El reconocimiento facial es una tecnología que cada día toma más fuerza. De hecho, hoy es parte de la cotidianidad de un gran porcentaje de colombianos que interactúan con ella mediante acciones tan simples como desbloquear un celular. En países como China, por ejemplo, su aplicación es masiva en las ciudades, llegando al punto de ser requisito para trámites como registrar una tarjeta SIM de telefonía celular.
En Colombia hay empresas que implementan estos sistemas para validar el ingreso de su personal a zonas restringidas, e incluso la Policía lo utiliza como una herramienta de vigilancia en protestas y partidos de fútbol. De todas sus aplicaciones, la seguridad ciudadana es uno de los campos más delicados al hablar de esta tecnología.
En marzo del año pasado, en Buenos Aires (Argentina), una empleada doméstica que se movilizaba por el metro subterráneo fue detenida luego de ser identificada por uno de estos sistemas. Los agentes de la policía la sacaron del vagón, mientras la gente le gritaba “chorra” ─ladrona─.
Según medios de comunicación locales, la mujer pasó casi 12 horas detenida e incomunicada antes de que las autoridades la dejaran libre tras percatarse de que la habían confundido con otra persona. Ella fue uno de los 41 casos de “falsos positivos” que, según información del gobierno de Buenos Aires, ocurrieron a julio de 2019.
Sin embargo, el 83 % de las 1.043 personas que fueron detenidas utilizando esta tecnología terminó en la cárcel por orden judicial. Hay que aclarar que, en países como Colombia, los jueces han reconocido que carecen de una alfabetización en temas digitales.
¿Vale entonces la pena implementar este tipo de tecnologías, a pesar de sus riesgos? Esa es la pregunta que se formulan algunos expertos en privacidad como Juan Diego Castañeda, quien es abogado investigador de la Fundación Karisma, al analizar la presencia del reconocimiento facial en Bogotá por medio de las aeronaves de la Policía.
“El helicóptero Halcón, por ejemplo, debe tener una base de datos para entrenar su sistema. La pregunta es de dónde saldrá el ‘dataset’ sobre el cual van a comparar los rostros que capture la cámara de la aeronave. Además de cómo van a tratar los eventuales falsos positivos que arroje esa tecnología”, cuestiona el abogado.
El teniente coronel Wílmar Romero, responsable del Programa de Vigilancia Aérea Urbana de la Policía Nacional, explicó que las bases de datos que utiliza el Halcón provienen de Criminalística. En suma, lo que hace el sistema es mirar los rostros de las personas que va capturando el lente de la cámara y, si registra que hay uno que coincide con el de alguien que estén buscando, emite una alerta.
Se espera que a futuro esta base de datos sea robustecida con los rostros que aparecen en el archivo fotográfico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, además de los propios datos que vayan generando las aeronaves en cada sobrevuelo.
En cuanto a los eventuales falsos positivos que pueda generar este sistema, y el de los cuatro drones con reconocimiento facial que tiene la ciudad, Romero detalla que solo atenderán las alertas que indiquen una coincidencia facial que supere el 90 % de probabilidades.
¿A quién le pertenece su cara?
La cara, huellas, voz e iris de una persona son catalogados como datos biométricos. La Ley de Protección de Datos colombiana establece que estos son de índole “sensible”, por lo que en principio nadie está obligado a suministrarlos y ningún servicio se puede negar por lo mismo. Por ejemplo, si en su empresa le piden la huella para autorizar su ingreso, usted no tiene que entregar ese dato si no quiere y la compañía está en la obligación de otorgarle un mecanismo alterno.
Hay algunos casos en los que no se requiere la autorización del titular para el tratamiento de este tipo de datos, como la información requerida por una entidad pública o administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial, casos de urgencia médica o sanitaria y datos relacionados con el Registro Civil de las personas, entre otros.
Para Cecilia Pastorino, experta en seguridad informática de ESET, es importante que las personas tengan conocimiento de este derecho, pues si un dato biométrico cae en manos equivocadas corre el riesgo de que suplanten su identidad. Incluso se puede presentar el caso de que delincuentes roben la base de datos biométricos de una compañía y los vendan en el mercado negro de la Deep Web.
Sin embargo, en ciudades como Bogotá pareciera no tratarse con rigor este tipo de datos. Es común que las huellas dactilares sean pedidas como mecanismo de ingreso en empresas, gimnasios, universidades y hasta conjuntos residenciales.
El reconocimiento facial no es un caso aparte. Hay compañías que se dedican a vender cámaras con este tipo de tecnologías, como es el caso de GeoVisión.
Su gerente técnico, Juan Díaz, explicó que normalmente son utilizadas en compañías para autorización de personal en zonas restringidas, y por algunos almacenes para detectar personas que están en su “lista negra”. “Por lo general estas bases de datos están cifradas para proteger la información de las personas. Pero sí es muy posible que se generen falsos positivos, por lo que aún no consideramos que sea prueba suficiente para determinar al responsable de un delito”, detalló el directivo.
Este tipo de sistemas de vigilancia se pueden conseguir fácilmente en sectores como la carrera 9ª y hasta por Mercado Libre por precios que van desde $1’200.000. Es decir, pareciera que cualquiera puede comprar una de estas cámaras e instalarla en el espacio público.
Se vienen más “adelantos” en reconocimiento facial
La implementación de este tipo de tecnologías no se limita a la ciudad, ya que se espera que el sistema de 24 cámaras con reconocimiento facial que compró el Distrito para Transmilenio (en la administración de Gustavo Petro por cerca de $11.000 millones, $4.000 millones más de lo que se tenía
contemplado en un principio) llegue a funcionar correctamente en algún momento, cuando se solucione el problema que tienen con la falta de una base de datos.
Años atrás, estos dispositivos causaron una polémica que terminó en la inhabilidad del para entonces subgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad, Ricardo Ramírez. La razón, el excesivo costo de un sistema que no servía, pues nunca se contó con una base de datos que les permitiera a las cámaras contrastar información e identificar a presuntos delincuentes.
También está en el tintero la contratación de un sistema de identificación biométrica de rostros y palmas para la Policía Nacional de Colombia, proyecto en el que se han invertido más de $12.000 millones. Lo que se busca con estas tecnologías es, de nuevo, hacer capturas del rostro de las personas y cruzarlas con bases de datos de personas con investigaciones criminales.
Para Castañeda, además de los falsos positivos, uno de los problemas es que se trate el cuerpo como un dato, es decir, que una tecnología determine en un control fronterizo, por ejemplo, si alguien se considera una persona sospechosa simplemente por tener ciertos rasgos faciales. En suma, se está hablando de un futuro en el que todos podríamos ser sospechosos.
Esto en medio del escenario actual con el escándalo de las chuzadas, en el que se les acusa a las Fuerzas Militares de abuso de autoridad por el invasivo uso que les estarían dando a las tecnologías.
