El país vive una situación de crispación social única, que los promotores del mal llamado paro nacional pretenden convertir en permanente. La convulsión social estacionaria generada desde el 21 de noviembre pasado por Fecode, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y las centrales obreras –CGT, CTC y CUT–, entre otros, ha sido rechazada públicamente por la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación de Jueces, Fiscales y Magistrados (Asojudiciales), los gremios de la producción y el comercio de bienes y servicios colombianos.
Esta situación de agitación social amerita medidas excepcionales distintas de la disolución del Esmad, retiro de la ley de crecimiento económico, derogatoria del decreto de creación del holding financiero y abandono de eventuales reformas a las pensiones y del régimen laboral, como piden, sin fundamento, los organizadores del paro.
Desde el pasado 21 de noviembre, se han producido 1.548 actividades vinculadas con el paro, 119 hechos vandálicos, 550 marchas, 886 concentraciones y 107 bloqueos de vías, en las cuales 371 policías y 2 militares han resultado heridos, 30 de ellos mujeres que realizaban acompañamiento. Las ciudades más perjudicadas son Bogotá, Soacha, Facatativá, Cali, Manizales, Popayán, Pasto, Bucaramanga, Medellín y Tunja.
La realidad es que los promotores del paro y sus incautos seguidores suscitan la vulneración de los derechos e intereses colectivos de millones de personas que no marchamos, relacionados con el patrimonio privado, el espacio cívico, la seguridad, la institucionalidad, la movilidad y la libre competencia empresarial, coartadas por no poder ejercer actividad económica alguna.
Hasta el esparcimiento se ha visto impactado por la secuela de cancelaciones de espectáculos musicales, deportivos y celebraciones empresariales, que conllevan cuantiosas pérdidas monetarias para sus organizadores.
Las graves afectaciones de los derechos de los que no marchamos son evidentes en Bogotá, con 105 estaciones de TransMilenio vandalizadas, 295 paraderos arrasados, 135 luminarias destruidas y 160 buses atacados, acciones delictivas que afectan el patrimonio público, los derechos de miles de niños, estudiantes y trabajadores, que se mantienen sin poder asistir a clases o a sus lugares de trabajo.
El impacto económico acumulado de las marchas supera los 1,9 billones de pesos y la pérdida potencial de los 850 mil empleos que se generan en esta época navideña. El comercio y los restaurantes, que dependen de la temporada de ventas decembrinas en 30 por ciento, son los más afectados por el desplome en sus negocios entre el 70 y el 90 por ciento por el cierre forzoso de atención al público.
En el evento en que esta situación de indefensión ciudadana continúe, se debería declarar la conmoción interior de que trata el artículo 213 de la Carta Magna, en virtud de la cual el presidente Iván Duque quedaría investido de facultades excepcionales para reglamentar la protesta y conjurar la convulsión social permanente que nos quieren imponer los autores del paro y sus cándidos discípulos.
Fuente: www.portafolio.co
