En un evento auspiciado por la Embajada de Suiza donde se expresaron dilemas, retos y lecciones aprendidas por el sector privado, Alexandra Guáqueta, alta funcionaria del Ministerio del Posconflicto, dijo que el tema se está discutiendo en el Sistema de Innovación y Competitividad.
El Gobierno está explorando si establece un marco de incentivos para las empresas que colaboren en las tareas urgentes que debe emprender el país a partir de la firma de los acuerdos con las Farc, y que están previstas para los dos años siguientes, con el fin de que la paz sea sostenible. Así lo anunció ayer Alexandra Guáqueta, directora para el posconflicto del Ministerio del Posconflicto en el marco del foro ‘Las empresas en el posconflicto: dilemas retos y lecciones aprendidas’, que organizaron la Embajada de Suiza y el Gobierno Nacional.
Esta posibilidad está siendo discutida con el Comité Técnico de Competitividad sobre Empresas y Construcción de paz, el cual fue creado dentro del Sistema de Innovación y Competitividad. “Necesitamos entender qué herramientas usar, porque lo que no podemos hacer es decirles a las empresas: ‘Vayan solas, inviertan en el (sector) rural disperso. Tenemos que hacerlo juntos. Hay necesidad de hacer todo un acompañamiento por ejemplo en estándares de procesos de compra de tierras y estándares de obras”, precisó la funcionaria.
Existe un interés especial en que esta vinculación se dé, entre otras cosas, para desatrasar las vías terciarias y obras de infraestructura como colegios y placas deportivas. Ya se están estudiando posibilidades de usar las alianzas publico-privadas (APP) que hoy día se emplean para grandes carreteables.
“Se están analizando distintos modelos de alianzas que se puedan hacer, por ejemplo entre las compañías de cemento, las constructoras de infraestructura, las administraciones locales y los ministerios, para resolver estas necesidades”, añadió Guáqueta.
Esto tendría una aplicación más directa en 300 municipios del territorio nacional que ya fueron focalizados, tanto por las brechas socioeconómicas que padecen como por su afectación a causa de la violencia.
El Ministerio del Posconflicto viene haciendo contactos con el sector privado para concretar cuál será su rol en la etapa que sigue, pues se entiende que este tiene un papel fundamental en la generación de empleo para los desmovilizados, pero también en el restablecimiento del tejido social.
En los encuentros, los empresarios han manifestado sus inquietudes sobre los acuerdos que se están discutiendo en Cuba con la guerrilla. Según Guáqueta, las preguntas más reiterativas son sobre el punto 2 del acuerdo, que habla de participación; el calendario de implementación de los compromisos y el modelo de gestión que se aplicará; el alcance del ítem que habla de la protesta social y lo relativo a ordenamiento territorial.
Otra inquietud que se presenta con frecuencia tiene que ver con la seguridad y la presencia estatal en las zonas que hasta ahora han tenido el control social de la guerrilla, para que no aumenten fenómenos como las reclamaciones sociales por vías de hecho, los robos, la extorsión y el contrabando.
En el mismo evento, la ministra consejera para el Sector Privado, Competitividad y Equidad, Carolina Soto, reiteró que no se ha pensado en más impuestos a las empresas para financiar la paz, aunque sí en eliminar muchas exenciones actuales y en ampliar la base de contribuyentes.
EJEMPLOS PARA EL POSCONFLICTO
En un panel que se realizó dentro del evento, cuatro compañías presentaron experiencias que podrían ser tomadas como ejemplo por sus colegas en el momento actual y en la etapa del posconflicto.
Aunque no estuvo presente, a través de un video, el líder de responsabilidad corporativa de ABB, Ron Popper, indicó que las empresas no pueden ni deben reemplazar al Estado, pero también aclaró que el compromiso de estas va más allá de la filantropía. Entre otras cosas, incluye el hacer un reporte transparente de sus resultados.
Por su parte, Christian Frutiger, encargado mundial de asuntos corporativos de Nestlé, recordó el papel que ha jugado esa multinacional en lugares agobiados por la violencia. Relató que, por ejemplo en Sri Lanka, en un conflicto de más de 30 años, que dejó un millón de refugiados y miles de desplazados internos, no salieron durante las confrontaciones, de manera que 1.200 empleados mantuvieron su fuente de sustento. Fuera de eso, tras lograr la paz, se creó un distrito ganadero con el que aumentaron la productividad de los campesinos en un 45%. Algo parecido ocurrió en Costa de Marfil, principal productor global de cacao, tras el golpe de Estado de 1999.
En Colombia, la firma hace presencia desde hace más de cuatro décadas y su aporte, dice Frutiger, ha sido en generación de empleo y formalización. Actualmente Nestlé posee dos distritos lecheros en Caquetá (zona de influencia de las Farc) y Cesar, así como cinco fábricas. Pero además sostiene un centro de conciliación y participa de un programa de primera experiencia laboral para jóvenes. Igualmente, un programa suyo busca mejorar la productividad de más de 50 mil caficultores.
Margarita Díez, especialista en paz y derechos humanos de Isagen, destacó la metodología de intervención desarrollada por ellos para que la protesta social no agrave conflictos en los sitios donde ejecutan proyectos de generación de energía. Igualmente, habló de las labores humanitarias que siguen con víctimas.
María Fernanda Perdomo, de Ecopetrol, esbozó el trabajo de derechos humanos hecho en unión con el sindicato. Algunos de sus ejes son la recuperación de la memoria y la promoción del Magdalena Medio como territorio de paz. “Entendemos que la memoria no se restringe a la narrativa del dolor, sino que hay hechos de resistencia y resiliencia que se deben destacar”, apuntó la especialista.
Fuente: Portafolio
