La ley les confiere numerosos privilegios como horarios reducidos, jubilaciones y salarios.
Tener un “trabajo de perros” ha dejado de ser algo negativo en Colombia, donde la ley les confiere a los caninos numerosos privilegios como horarios reducidos, jubilaciones anticipadas y salarios en especie.
“Estos animalitos trabajan más bueno que cualquiera. Ahí es cuando decimos: ‘quién fuera perro'”, indicó un vigilante de un banco en el norte de Bogotá, quien acompaña a Luna, que para 2014 espera estar retirada.
Como ella, miles de sabuesos más prestan sus servicios alrededor del país,unos 3.500 solo en la capital, como parte de la lucha contra el terrorismo y las drogas que el Estado colombiano y las empresas de seguridad privada han emprendido desde hace más de dos décadas.
“Luego de tantos antecedentes, un buen perro nos da la seguridad a nosotros y a nuestros visitantes de que no van a entrar personas con elementos extraños o contaminados”, explicó a Javier Martínez, responsable de la seguridad en un reconocido edificio bogotano, que en 2010 sufrió un atentado con coche bomba.
Precisamente, el poderoso olfato de estos animales, unido a su alta capacidad de adaptación y aprendizaje, ha seducido a numerosas empresas, bancos y negocios colombianos y alimentado una tendencia que, según cifras del Ministerio de Defensa colombiano, ocupa a más de 40 empresas del sector en todo el país.
Razas como los labradores y los golden retriever, para la detección de explosivos y narcóticos, así como los rottweiler, pastor alemán, boxer y fila, para la defensa, la vigilancia y el ataque, son los preferidos, según la Policía colombiana.
Los caninos han llegado a altas instancias de Organismos de Protección del Estado, el Ejército, la Bolsa de Valores de Colombia, hospitales y equipos de rescate. Según los registros del cuerpo oficial de bomberos de Bogotá, el reconocimiento de estos perros entrenados en Colombia “ha llegado tan lejos” que han viajado para colaborar con equipos de rescate luego de sucesos como los atentados terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos (2001) y el terremoto de Haití (2010).
Dicha capacidad laboral, que reporta un 0 % de desempleo frente al 7,8 % de sus pares humanos, llevó a la creación, en 1994, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SuperVigilancia), entidad encargada del control a las instituciones que ofrecen el servicio de los caninos. Desde su puesta en funcionamiento, la dependencia ha controlado el tiempo total de trabajo de los animales, que según varios decretos no deben superar las seis horas con relevos constantes cada 120 minutos, y ha estipulado “expresamente” que su pago se realice con “juguetes, huesos, o artículos comestibles” de su agrado.
Asimismo, se ha reglamentado que la “edad de jubilación” de estos animales no supere los siete años de edad, que para envidia de los humanos colombianos es 15 años menor el equivalente de trabajo que ellos deben cumplir (60 años en hombres y 55 años en mujeres).
Para ejercer esta actividad los animales deben superar varias pruebas de adiestramiento, poseer un chip de identificación y tener un lugar adecuado de descanso. En promedio, contratar el servicio de uno estos animales podría rondar entre los 600.000 pesos y los 800.000 pesos (entre 300 y 400 dólares), como se constató en varias empresas de seguridad de la capital.
Sin embargo, no todos apoyan que los perros sean trabajadores.Organizaciones que promueven la defensa de los animales se han opuesto durante años a su participación en estas labores e incluso han considerado la actividad como “un negocio ficticio”, pese a la regulación gubernamental.
“En ocasiones los perros no han sido entrenados y otras veces, debido a los turnos de trabajo, que pueden ser de todo un día, ya no olfatean por cansancio y son obligados, incluso con golpes, a seguir haciéndolo”, denunció Norman Garavito, inspector de protección animal de otras especies de la Fundación Amigos del Planeta (FAP).
Garavito aseguró que ha encontrado “evidencias”, durante labores de revisión de la FAP con otras organizaciones similares, que las empresas de vigilancia hacen esto “por negocio”, pues aunque el pago mensual para el binomio vigilante-perro debería ser de unos ocho salarios mínimos legales (unos 2.500 dólares), esto no se cumple.
Ante estas denuncias, la SuperVigilancia confirmó que se “están realizando las revisiones” pertinentes y que de llegar a encontrarse las irregularidades “se aplicará el régimen sancionatorio” estipulado para estas situaciones. A pesar de ello, la fiebre por los perros guardianes en Colombia continúa y en aumento, pues como lo ha resumido Martínez, es “la mejor manera para quitarle a la gente esa percepción de inseguridad con una cara amigable”.
