Para 2018 la capacidad carcelaria debe ser de 80 mil cupos. Hoy hay 112 mil presos.
Desde 2012, cuando Ruth Stella Correa fungía como ministra de Justicia, el gobierno de Juan Manuel Santos ha venido anunciando un paquete de medidas para solucionar la crisis carcelaria. Parece que ese plan, por fin, toma forma. Son cinco medidas puntuales que ya están en marcha: un sistema de salud para los centros penitenciarios, la entrega de 12.000 cupos carcelarios, la construcción de cárceles mediante la asociación con el sector privado, la creación de una agencia de empleo para los reclusos que trabajen o estudien durante el cumplimiento intramuros de su pena y medidas, consensuadas con el Congreso, contra el “populismo punitivo”.
Han pasado más de dos años desde que el Ejecutivo anunció que llevaría al Congreso un proyecto para crear un sistema de salud exclusivo para las cárceles. Hoy está a punto de hacerse realidad, pero no a través de un proyecto, sino de un decreto del Minjusticia que ya está en la Casa de Nariño y al que solo le hace falta la firma del presidente. El Espectador conoció el articulado en el que se reglamenta la forma en que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) deberá hacer un estudio de la situación de salud de los presos, encontrar los factores de crisis y diseñar un modelo de atención que será coordinado con el Minsalud y el Inpec. Una vez elabore ese plan, la Unidad deberá, a través de una fiducia, contratar las entidades prestadoras del servicio intramuros y extramuros, que servirá, generalmente, a las personas con detención domiciliaria. Eso sí, aclara que el Modelo de Atención en Salud “se implementará de forma gradual”, para lo cual los ministerios y la Uspec definirán un cronograma cuya implementación no podrá exceder de un año, contado a partir de la expedición del decreto.
La nueva norma, de hacerse oficial, exigirá la implementación de modelos específicos de atención para mujeres, menores de tres años (caso de los hijos de las mujeres privadas de la libertad), adultos mayores, población con afecciones especiales como el VIH, población con patologías mentales y personas consumidoras de sustancias psicoactivas. También, dice que “cuando una persona deje de ser sujeto de custodia y vigilancia por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, el municipio en donde dicha población esté domiciliada deberá revisar su clasificación en el Sisbén” y realizar su inscripción si es que clasifica.
Por otro lado, el Ministerio de Justicia está haciendo sumas y restas para reducir el hacinamiento con un presupuesto limitado. Hoy, según cifras oficiales, hay cerca de 112 mil reclusos y la capacidad carcelaria es de 78 mil. Incluso, de acuerdo con el sindicato mayoritario del Inpec, el hacinamiento asciende al 53%. En ese sentido, el ministro Yesid Reyes se puso la meta de tener, en 2018, 12 mil cupos nuevos, que se conseguirán mediante la construcción de nuevas cárceles y modernización de algunas ya existentes. No obstante, Reyes es consciente de que no bastará y por eso, desde su despacho, el Gobierno valora la construcción de dos centros mediante asociaciones público privadas (APP). La iniciativa plantea retos como determinar cuál sería el papel del Estado, específicamente del Inpec, en estos complejos. Por ejemplo, en países como Estados Unidos, desde la década de 1980, empresas privadas son subcontratadas para construir, administrar y vigilar cárceles.
En el Gobierno también saben que de poco sirve la garantía de derechos fundamentales y la ampliación de cupos carcelarios si no se trabaja en fortalecer el carácter resocializador de los centros de reclusión. En ese sentido, el Minjusticia, en diálogo con la población carcelaria y los sindicatos del Inpec estudia la destinación de un presupuesto a la ampliación de oportunidades educativas y laborales para las personas privadas de la libertad. El primer paso de esa política es la inminente creación de una agencia de empleo denominada “la casa del pospenado”, donde puedan aplicar lo aprendido durante su período de reclusión.
En otro escenario, el del Congreso, los ministerios de Justicia e Interior tienen la orden de mover a las mayorías de la Unidad Nacional para que en junio quede aprobado el proyecto de ley, que ya pasó el primer debate, con el que se pretende regular la medida de aseguramiento preventiva. Según cifras del Minjusticia, los detenidos preventivamente son cerca del 30% de los reclusos y existen casos de personas enclaustradas que llevan nueve años esperando un juicio. La idea es que esta medida sea la última que conceda un juez en el momento de la imputación de cargos y que antes disponga otras precautelativas, como el bloqueo del pasaporte o la presentación periódica ante un juez, por mencionar algunas de las once que contempla el Código de Procedimiento Penal.
Esta es la primera puntada que dará el Gobierno para seguir las recomendaciones del Consejo Superior de Política Criminal, que ha dicho que, en buena medida, la sobrepoblación carcelaria obedece a una suerte de populismo judicial que ha llevado a los parlamentarios a asumir que el aumento de penas y la creación de nuevas conductas punibles reduce la criminalidad y la percepción de inseguridad de la ciudadanía, así como a los jueces a considerar que la cárcel es la única forma de mostrar efectividad en la justicia.
Fuente: Elespectador
