El contrato con el que el Fondo de Vigilancia y Seguridad (FVS), en el 2010, pretendía dotar de cámaras a Bogotá, con el fin de implementar un sistema de videovigilancia, habría puesto en riesgo al menos 23.000 millones de pesos.
Así lo advierte la Contraloría de Bogotá, en su más reciente informe, en el que señala que podría tratarse de un detrimento patrimonial, dado que parte de los equipos se compraron por encima del valor real.
Para el subsistema de patrullas, por ejemplo, los sobrecostos alcanzarían los 1.042 millones de pesos; para el de vigilancia en colegios, los 3.186 millones de pesos; para el subsistema en las fronteras de la capital, 368 millones, y para el de domos, 558 millones.
La idea con este contrato, además, era que las cámaras fueran interconectadas a través de centros de comando operativo, lo que permitiría hacer un control inteligente de la seguridad, pero esto también está pendiente.
Cinco años, y nada
Señala también la Contraloría que, a pesar de que en el 2015 se cumplieron cinco años de la firma entre el FVS y la empresa Verytel S. A. –contrato 620 de octubre del 2010–, actualmente no hay un sistema efectivo de videovigilancia y, por lo mismo, no se le ha garantizado a la ciudad los beneficios que este debía traer.
Esto, desde la administración del exalcalde Samuel Moreno y, posteriormente, durante la del exalcalde Gustavo Petro, que no concretó la ejecución del contrato.
Y las cifras oficiales así lo demuestran. La administración actual se encontró con que de las 500 cámaras de seguridad que hay en Bogotá, al menos 263 están dañadas. Eso, sin mencionar las que ya no sirven porque su tecnología ya es obsoleta.
La situación, además de dificultar el monitoreo permanente en la ciudad para evitar y contrarrestar los delitos, la entrega de información a las autoridades en tiempo real y el aumento de la capacidad de vigilancia en la ciudad, obstaculiza el trabajo de la Policía para resolver un caso y dar con los responsables.
EL TIEMPO consultó a un investigador sobre el tema y aseguró que “las cámaras de seguridad son claves. Cuando se utilizan las que están previamente instaladas en la calle y que son para monitorear, usted se remite al sitio donde se monitorea la cámara, hace una inspección judicial y recolecta el video que es una prueba contundente”, señaló. Es decir, sirven a la hora de hacer una judicialización.
Pero insistió en que son pocos equipos los que están en funcionamiento. “Es difícil. No en todos los lugares las hay y las que están, me atrevo a decir, son obsoletas en un 80 por ciento, ni siquiera graban en HD, por lo que –insistió– para el dictamen de identificación de una persona no sirven”.
El problema del recurso tecnológico de la ciudad es tal que uno de los retos de la actual gerente del FVS, Sandra Borráez, quien asumió el cargo en enero, tiene que ver con la construcción e implementación del Centro de Comando y Control, donde se monitorearían esas cámaras.
Riesgo fiscal
Con el contrato, por un valor inicial de 30.924 millones de pesos, que con adiciones terminó en 40.277 millones, se garantizaba la adquisición de cámaras de seguridad para 57 patrullas de la Policía; 192, para colegios o inmediaciones a ellos; cámaras móviles y fijas, con un sistema de grabación digital, sistema de reconocimiento de placas y sistema de análisis de video, en cuatro vías de acceso a la ciudad, para cubrir un total de 12 carriles y 20 cámaras móviles tipo domo, que debían ser ubicadas en postes, en las localidades de Teusaquillo (2), Antonio Nariño (6) y Puente Aranda (12).
Sin embargo, el ente de control señala en su informe que ninguno de los subsistemas funciona y no hay una conexión con el centro de mando de la Policía.
Fuente: Eltiempo
