La corrupción debilita las instituciones democráticas y amenaza el desarrollo en América Latina.
Entender la corrupción para combatirla: amenaza estratégica en Colombia y América Latina
La corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad y la confianza en el Estado. Rompe y corrompe el comportamiento racional del Estado. De acuerdo con la definición de Transparencia Internacional, corrupción es el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos. Es un obstáculo para lograr el desarrollo sostenible de una comunidad o de un país. (Corrupción en América Latina)
Corrupción y deterioro de la legitimidad del Estado
La lucha empresarial contra la corrupción empieza a ser percibida como un elemento central de gestión para las empresas de nuestro continente. Este fenómeno ha vivido un cambio de marco jurídico en las últimas décadas. En Estados Unidos, a finales de los 70, el presidente Jimmy Carter dio unos primeros pasos tipificando como delito el soborno de funcionarios en el extranjero. Dos décadas más tarde serían la OCDE (1999) y el Convenio de la ONU contra la Corrupción (2005) los que empujarían la transformación del panorama legal de la corrupción en el sector privado. En los últimos años, la reforma del Código Penal ha impulsado de manera definitiva a las compañías a adoptar medidas de prevención de la corrupción.
Transformaciones legales y responsabilidad empresarial
Actualmente, la corrupción es una de las principales preocupaciones ciudadanas en América Latina. La sensación de que los poderes económicos se han mezclado con los políticos, logrando imponer sus intereses sobre las agendas ciudadanas, es generalizada. Escándalos de corte regional están acompañados de múltiples casos nacionales que cada día evidencian con mayor certeza este matrimonio de interés.
Las respuestas al problema han sido tenues en algunos países, generando procesos legales de escasa rigurosidad o agendas de reformas legales que avanzan lentamente. Mientras tanto, los ciudadanos desaprueban cada vez más la gestión política e incluso se alejan de la democracia, entregando su molestia y sensación de abuso a candidatos que se muestran como outsiders o de mano dura. En la mayoría de los casos, decisiones que constituyen verdaderos saltos al vacío en términos de gobernabilidad y políticas públicas para enfrentar los graves problemas sociales y ambientales que afectan a la región.
Gobernabilidad, democracia y respuestas institucionales débiles
Sabemos de los costos de la corrupción. Más allá de los esquemas vinculados a las empresas, múltiples señales muestran una cercanía peligrosa entre organizaciones criminales y poder político. Aun cuando hubo situaciones que inicialmente se explicaron por la corrupción en policías locales en países como México, El Salvador y Guatemala, se instaló luego la percepción de que se habían generado altos niveles de extorsión a policías, fiscales o jueces que actúan en concordancia con las organizaciones criminales, presionados por la amenaza de violencia. Múltiples son los casos en Brasil, Colombia, Ecuador, Jamaica y Perú donde estas situaciones se repiten de forma constante. También hay señales de un posible tercer camino de involucramiento directo de organizaciones criminales en la política, pasando del financiamiento ilegal de candidatos corruptos a la participación directa y la ocupación de puestos de poder que les permiten multiplicar los mercados ilegales e incluso legalizar actividades ubicadas en la zona gris entre lo legal y lo ilegal. (Corrupción en América Latina)
Las múltiples caras de la corrupción
La corrupción es un concepto polisémico que apareció en la agenda pública latinoamericana como problema de gobernabilidad en las últimas dos o tres décadas. Afecta la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad, perjudicando sobre todo a los más pobres. La literatura varía en la definición y metodología utilizada, lo que limita la comparación; sin embargo, es posible afirmar que los problemas de corrupción adquirieron notoriedad y centralidad en las últimas tres décadas, lo que puede estar vinculado con una mayor magnitud de los eventos.
La corrupción es un comportamiento que se desvía de los deberes formales de un rol público (electivo o nominativo) debido a ganancias privadas, o viola las reglas contra el ejercicio de ciertos tipos de influencia privada, incluyendo el soborno, nepotismo y apropiación indebida (Nye, 1967. Traducción de los autores).
