La Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las leyes 548 de 1999, 782 del 2002, 1106 del 2006, 1421 del 2010, 1738 del 2014 y 1941 del 2018, fue objeto de una nueva reforma, en la Ley 2272 del 4 de noviembre del 2022, denominada de Paz Total.
Esta reciente disposición define a la paz como una política de Estado, y, en ese contexto, permite iniciar los diálogos y negociaciones con los grupos armados al margen de la ley, y acercamientos con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo y los planes locales de las entidades territoriales deben contener políticas, programas y proyectos destinados a cumplir los acuerdos de paz.
Entre otros cambios, se crea el servicio social para la paz, que es una alternativa al servicio militar obligatorio y se reconoce como experiencia para primer empleo, con duración de 12 meses y diversas modalidades: trabajo en alfabetización digital, protección de la naturaleza, cuidado de población en condición de discapacidad, reforma rural integral y otras áreas.
Por otro lado, la normativa adopta un programa de entrega voluntaria de armas, durante 12 meses prorrogables, contados a partir de la reglamentación que realice el Ministerio de Defensa, con el fin de que toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, entregue a la entidad competente las armas de fuego fabricadas, hechizas, artesanales, legales o irregulares, de uso privativo de la fuerza pública o traficadas, al igual que sus partes, accesorios o municiones, y bajo la concesión de ciertos incentivos jurídicos y económicos.
Así las cosas, se prorroga la vigencia de Ley de Orden Público (L. 418/97) y sus reformas, por otros cuatro años.
Fuente: Ley 2272 de 2022, Edición 35, noviembre de 2022 Ventana al Derecho
