La Ley Anticontrabando, que quedó lista para sanción presidencial, servirá para endurecer las penas relacionadas con el contrabando (ahora incluida como conducta constitutiva de lavado de activos), fortalecer la institucionalidad y para hacerle frente a un problema que afecta la competitividad y el desarrollo del país.
Los cinco pilares de la ley aprobada se basan en un endurecimiento de las penas y tipos penales, en la unificación del régimen sancionatorio del impuesto al consumo para todos los departamentos y el Distrito Capital, las modificaciones de las leyes comerciales para mejorar la información sobre la actividad empresarial, el fortalecimiento de las instituciones involucradas en la lucha contra el contrabando como Dian, Polfa, Uiaf, Invima y el ICA, y en la conformación de una Comisión Interinstitucional, rectora de la política anticontrabando.
En lo que hace referencia a lo penal, la gran novedad radica en la inclusión del contrabando como una conducta constitutiva de lavado de activos y el aumento de las penas.
Lo anterior significa, de acuerdo con el Ministerio de Hacienda, que quien incurra en estas actividades no solo deberá responder por el delito de contrabando, sino que será también responsable de una conducta típica adicional que es el lavado de activos, siempre que la finalidad sea encubrir u ocultar el origen ilícito de estos bienes.
En esas acciones están el contrabando en general, el de hidrocarburos o sus derivados, el fraude aduanero, el favorecimiento y la facilitación del contrabando, así como el favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas.
En la actualidad, el Código Penal contempla unas penas de prisión entre 3 y 5 años cuando la mercancía sea de cuantía superior a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes (32’217.500 pesos), y de 5 a 8 años cuando la cuantía sea mayor a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (128’870.000 pesos).
Sin embargo, con esta ley, esas penas para el contrabando de mercancías aumentan hasta en cuatro años, es decir, llegan a unos máximos de 8 y 12 años, respectivamente.
La ley combate además el contrabando de hidrocarburos, por lo que duplica las penas para el contrabando de más de 80 galones, pues el Código Penal hasta ahora establece una pena máxima de 8 años, mientras que la nueva norma eleva esa pena hasta 14 años y prevé una pena de hasta 16 cuando el volumen supera los 1.000 galones.
En relación con los funcionarios públicos que participan en actividades de contrabando, para los que el Código Penal actualmente solo prevé una pena de prisión de máximo 8 años cuando la cuantía supera los 50 salarios mínimos, la Ley Anticontrabando establece una pena de prisión hasta de 8 años cuando la cuantía es menor a 50 salarios mínimos.
En adelante, esa pena puede ser hasta de 13 años cuando es superior a 50 salarios mínimos y llegaría a 15 si el valor de la mercancía es superior a 200 salarios mínimos, o a 16 años si recae sobre hidrocarburos en más de 500 galones.
Igualmente, teniendo en cuenta el impacto del contrabando sobre la productividad y el empleo, la ley incluye modificaciones para el delito conocido como receptación (venta o adquisición de productos de contrabando) respecto a productos especialmente sensibles para la economía.
Aumento de la pena
Eso significa que cuando el delito recaiga sobre productos agropecuarios como arroz, papa, cebolla, huevos, etcétera, medicamentos o vehículos, entre otros, la pena impuesta puede aumentar hasta en la mitad.
La Ley Anticontrabando contempla también la unificación del impuesto al consumo, puesto que, como señala el Ministerio de Hacienda, hoy en día cada departamento tiene su propio régimen sancionatorio, con multas y sanciones diferentes, lo que permite la elusión y evasión de este impuesto, que se aplica sobre cigarrillos y licores.
La medida, entonces, unifica el tipo de sanciones aplicables, las reglas para el decomiso de mercancías y las condiciones de la suspensión o cancelación del registro o autorización de operaciones.
Entre las sanciones que se unifican se incluye la que opera por no declarar el impuesto al consumo, por importación con franquicia sin pago de este impuesto, por extemporaneidad en el registro, por no movilizar mercancías dentro del término legal y por no radicar tornaguías para legalización.
El fortalecimiento de las entidades que luchan contra el contrabando se dará al facilitar el intercambio de información, mejorando los laboratorios para pruebas técnicas y promoviendo la articulación de procedimientos y protocolos que aseguren materiales probatorios o evidencia física.