Si bien puede ser criticada, establece un punto inicial de entendimiento de la problemática. Johnston propone cuatro síndromes de la corrupción definidos a partir de la forma como se intercambian el poder y el dinero, la fortaleza o debilidad del Estado, y la calidad de las instituciones políticas y sociales (Johnston, 2010). Este marco interpretativo es sugerente para la realidad latinoamericana, que vive un escenario marcado por contextos de alta violencia y riesgo, acompañados por procesos de rápido desarrollo económico y oportunidades políticas con instituciones débiles. El síndrome que llama “corrupción de clanes” se alimenta de un contexto marcado por pobreza e inseguridad generalizada, que torna a miles de ciudadanos en posibles seguidores con clara necesidad de protección. Es decir, contextos en los que el Estado de derecho se convierte en una ficción y la línea que separa el crimen organizado, los funcionarios públicos y los políticos corruptos se torna cada vez más débil.(Corrupción en América Latina)
Síndromes de corrupción y debilidad institucional en América Latina
Lo líquido de las fronteras entre lo legal, lo informal y lo ilegal se convierte en un campo fértil para el desarrollo de todo tipo de actividades cuyo objetivo es adquirir poder, dinero o ambos. Si bien estas actividades las desarrollan múltiples grupos, el poder no se concentra en su expresión pública o privada, sino en su característica personal (Johnston, 2010: 120). De esta forma, no se hace mención a un problema aislado o específico, sino más bien a uno sistémico centrado en la adquisición de riqueza y poder. Esta situación limita la definición de algunos hechos como corruptos, dado que el contexto de debilidad institucional se vincula con el desarrollo de incentivos perversos o zonas de mínima regulación. El crimen organizado se establece a consecuencia de esta coyuntura, pero es también un factor que la sustenta.
Tipologías sociales y percepción pública de la corrupción
En este marco de amplia variabilidad se retoma la propuesta de Heidenheimer (1989: 161), que propone una tipología de corrupción en tres tipos:
- Corrupción negra, que la élite y la opinión pública reconocen debe ser condenada y castigada;
- Corrupción gris, en la cual una parte de la élite quiere castigo, aun cuando la opinión pública se muestra ambivalente;
- Corrupción blanca, en la que ninguno de los actores considera necesario generar un mecanismo de castigo.
Es decir, en la definición de lo que merece castigo hay elementos históricos, culturales y simbólicos que desempeñan un rol clave. En el caso latinoamericano, esta propuesta teórica permite reconocer la dificultad de la definición por parte de la opinión pública, dadas sus características variables en lo temporal y lo geográfico.
¿Es la corrupción intrínseca a la democracia o una manifestación de sus debilidades?
Diversos estudios enfatizan esta interrogante. Sin embargo, en el análisis comparado de India y China, por ejemplo, se concluyó que la democracia en un país pobre no es más exitosa en combatir la corrupción que un gobierno autoritario, debido a los elementos estructurales de segregación, precarización e inseguridad mencionados (Sun y Johnston, 2009: 1-19). (Corrupción en América Latina)
Teóricamente, uno de los rasgos esenciales de la democracia es la capacidad de los ciudadanos para elegir a sus representantes, lo que debería ser una barrera fuerte para evitar la reelección de funcionarios corruptos. Pero la práctica muestra otra realidad: 75% de los congresistas acusados de corrupción son reelegidos, a pesar de los procesos judiciales y mediáticos en su contra.
Esta situación se explica con dos hipótesis:
- Falta de información;
- Percepción de que las ganancias superan las pérdidas.
Información, costos políticos y racionalidad electoral
Los resultados de los estudios son mixtos. En Brasil se encontró que parte importante de esta votación está vinculada a la falta de información, salvo para los sectores socioeconómicos más altos, que sí valoran el trade-off de elegir corruptos (Winters y Weitz-Shapiro, 2013). Sin embargo, los ciudadanos no son los únicos que hacen análisis costo-beneficio. En un estudio en Brasil, la hipótesis de que los alcaldes que pueden reelegirse evitarían actividades ilegales no se verifica; los factores clave son la magnitud de la renta que pueden obtener y las posibilidades de ser hallados culpables o expuestos por la prensa (Pereira, Melo y Figueiredo, 2009).
En muchos casos, para resolver estas tensiones, los actores locales utilizan esquemas de gestión de intereses o lobby. Es importante señalar que, por lo general, en América Latina no existe un lobbying profesional, ya que la presión política no se canaliza mediante vías formales como los partidos políticos, sino a través de redes personales. En este contexto, los actores corruptos no actúan solo con base en un análisis racional costo-beneficio, sino considerando su pertenencia a un “sistema paralelo de poder político, económico y social basado en la solidaridad y compensación entre sus miembros”. Estas redes no se activan en todo momento ni involucran a todos los actores, sino a “algunos funcionarios”, que negocian sobre “ciertos temas” y en “momentos específicos”, sobre todo durante campañas electorales (Mujica, 2014: 37-54). (Corrupción en América Latina)
Descentralización, captura local y expansión de redes corruptas
Una tercera hipótesis plantea que la descentralización podría reducir la corrupción por la cercanía con los votantes, mayores niveles de control y vínculos más claros entre decisiones y beneficios públicos (Fisman y Gatti, 2002). No obstante, esta visión se ve afectada por el riesgo de captura de los gobiernos locales por élites regionales (Bardhan y Mookherjee, 2006). Además, la descentralización, entendida como superposición de niveles de gobierno y estructuras de control poco coordinadas, tiende a aumentar la solicitud de coimas (Fan, Chen Lin y Treisman, 2009). La debilidad de los sistemas de control y la ausencia de instituciones que garanticen mecanismos preventivos crean un contexto favorable para la expansión de redes de corrupción.
