El Mayor General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, por su amplia experiencia en las Fuerzas Públicas, es el encargado de enfrentar y solucionar la crisis del sistema carcelario que está atravesando Colombia.
El Mayor General Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, es Administrador Policial, Administrador de Empresas y Abogado, cuenta con una especialización en Ciencias Policiales y se ha desempeñado como profesor universitario por varios años. Asimismo, es especialista en Seguridad Integral de la Escuela Nacional de Policía General Santander, especialista en Derecho Administrativo
de la Universidad Externado de Colombia y terminó estudios de Maestría en Criminología y Victimología en la Escuela de Postgrados de Policía Miguel Antonio Lleras Pizarro.
Dentro de su amplia carrera en la Policía Nacional ha ocupado importantes cargos como Comandante de Sección en el Departamento de Policía Caldas, laboró en el Departamento de Policía Valle, Jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios y Secretario Privado de Comando Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. Además, realizó estudios en los Centros Académicos de la Policía Francesa y en la Universidad de Sorbona París II, fue Comandante del Palacio de Justicia y Altas Cortes y Subcomandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá y Comandante (E), entre otros tantos.
Por los excelentes resultados obtenidos en los diferentes cargos desempeñados en las Unidades Policiales, ha recibido 102 condecoraciones y 239 felicitaciones. Actualmente, el Mayor General Gustavo Adolfo Ricaurte es el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cargo que ocupa desde el 18 de diciembre de 2010.
Desde que asumió el cargo, en el sistema penitenciario colombiano se puede observar la innovación de los sistemas de comunicaciones internas y externas a través de la implementación de tecnología de punta y extensión de redes lo que ha permitiendo contar con el servicio de programas sistematizados, tendientes a incrementar la eficiencia y la seguridad de los servicios prestados por el Instituto. De igual manera, la política de renovación de cupos con la organización del ‘Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria’, ha despertado el interés y la colaboración sobre la materia en especial de las autoridades de los Entes Territoriales y de organismos internacionales para la construcción de Centros de Reclusión y en particular de Colonias Agrícolas que permiten un sistema menos rígido de tratamiento penitenciario tendiente a una real reinserción social del interno.
El INPEC adoptó el modelo de Talento Humano adelantando en conjunto con la Comisión Nacional del Estado Civil la convocatoria de ascensos para el personal del guardia, lo que permitió la adopción de profesiogramas como instrumento Técnico Científico para el ingreso de nuevos dragoneantes y se actualizó el registro público de carrera administrativa de cada uno de los empleados de carrera conforme a la normatividad legal vigente. 
La situación carcelaria en Colombia
La situación por la que está atravesando el sistema carcelario en Colombia es muy grave. De no establecer unas políticas claras que establezcan el adecuado funcionamiento de la administración judicial, el INPEC necesitaría construir un establecimiento de reclusión mensual para contrarrestar la crisis.
Los niveles de hacinamiento en las penitenciarías sobrepasa el 53%, de hecho, actualmente en los 142 cárceles hay alrededor de 40.586 presos de más, es decir que sobrepasan la capacidad. Según el INPCE hay 1.575 internos que ya cumplieron su pena, pero siguen privados de la libertad por negligencia judicial.
Adicionalmente, existen otras razones que inflan las cifras de los internos, las cuales van desde la falta de jueces de ejecución de penas hasta lentitud en los trámites. Entonces, se hace necesario mencionar que la actual crisis que atraviesa el sistema penitenciario colombiano es consecuencia, en gran medida, de las falencias de la administración judicial. Pues, a pesar de que se están llevando a cabo labores para el mejoramiento de la infraestructura carcelaria y se está invirtiendo en la adecuada anutención de los presos, un costo anual 11.540.372 millones de pesos por cada interno; de no reestructurar el Sistema Judicial Colombiano,
se espera que para el año 2015 el déficit presupuestal supere el 40%.
Los hechos hablan por si solos. Actualmente, en Colombia existen diversos casos de negligencia judicial, en la cual el INPEC no tiene ningún tipo de responsabilidad. En concreto es el caso de la situación de hacinamiento carcelario donde más de mil presos que ya cumplieron condena, son inocentes o simplemente se vencieron los términos de sus procesos por retrasos en las diligencias siguen dentro de las instalaciones de los centros de reclusión.
Por último, la reincidencia es otro de los factores que ha incidido en el hacinamiento, pues en la última década, el número de reincidentes aumentó en un 81%. En otras palabras, de los 116.000 presos, aproximadamente unos 15.000 ya habían estado tras las rejas.