Discusión con comerciantes puede terminar llevando nuevo proyecto al Congreso
Albeiro Camacho, presidente de la Federación de Sanandresitos de Colombia (Fesacol), afirmó que lo aprobado fue una Ley Anticontrabando que criminaliza a los pequeños comerciantes.
“Las penas contra los narcotraficantes crecieron y eso no los acabó. Aquí lo que hay que mirar es una ley que sea justa y acorde a todos los sectores, que se quiten las barreras administrativas, que haya igualdad de condiciones para todos los importadores y acaben los monopolios y oligopolios que el Gobierno tiene protegidos”, dijo Camacho, y anunció el acuerdo con los ministros de Hacienda y Comercio de radicar el 20 de julio un nuevo proyecto de ley si hay necesidad de modificar algunos artículos de la ley.
El senador Iván Duque dijo que donde hayan quedado vacíos, el compromiso del Gobierno es presentar nuevos instrumentos de carácter normativo que corrijan esos errores y que eso así lo aceptó el ministro de Hacienda.
‘Hay vigilancia total’
El comandante de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), general Gustavo Moreno, indicó a EL TIEMPO que, pese a ser el soborno la primera arma disponible de los contrabandistas, “los funcionarios ocupan cargos acá luego de someterse a estrictas regulaciones”.
El oficial explicó que hay dos tipos de control: el primero es la escogencia de policías con alto grado de idoneidad y calificación. “A esta dependencia no llega nadie al azar”, recalcó. Un segundo, igual de estricto, es el seguimiento al entorno y al patrimonio familiar, en primer grado de consanguinidad y primero de afinidad.
“A cada funcionario se le lleva una carpeta donde se relacionan sus bienes (muebles e inmuebles) y los de sus familiares; cada persona debe actualizar semestralmente esa información”, destacó el brigadier general.
Por último, solo se les permite usar los teléfonos de dotación de la Polfa, por lo cual es posible rastrear al funcionario las 24 horas del día.
Oposición ayudó a superar últimos obstáculos de ley
La Ley Anticontrabando, aprobada definitivamente este jueves por el Congreso, tuvo un particular ‘empujón’ durante su trámite final, pues el principal partido de oposición, el Centro Democrático, resultó ayudando a conjurar una crisis que se desató con pequeños comerciantes.
El miércoles, en el edificio antiguo del Congreso, el senador Álvaro Uribe se reunió con voceros de los sanandresitos, para conocer los motivos de las multitudinarias marchas en varias ciudades para expresar su descontento.
Los pequeños comerciantes argumentaban que algunos apartes de la norma los afectaban directamente, pues, según ellos, las altas sanciones por el comercio de cierta cantidad de mercancías podrían exponerlos como posibles contrabandistas.
La reunión de los sanandresitos con Uribe terminó el mismo día en una subcomisión de congresistas de distintos partidos, en la que estuvieron la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, y el de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
“El Centro Democrático propuso esta subcomisión, convencido de que la ley hay que aprobarla, porque el país tiene que dar una batalla frontal contra el contrabando, pero, al mismo tiempo, brindando toda la protección al pequeño comerciante”, dijo Uribe.
Luego, sobre las 4:30 p. m., esa subcomisión se reunió en la Subsecretaría del Senado, en el Capitolio, para avanzar en los acercamientos. En esa instancia, el representante del uribismo fue el senador Iván Duque, quien ayudó a mediar entre el Gobierno y los sanandresitos.
“Hay que velar para que el Gobierno Nacional cumpla con todos y cada uno de los puntos acordados, porque esto nos va permitir tener una sociedad en la que los pequeños comerciantes van a poder tener mejores condiciones de competencia y mejores instrumentos para poder tener una mercancía totalmente lícita”, enfatizó Duque.
En esa reunión también estuvo otro de los más duros críticos del Gobierno, el senador del Polo Jorge Enrique Robledo, quien compartía los argumentos que llevaron a los pequeños comerciantes a las marchas de protesta.
Al final, con la mediación de la oposición, se lograron acuerdos que permitieron levantar las protestas y que el Congreso le diera luz verde a la ley.
Ahora se espera que, a más tardar la próxima semana, el presidente Juan Manuel Santos sancione esta ley para que comience a regir.
Fuente: Eltiempo
