Es el momento de hacer planteamientos nuevos para ayudar a un sistema judicial que necesita ser reestructurado. No es concebible que Colombia sea el sexto país con la justicia más lenta del mundo de acuerdo al reporte Doing Business 2018 del Banco Mundial; que tan solo cuente con 11 funcionarios judiciales por cada 100.000 habitantes; que exista una congestión de más de cuatro millones de procesos judiciales y se presenten actos de corrupción en el sistema judicial.
Los problemas estructurales son numerosos y es necesario identificar sus causas. Un acercamiento entre las tres ramas del Poder Público, los empleados judiciales, los usuarios de la administración de justicia y los abogados sería apropiado para que identifiquen de manera exhaustiva esos problemas que limitan la prestación y el acceso al servicio de justicia en Colombia.
En el país se han presentado diversas reformas a la justicia que han resultado fallidas y otras propuestas, como la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, la implementación de un examen de Estado para ejercer la abogacía, la adopción de un sistema de elección de los magistrados de las altas cortes basado en la meritocracia y la eliminación de las funciones electorales y de postulación que actualmente ejercen.
En ese contexto, otra solución podría ser la Inteligencia Artificial (IA) como una herramienta útil para identificar esos problemas estructurales y, probablemente, resolverlos. ¿Propuesta utópica? En lo absoluto. La IA, a través de la programación de algoritmos que aprenden por sí mismos, busca emular la forma en cómo las personas adquieren conocimientos, maximizando la cognición humana, que se cimenta en tres pilares fundamentales, que son: entender, razonar y aprender.
¿Cómo maximiza el conocimiento la IA? Mientras que la información que procesa una persona puede llegar a viajar a una velocidad de 120 metros por segundo, en los circuitos electrónicos, la información puede llegar a viajar a la velocidad de la luz. Esto significa que la IA tiene la potencialidad de procesar la información de veinte mil años de trabajo intelectual de un ser humano en tan solo una semana.
Desde luego, la IA sería útil para identificar esos problemas estructurales y procesar la información de los más de cuatro millones de expedientes que congestionan la Rama Judicial, para determinar, por ejemplo, el objeto de cada controversia, el problema jurídico que se debería resolver, las pruebas que se requerirían en caso de ser necesarias para emitir un fallo y, especialmente, los fundamentos de hecho y de derecho relevantes para resolver la controversia. Toda esta información se sujetaría a la revisión y análisis del juez o magistrado que, en ejercicio de su autonomía judicial, proferirá el fallo.
También, serviría para procesar y depurar cerca de 5.967.000 normas expedidas en Colombia desde la creación del Congreso de la República, así como las miles de sentencias proferidas por jueces y magistrados de todo el país. No es posible exigir a ningún abogado, funcionario judicial o residente en Colombia que tenga pleno conocimiento de toda esta normativa y jurisprudencia, así lo exija la regla del Código Civil colombiano que establece que la ignorancia de la ley no sirve de excusa.
Como evidencia de lo anterior, Australia es el tercer país con la justicia más rápida del mundo. Por su parte, EE UU ocupa el decimosexto puesto. Ambos países se han destacado a nivel mundial por ser pioneros en la implementación de nuevas tecnologías para administrar justicia. En ambas jurisdicciones se han indagado y realizado planteamientos sobre la pertinencia de utilizar la IA en sus sistemas legales, especialmente, por el auge que se está presentando en el sector privado, con iniciativas y desarrollos como ROSS, Lex Machina, Casetext, LegalZoom, eBrevia, Turbo Tax, Legal Sifter y LawGeex, que han sido puestas a prueba por firmas de abogados y usuarios de la administración de justicia en EE UU.
Así las cosas, los resultados del análisis de la información procesada por un sistema de IA en Colombia podrían indicar con mayor certeza y fundamento el estado actual del sistema judicial y los puntos sobre los cuales se debería restructurar la justicia. La información recaudada tendría que atender a cualquier postulado axiológico, moral y ético que suprima todo acto de corrupción, propenda por la seguridad jurídica y garantice la prestación del servicio de justicia en el país.
Fuente: Camilo Narváez López. Abogado Universidad Externado de Colombia
