido los mismos fusiles que alimentan la violencia en zonas cocaleras.
En abril, una patrulla de la Policía de Bogotá fue impactada por un fusil Galil AC, luego de que delincuentes asesinaron a un patrullero en el CAI de Arborizadora, en Ciudad Bolívar. La banda intentaba robar un carro de valores.
“El mismo tipo de fusil fue usado en el intento de robo de una tractomula con coca, en Fontibón, el pasado 7 de septiembre; y en el robo de una lujosa joyería en inmediaciones del centro comercial El Retiro, en la zona rosa de Bogotá”, confirmó un oficial de inteligencia local.
De hecho, la capital aparece, junto con Cundinamarca, en el primer lugar en el listado de armas incautadas durante los primeros 9 meses de este año.
El total de decomisos ha sido de 20.161. De estas, el Ejército ha incautado 3.320 y la Policía, 16.841.
Estas son suficientes para armar a seis brigadas militares: lo que más cae son pistolas, seguidos por fusiles de asalto y ametralladoras.
En la región central del país, incluida la capital, la Policía ha decomisado 1.961 armas, incluido el fusil incautado en el episodio de la narcotractomula. Además, 2 subametralladoras, 406 pistolas, 977 revólveres y 571 escopetas.
En el ranking de esos decomisos el Valle ocupa el segundo lugar, con 21 fusiles, 6 subametralladoras, 542 pistolas, 1 carabina, 1.028 revólveres y 228 escopetas.
Antioquia también concentra buena parte de los decomisos, con 1.825 en total. Allí, lo que llama la atención es que han caído armas más sofisticadas: 3 lanzagranadas, 2 ametralladoras, 25 subametralladoras, 37 fusiles, 482 pistolas, 862 revólveres y 409 escopetas.
La mayoría de incautaciones se dieron en Medellín, en donde la justicia investiga un tráfico de salvoconductos –incluso para miembros de bandas criminales– que salpica a la Cuarta Brigada y al polígono El Viejo Oeste, del jugador del Independiente Medellín Andrés Cadavid.
En los convulsionados distritos de Agua Blanca y Siloé, en Cali, también se mueven fusiles de asalto AR-15, estadounidenses, avaluados en el mercado ilegal en 22 millones de pesos cada uno.
Informes de inteligencia señalan que bandas como ‘los Pelusos’ –reducto del Epl que migró de Norte de Santander al Pacífico, por la bonanza cocalera– llegan a esos centros de acopio a proveerse.
De ese lugar habría salido una de las armas usadas para asesinar a la candidata Karina García, el primero de septiembre, en Suárez (Cauca).
En el carro en el que iba con su mamá y otros dos líderes se alcanzaron a contar 170 orificios de bala de armas largas, accionadas por hombres de la disidencia de las Farc ‘Jaime Martínez’, comandada por Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, y Leider Noscué, alias Mayinbú.
En un estado similar quedó la 4 x 4 en la que se movilizaba la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro miembros de la Guardia Indígena nasa, el pasado 29 de octubre en Tacueyó (Cauca).
Videos muestran que sus atacantes –miembros de la disidencia ‘Dagoberto Ramos’– estaban enfusilados y hasta le arrojaron granadas de fragmentación a la caravana indígena.
Corrupción y Venezuela
En el material incautado aparecen, además, explosivos, municiones y hasta fusiles Galil con el sello de la Industria Militar Colombiana (Indumil). La circulación de ese material también figura en una reciente investigación de Insight Crime.
Al respecto, el senador de la Farc Carlos Antonio Lozada le dijo a EL TIEMPO que elementos corruptos de la Fuerza Pública hacían parte de sus proveedores.
“La corrupción en las Fuerzas Armadas era evidente en épocas del conflicto. Gran parte de la fusilería Galil que las Farc tenía, salía de allí, incluidas las municiones”, explicó el ahora senador.
Pero fuentes del alto gobierno advirtieron que se trata de casos aislados y no de un canal permanente para proveer armas.
Dentro de las 8.994 armas que esa guerrilla le entregó a Naciones Unidas, como parte del acuerdo de paz, había varios Galil ACE, que produce Indumil desde 2010.
Pero también 12 lanzacohetes RPG antitanque y antiaéreo de fabricación rusa; 229 lanzagranadas sudafricanos y 6.205 fusiles, entre ellos decenas de Barret, de fabricación estadounidense.
Naciones Unidas dio fe de que ese arsenal fue destruido. Sin embargo, la Procuraduría y el propio senador Lozada aseguran que no se recuperaron todas las caletas.
Fusil Galil Ace
Foto:
EL TIEMPO
Smith & Wesson
Datos en poder del Ejército indican que de las 1.002 caletas de las Farc, se ubicaron 920 en las que había 9.224 armas.
Sin embargo, 41 estaban vacías y un número igual nunca se pudo ubicar por errores de coordenadas o información incompleta. De hecho, EL TIEMPO estableció que algunos exguerrilleros están pidiendo recompensas por entregar armas en caletas no reportadas.
Pero expertos aseguran que, por la cantidad de coca que está produciendo Colombia –en más de 200.000 narcohectáreas, con hasta seis cosechas al año– ninguno de esos grupos necesita ir a desenterrar caletas.
De hecho, Jeremy McDermott, de Insight Crime, cree que la confrontación armada que se registra en algunas zonas del país podría llegar a una instancia superior si empiezan a llegar misiles tierra-aire, que derriban hasta aviones de combate Super Tucano, como los que usó la FAC en el bombardeo al campamento de alias Gildardo Cucho.
“El peor escenario es que el régimen de Nicolás Maduro acceda a apoyar a disidencias o al Eln con este tipo de armamento. No creo que sea tan torpe para hacer eso. Pero recuerde que en los correos incautados a ‘Raúl Reyes’ se alcanzó a hablar de una transacción de 300 millones de dólares para adquirirle a Hugo Chávez esos misiles”, explica McDermott.
Y agrega que no se debe subestimar la corrupción en las filas de la Guardia Venezolana y de otros vecinos, que terminan nutriendo a grupos ilegales en zona de frontera.
“La mala relación que hay con el régimen de Maduro ha impedido ejecutar una tarea conjunta para establecer las rutas por las que llegan armas desde allí”, agregó el experto Gabriel Cifuentes.
La diversidad de armas ilegales que circulan por el país, matando indígenas, policías y civiles ya tiene alarmado al Gobierno.
El fenómeno ingresó a la lista de prioridades dentro de la política de seguridad nacional y Estados Unidos también ha manifestado su preocupación. Incluso, se va a crear una nueva categoría de blancos a perseguir: la Delincuencia Organizada Trasnacional (DOT).
El tema escaló aún más después de que el director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González, reveló que sus escoltas fueron declarados objetivo militar en la zona del Pacífico.
De hecho, autoridades tratan de establecer con qué armas asesinaron a dos de ellos: Róbinson Romaña Cuesta y León Jairo Rendón Ortiz.
Sus cadáveres fueron encontrados en el río Atrato (Chocó), en alto estado de descomposición, y lo que hasta ahora se sabe es que sus asesinos son hombres del ‘clan del Golfo’, que también intercambian armas por coca, un trueque que ejecutan a través de narcorrutas en otra frontera: la de Panamá.
Fuente: Diario el Tiempo – UNIDAD INVESTIGATIVA
