Debida diligencia y consulta de bases de datos en Colombia: claves para el PT
La debida diligencia y consulta de bases de datos en Colombia se ha convertido en un eje estratégico para la implementación de los Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), especialmente en sectores obligados como vigilancia, seguridad privada y transporte.
Actualmente faltan 12 días para que los obligados del sector de Vigilancia y Seguridad Privada pongan en marcha sus programas PTEE, y dos meses para 14 subsectores del sector Transporte. En este contexto, fortalecer los procesos de verificación y análisis de información resulta fundamental para prevenir riesgos de corrupción, soborno, fraude y soborno transnacional en la contratación pública y privada.
Importancia de la debida diligencia en la contratación pública y privada
La debida diligencia exige que las entidades estatales y los actores privados realicen un examen exhaustivo sobre potenciales contratistas, proveedores y condiciones contractuales. Este proceso permite identificar riesgos asociados a conductas ilícitas antes de formalizar acuerdos.
Además, la consulta sistemática de registros públicos, antecedentes judiciales, listas de sancionados y plataformas de contratación estatal constituye una obligación legal y una práctica recomendada. Su aplicación adecuada fortalece la transparencia y reduce la exposición a riesgos reputacionales, legales y financieros.
El uso de herramientas tecnológicas y bases de datos oficiales se ha consolidado como un pilar del marco normativo colombiano en materia de cumplimiento y ética empresarial.
Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) y protección de datos
El Portal Anticorrupción de Colombia (PACO) centraliza información pública tratada por distintas entidades y recopilada por la Secretaría de Transparencia. Esta herramienta opera en el marco del Sistema General de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022.
La Secretaría de Transparencia trata los datos personales conforme a los principios establecidos en la Ley 1581 de 2012, garantizando el derecho fundamental al habeas data. Los titulares pueden solicitar información, rectificación o eliminación de datos a través de los canales oficiales dispuestos por la entidad.
En cualquier momento, el titular puede acudir directamente al responsable del tratamiento —es decir, al administrador de la base de datos fuente— para solicitar la actualización o eliminación de información. Una vez realizada la modificación, la actualización se refleja en la plataforma.
PACO permite descargar la información en formatos manipulables como xlsx o csv, facilitando el análisis técnico y la gestión preventiva del riesgo.
(Puede interesarte este artículo: Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE: Delitos asociados a la corrupción)
Bases de datos obligatorias en el proceso de debida diligencia
Se propone que los datos sean compartidos a la ciudadanía en formatos que permitan su manipulación, como xlsx, csv, entre otros. Por lo que los datos contenidos en el presente portal están disponibles para su descarga y uso en los siguientes enlaces: (presione cada link para su acceso)
Multas y sanciones contractuales
Colusiones en contratación pública
Registro nacional de obras inconclusas
Matriz de instrumentos normativos
Para comprender a que corresponde cada base de datos para la consulta a realizar en el proceso de debida diligencia tenemos:
Boletín de Responsables Fiscales – Contraloría General de la República
La Contraloría publica trimestralmente el Boletín de Responsables Fiscales, conforme a la Ley 610 de 2000. Este documento incluye personas naturales o jurídicas con procesos de responsabilidad fiscal en curso. La responsabilidad fiscal surge cuando una conducta dolosa o culposa genera daño patrimonial al Estado.
Sanciones penales – Fiscalía General de la Nación
La Fiscalía administra bases de datos que registran delitos contra la administración pública, el orden económico y social, así como delitos contra mecanismos de participación democrática.
Multas y sanciones en el marco de la actividad contractual del Estado
El Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) publica actos administrativos que imponen multas, sanciones, inhabilidades o declaran caducidad contractual. Las entidades estatales deben reportar esta información de manera obligatoria.
Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad – SIRI
El SIRI consolida decisiones ejecutoriadas remitidas a la Procuraduría General de la Nación. Este sistema permite verificar antecedentes disciplinarios e inhabilidades vigentes.
Contratación pública registrada en SECOP I y SECOP II
SECOP funciona como el punto único de ingreso de información contractual financiada con recursos públicos. Allí se registran procesos de contratación, ejecución y actos administrativos asociados.
En paralelo, el Grupo de Recepción y Análisis de Peticiones (GRAP) de la Secretaría de Transparencia recibe y gestiona PQRSD relacionadas con posibles hechos de corrupción. También acompaña proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, promoviendo el control preventivo y la correcta ejecución de inversiones públicas.
Colusiones en Contratación Pública – Superintendencia de Industria y Comercio
La verificación de investigaciones o sanciones por prácticas anticompetitivas resulta clave para detectar acuerdos colusorios que afecten la libre competencia en procesos contractuales.
Registro Nacional de Obras Inconclusas – Contraloría General de la República
Creado por la Ley 2020 de 2020, este registro identifica obras civiles financiadas total o parcialmente con recursos públicos que no se han concluido satisfactoriamente. Permite evaluar la viabilidad técnica, física y financiera para su terminación.
Una obra inconclusa corresponde a proyectos que, un año después del vencimiento del plazo de liquidación contractual, no cumplen su finalidad ni prestan el servicio previsto.
Importancia de la debida diligencia y consulta de bases de datos en Colombia
La debida diligencia y la consulta sistemática de bases de datos constituyen herramientas fundamentales en la prevención y detección de la corrupción en Colombia. El marco legal colombiano reconoce la importancia de estos mecanismos, estableciendo obligaciones y procedimientos que buscan fortalecer la transparencia y la integridad en la gestión pública.
La utilización de bases de datos, tanto de contratos gubernamentales como de registros orientados a la detección de anomalías, permite identificar patrones y alertas tempranas de posibles actos corruptos, facilitando la toma de decisiones informadas y la implementación de controles efectivos. No obstante, persisten desafíos significativos relacionados con la calidad, interoperabilidad y acceso a la información, así como con la necesidad de capacitación técnica y actualización constante de las metodologías de análisis.
Los casos emblemáticos en Colombia demuestran que la debida diligencia, apoyada en el análisis de datos y el periodismo de investigación, puede contribuir de manera sustancial a la exposición y sanción de prácticas corruptas.
Fuente: Carlos Boshell Norman
