Las autoridades investigan graves denuncias alrededor de un presunto carrusel para otorgar licencias o renovaciones a empresas que usan carros blindados.
En septiembre del año pasado, a la oficina del secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso Vanegas, llegó una denuncia grave. Uno de los afectados por un supuesto cartel de corrupción en la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia relató con lujo de detalles cómo operaba esta empresa criminal. Según el testigo, que pidió mantenerse anónimo, la pepa de este carrusel ilegal estaría relacionada con la exigencia de pagos a funcionarios del más alto nivel de esa entidad y así garantizaría la renovación de licencias para el blindaje de vehículos. Estas revelaciones preocuparon tanto a Enciso que de inmediato trasladó la denuncia a la Fiscalía.
Los detalles de esa investigación fueron conocidos por El Espectador. La fuente declaró que la génesis de este presunto cartel estaba en los peros injustificados que les ponían en la Supervigilancia a las empresas que requerían las licencias para tener carros blindados. Por ejemplo, según el testigo, a él le negaron la licencia por “errores jurídicos”, y si bien esto no afectó la validez de la licencia que ya tenía su compañía, sí lo puso en apuros para obtener de manera oportuna la renovación. En el entretanto de esos enredos “jurídicos”, agregó la fuente, fue contactado por un abogado que le manifestó que ese lío podía arreglarse fácil si pagaba $200 millones.
De hecho, ese mismo abogado le dijo que una firma similar a la suya había tenido los mismos inconvenientes y que, una vez dicha compañía desembolsó el dinero, los problemas “jurídicos” habían quedado resueltos. El testigo aseguró haber comprobado que, en efecto, a pesar de los enredos iniciales, la empresa que le referenció el intermediario sí obtuvo la renovación de la licencia. El declarante, incluso, fue más allá. Sostuvo que ese intermediario —el abogado que ofrecía esos “servicios”— decía que tenía contactos con la cúpula de la entidad, en particular con la administración de Carlos Mayorga, quien salió de la Superintendencia en febrero pasado. El testigo fue enfático: sin el pago requerido era imposible renovar las licencias. Este diario se abstiene de publicar el nombre de ese intermediario para no afectar la investigación.
La fuente informó en su momento —octubre de 2016— que estaban represadas muchas solicitudes de licencias en la Superintendencia y que la única solución de los vigilados era pagar para que las mismas les fueran otorgadas, según se lee en uno de los reportes de la Fiscalía conocidos por este diario. Investigadores de la Unidad Anticorrupción asumieron el caso, pidieron autorización para interceptar varias líneas telefónicas y la información comenzó a fluir. El Espectador también conoció que los fiscales tomaron la declaración del jefe de seguridad de la multinacional British American Tobacco —una firma con 115 años de historia, 55.000 empleados y presencia en 180 países—, quien confirmó la solicitud de “dádivas” a cambio de licencias.
El empleado, cuyo nombre nos abstenemos de hacer público, señaló que un hombre que aparentemente se presentaba como oficial retirado del Ejército les hizo saber que la compañía debía pagar $2 millones por cada vehículo blindado que tuviera y que quisiera circular sin problemas. Desde hace meses, la Fiscalía viene recopilando evidencias. El Espectador se comunicó con Camilo Enciso, exzar anticorrupción y quien ofició como denunciante en este expediente, pero manifestó que no quería pronunciarse en tanto la investigación sigue en curso y no se han esclarecido completamente estas denuncias de presunta corrupción.
Israel Londoño Londoño, hoy superintendente de Vigilancia encargado, dijo que sí había oído rumores sobre malos manejos en la entidad, pero que esta era la primera vez que tenía certeza de una investigación por parte de la Fiscalía. Aseguró que su entidad atiende un promedio mensual de 360 licencias o renovaciones de vehículos blindados, lo que suma al año más de 4.300 solicitudes. Un volumen demasiado alto que deben resolver 105 funcionarios y 160 contratistas. Por esa razón, dijo, los procesos son muy lentos. “Yo encontré trámites de dos y hasta tres años. Eso no puede ser. Una licencia o una renovación no pueden durar más de 90 días. Si eso se demora más, ahí entra la corrupción. Hoy puedo decirle que estamos al día en trámites de carros blindados”, resaltó.
Por último, insistió en que no tenía conocimiento de ese supuesto cartel y señaló que es muy probable que se trate de tramitadores aprovechados que usan el nombre de funcionarios de la Superintendencia y que ojalá las autoridades lleguen al fondo de este expediente cuanto antes. Londoño agregó que la entidad ha venido modernizando su plataforma tecnológica a fin de evitar los trámites excesivos o los avivatos de siempre. Además invitó a denunciar a los corruptos y a dar nombres, apellidos y pruebas de sus acciones con el objetivo de depurar la entidad. En ese contexto, indicó que el Ministerio de Defensa está pensando en quitarle a la Supervigilancia la facultad de otorgar o renovar licencias a empresas o a particulares que usan vehículos blindados en Colombia. “Toca hacer una reingeniería en torno a los trámites que se están haciendo en esta entidad”, concluyó.
Fuente: El Espectador
