La Sección Tercera del Consejo de Estado, al estudiar una demanda de reparación directa sustentada en la privación de la libertad ordenada bajo el procedimiento reglado por la Ley 600 del 2000, reiteró que, en armonía con la tesis sostenida por la Corte Constitucional, su jurisprudencia ha asegurado que los informes de inteligencia carecen de valor probatorio por tratarse de pruebas recaudadas fuera del proceso penal, las cuales no han sido controvertidas contra las personas que se pretenden aducir. En efecto, advirtió que solo deben considerarse como meras hipótesis no verificadas que, en todo caso, sirven para orientar la investigación y...
