Empleadores deben solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo para terminar contratos bajo la nueva Circular 0120 sobre Estabilidad Laboral Reforzada 2025.
Nuevos Lineamientos del Ministerio del Trabajo para la Estabilidad Laboral Reforzada en 2025
Protección reforzada para trabajadores con condiciones de salud o discapacidad
El Ministerio del Trabajo emitió la Circular Interna 0120 del 17 de noviembre de 2025, reafirmando su compromiso con la protección de los derechos laborales de personas con discapacidad o condiciones de salud que requieren estabilidad laboral reforzada. El objetivo es unificar criterios, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar decisiones oportunas, claras y con enfoque de derechos frente a solicitudes de autorización de despido o terminación contractual. (Estabilidad Laboral Reforzada 2025)
Obligación de solicitar autorización previa antes de un despido
La Circular recuerda que todo empleador, nominador o contratista debe pedir autorización previa al Ministerio para finalizar la relación laboral con una persona protegida por estabilidad ocupacional reforzada. No cumplir con este requisito puede conllevar:
- Reintegro
- Pago de salarios dejados de percibir
- Indemnización de 180 días
- Incluso la obligación de implementar ajustes razonables y readaptar el puesto de trabajo.
Verificación del carácter no discriminatorio de la terminación
Los Inspectores de Trabajo deberán confirmar que la terminación no sea discriminatoria y que existan razones objetivas, demostrables y justificadas. Esta instrucción se refuerza con la Sentencia SU-111 de 2025, que ordenó establecer un procedimiento claro y eficiente para estas solicitudes, garantizando rigor y protección a los trabajadores vulnerables. (Estabilidad Laboral Reforzada 2025)
Marco jurídico que respalda la protección laboral reforzada
El Ministerio fundamenta estos lineamientos en normas internacionales y nacionales que promueven la inclusión laboral, la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras. Entre ellas:
- El Convenio 159 de la OIT.
- La Convención Interamericana contra la Discriminación por Discapacidad.
- La Convención de la ONU.
- La Ley 1618 de 2013, la Ley 361 de 1997.
- La reforma laboral (Ley 2466 de 2025), que refuerza la obligación empresarial de contratar y mantener trabajadores con discapacidad.
Alcance de la estabilidad reforzada según la jurisprudencia
La Corte Constitucional ha reiterado que esta protección aplica sin necesidad de una calificación formal de pérdida de capacidad laboral: basta con que exista una condición de salud que afecte el desempeño, sea conocida por el empleador y no exista una causa objetiva para la terminación.
Importante: Este amparo cubre contratos indefinidos, temporales, de prestación de servicios y contratos de aprendizaje cuando hay riesgo de discriminación.
Rol del inspector frente a justas causas o bajo rendimiento
La Circular precisa que la estabilidad reforzada no implica inamovilidad absoluta, pero exige un análisis estricto. Si la terminación se fundamenta en una justa causa, el inspector debe verificar que el empleador cumplió rigurosamente con el debido proceso: descargos, actas, pruebas, decisiones motivadas y ausencia de discriminación. Cualquier inconsistencia conduce a negar la autorización.
Evaluación de ajustes razonables y reubicación laboral
Un elemento clave es la verificación de los ajustes razonables, especialmente cuando el empleador argumenta bajo rendimiento asociado a la salud. El inspector debe analizar si la empresa:
- Evaluó solicitudes de ajuste.
- Implementó medidas de readaptación.
- Exploró opciones de reubicación.
La falta de estas gestiones puede invalidar la solicitud de despido.
Terminación por causales objetivas y fin de contratos
Cuando se alegan causales objetivas —incluyendo finalización de contratos a término fijo o cumplimiento de plazo— el Ministerio aclara que esto no es suficiente. El inspector debe constatar que realmente cesaron las causas del vínculo y que no existe posibilidad de continuidad ni de reubicación. La estabilidad reforzada sigue aplicando incluso en contratos de servicios o aprendizaje. (Estabilidad Laboral Reforzada 2025)
Pruebas y documentación exigida al empleador
La Circular detalla los requisitos formales que deben acompañar la solicitud de autorización:
- Exposición clara de los hechos.
- Pruebas de la causal.
- Documentos del proceso disciplinario.
- Copia del contrato y dirección de notificación del trabajador.
Si la solicitud se basa en imposibilidad de reubicación, deben incluirse estudios de puesto, evidencias de ajustes razonables, conceptos médicos laborales y certificaciones de la ARL.
Procedimiento administrativo estricto y garantista
Las solicitudes serán repartidas por el Grupo de Atención al Ciudadano y, una vez asignadas, el inspector deberá abrir actuación administrativa, practicar pruebas y, si es necesario, realizar audiencia con empleador y trabajador.
- El trámite debe garantizar igualdad procesal, accesibilidad y trato preferente para personas con discapacidad.
- Si la solicitud está incompleta, el empleador tendrá un mes para corregirla; de no hacerlo, se declarará desistimiento tácito.
Casos con pensión de invalidez y decisiones motivadas
Cuando un trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral ≥ 50% y cumple requisitos para pensión de invalidez, la autorización puede concederse si existe reconocimiento y notificación efectiva de la pensión.
Todas las decisiones deben ser motivadas, coherentes con las pruebas y emitidas con enfoque de género. El inspector cuenta con un plazo máximo de tres meses para resolver cada solicitud.
Sistema obligatorio de información y seguimiento
Finalmente, la Circular implementa un sistema de registro obligatorio para todas las solicitudes, que las Direcciones Territoriales deberán reportar con variables como sector económico, motivo de la solicitud, género, fecha de decisión y resultado. Esta información permitirá generar indicadores, fortalecer la inspección laboral y mejorar el seguimiento institucional. El Ministerio resalta el papel fundamental de las Direcciones Territoriales para garantizar la protección efectiva de los derechos laborales. (Estabilidad Laboral Reforzada 2025)
Fuente: Ministerio del trabajo
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