El marco analítico descrito reconoce la necesidad de una mirada multidisciplinaria a los vínculos entre política y crimen organizado, considerando factores institucionales, económicos, sociales y culturales, con significados y prácticas específicas en cada grupo (Huber, 2005). En general, una institucionalidad democrática frágil, procesos de consolidación política marcados por la crisis de los partidos, la consolidación del caudillismo y una descentralización fragmentada, son elementos clave para analizar la corrupción, ya sea financiada por empresas o por grupos de criminalidad organizada. El escenario no es prometedor y establece limitaciones al desarrollo económico y democrático a mediano plazo. (Corrupción en América Latina)
La corrupción es un problema estructural en América Latina y una de las principales preocupaciones en la región. Además de afectar la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad.
Comprenderla requiere un análisis multidisciplinario de los vínculos entre política y crimen organizado, considerando factores institucionales, socioeconómicos y culturales. Para combatirla, es necesaria una agenda de transformación del ejercicio y financiación de la política y de la forma en que se persigue al crimen organizado.
¿Cómo se puede combatir?
Fundamentalmente, se deben lograr tres cambios para modificar la tendencia creciente de corrupción en nuestros países. (Corrupción en América Latina)
En primer lugar, es necesario que la lucha contra la corrupción logre un vínculo más directo y efectivo con la ciudadanía. La actual ola de indignación ciudadana frente a la corrupción puede ser una oportunidad para generar este quiebre. No solo es necesario reconocer que la corrupción es un problema de todos y revisar nuestro comportamiento individual, sino pasar de la indignación a la acción.
Todos los ciudadanos contamos con herramientas: el voto, el control social a lo público, la denuncia y el rechazo a cualquier forma de corrupción. Las dos primeras contribuyen enormemente a prevenir y atacar la corrupción enquistada en la institucionalidad pública, mientras que las otras dos pueden aplicarse en cualquier rol social, económico o laboral.
De la mano con lo anterior, debemos proteger nuestras instituciones democráticas, que son la base del bienestar social y económico, del respeto de los derechos humanos y del desarrollo sostenible. Esta protección implica defender lo público, cuestionar a las personas y, ante todo, fortalecer las instituciones.
Impunidad, financiamiento político y control del poder público
En segundo lugar, debemos atacar de manera directa la impunidad que perpetúa la Gran Corrupción. Para esto, es necesario resolver los vacíos de transparencia y ética en el acceso al poder, especialmente en el financiamiento de campañas. Igualmente importante es recuperar la confianza en el sistema judicial y los órganos de control, profundamente afectados por escándalos internos. Con menos opciones de acceso al poder para actores corruptos y mayores probabilidades de sanción, la corrupción puede ser fuertemente desincentivada. (Corrupción en América Latina)
Estas acciones deben acompañarse de dos grandes decisiones: lograr un pacto para blindar el empleo público frente a intereses indebidos, y controlar de manera efectiva el uso de recursos públicos mediante sistemas de control fiscal, disciplinario y penal eficientes y despolitizados. Estas medidas requieren ajustes normativos, pero también pueden avanzar con herramientas ya existentes y voluntad política.
En tercer lugar, es necesario articular de manera efectiva y amplia todos los sectores sociales corresponsables en esta lucha. Pocos efectos sostenidos se lograrán sin la participación y el cambio efectivo en el sector empresarial, los medios de comunicación y la academia.
En estos tres actores debemos encontrar, respectivamente: un mayor rechazo a las prácticas de corrupción en los negocios; un uso responsable de la libertad de prensa para controlar el abuso del poder; y procesos de formación que contribuyan a reconstruir la ética de lo público. (Corrupción en América Latina)
Comparte: Carlos Alfonso Boshell Norman (CCO®)-(PPE®)
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