Han pasado 22 años desde la Ley 100 y todavía existen confusiones acerca de cuál es la mejor alternativa para garantizar un ingreso en la tercera edad. ¿AFP o Colpensiones? Este es el diagnóstico y las respuestas a las preguntas que usted siempre se hace. Análisis de Dinero.
Es cada vez más común encontrar personas que llegan a los 90 años, incluso con expectativas más altas de vida. Esta nueva realidad empieza a generar desafíos gigantescos en políticas públicas.
¿Qué hacer, por ejemplo, con quienes están en situación de dependencia originada por alguna limitación física o mental? O, ¿qué hacer con quien “trabajó” 40 años, pero solo aportó durante siete a la seguridad social y espera tener una pensión que garantice un ingreso por 25 o más años?
La antigua solución a la dependencia en la tercera edad eran los hijos. En una familia con siete hijos era probable que uno de ellos se hiciera cargo de sus padres. Sin embargo, hoy la realidad es distinta. El núcleo familiar está compuesto por máximo 2 hijos que enfrentan cargas financieras mayores y que tienen otras prioridades.
A pesar de que es inevitable envejecer, la preocupación por acceder a una pensión solo se hace evidente cuando se empieza a llegar al fin de la vida laboral. Según la encuesta de capacidades financieras del Banco Mundial, 41% de la población colombiana de menos de 60 años ha tomado previsiones para poder pagar la totalidad de sus gastos durante la vejez.
Por su parte, una encuesta de Planeación Nacional señala que los motivos para no cotizar a pensión son variados: la falta de plata (53%), la no afiliación de las empresas a sus trabajadores (21%), la desconfianza en los fondos de pensiones (10%) y los largos trámites (8%). De estos resultados se infiere que existen distintas limitaciones, pero en un orden específico: mercado laboral, pues 67% de los trabajadores son informales; educación financiera, y los excesivos trámites para aportar a la seguridad social.
Estos factores sumados hacen que la cobertura pensional actual sea apenas de 30%; es decir, que solo tres de cada diez personas en edad de retiro reciben mesada, situación que se agrava en el sector rural y en los empleados con menores niveles de educación.
Además, las mujeres están en desventaja frente a los hombres, porque pasan periodos de inactividad laboral debido a los embarazos y, según diferentes análisis, comparativamente tienen menores ingresos.
Esta situación no tiende a mejorar en el futuro. Un estudio de Hugo López y Francisco Lasso, del Banco de la República, señala que en los próximos 40 años solo podrá pensionarse 8,7% de los afiliados a Colpensiones y 11,1% de los que están en las AFP.
Necesidad de reformas
Pero si el problema de cobertura puede desatar una bomba social en los próximos años, la estructura actual del sistema público de pensiones genera grandes presiones sobre las finanzas del Estado.
Esto ocurre en momentos en que el Gobierno tiene una gran afugia fiscal por la caída en los precios de los commodities y tuvo que hacer una reforma tributaria en 2014, cuando apenas dos años antes había realizado otra, y en la actualidad la Misión Tributaria analiza desarrollar una tercera, en apenas seis años.
Algunas cifras revelan el tamaño del hueco pensional. El presupuesto de las pensiones en 2015, incluyendo las mesadas del Magisterio, Fuerzas Militares y otros regímenes especiales, suman cerca de $42 billones, que si se analiza en términos relativos, es un poco menos que todo el presupuesto de inversión ($49,4 billones) y cerca de 4% del PIB del país.
Dos hechos adicionales causan consternación: por un lado, estos recursos solo cubren a 30% de la población mayor y, por otro, este rubro supera ampliamente los gastos de funcionamiento proyectados en educación y defensa, $26,5 billones y $25,5 billones, respectivamente. Un sistema que gasta esos valores con niveles de cobertura y equidad tan bajos como los que tiene el régimen público debe ser reformado.
El problema más grave que enfrenta el sistema es la alta informalidad. Lo laboral y pensional tienen una relación estrecha. Por ello, el primer paso es definir un mecanismo de política pública, sea cual sea, que promueva definitivamente el empleo formal. Es sabido que un mercado laboral formal aumenta la productividad, mejora los salarios y trae beneficios en todos los niveles de la sociedad.
¿Qué pasa con el marco legal? Desde la expedición de la Ley 100 de 1993 compiten dos sistemas. Uno, el Régimen de Prima Media, sistema público administrado por Colpensiones (antes Seguro Social), y el otro, el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Sin embargo, a juicio de varios expertos, es necesario impulsar una reforma pensional. Según Santiago Montenegro, presidente de Asofondos (gremio que agrupa las AFP), el marco legal del sistema pensional no ataca la baja cobertura y desalienta la competencia. Para él, la coexistencia genera dos conflictos. El primero: dos sistemas que deberían ser complementarios compiten de forma desigual al tener diferentes reglas de juego para acceder a la pensión. Y el segundo, que el sistema público es altamente regresivo, al favorecer a las personas de mayor ingreso.
Pero no son los únicos. Un tercer problema se origina por el desconocimiento y la mala asesoría que reciben los cotizantes, lo cual hace que estos tomen una decisión “irracional”, tal como califica el Ministerio de Hacienda a la mayoría de los traslados de régimen.
Los dos regímenes tienen un elemento en común: la pensión de invalidez y sobrevivencia que se otorga si el afiliado estaba cotizando y perdió más de 50% de su capacidad laboral o falleció dejando esposo (a) o hijos. Él mismo o sus beneficiarios pueden, bajo ciertas reglas de juego, recibir una pensión. Al respecto, un documento de Patricia Jaramillo, gerente de regulación de la AFP Protección, indica que algunas sentencias de las altas Cortes cambian el marco legal y ponen en aprietos la viabilidad financiera de la cobertura previsional expedida por privados.
El cambio en las reglas de juego por la vía judicial es un mal que atañe a toda la seguridad social. Por ello, David Bojanini, presidente del Grupo Sura, sugiere la creación de jueces especializados que presenten exámenes de certificación y que resuelvan estos complejos temas fallando en derecho.
¿AFP O Colpensiones?
Más allá de los problemas de presupuesto de la Nación y la discusión de política económica, la gran pregunta de los trabajadores es: ¿qué sistema me garantizará un mayor ingreso?
Por ahora, la mejor elección es cotizar a un fondo de pensiones hasta 10 años antes de la edad de retiro, ganarse los rendimientos financieros de esas inversiones y en ese momento ver si es un buen candidato para pasarse a Colpensiones. No todos se deberían trasladar. Aunque la mayoría de la población menor de 40 años se encuentra en una AFP, la regulación permite cambiarse de régimen cuando faltan 10 años para cumplir con la edad de retiro. Por Ley, las mujeres trabajarían hasta los 57 años y los hombres hasta los 62.
Hasta los 47 años (mujeres) o 52 años (hombres), se pueden cambiar de régimen y empieza la definición que depende de no perder el empleo y continuar con el mismo o un mejor nivel salarial.
Por eso, cuando le falten 11 años para la pensión, acérquese a Colpensiones o a su AFP, pida su historia laboral y pregunte sobre tres variables clave: el número de semanas cotizadas, la cantidad ahorrada (solo en la AFP) y su salario actual y el de los últimos 10 años.
Con esta información, tiene tres caminos a seguir, según un estudio reciente liderado por Jaime Cardona, director de regulación económica de la seguridad social del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con este análisis, si 10 años antes de la edad de retiro usted tiene más de 836 semanas cotizadas (16,1 años), trabajará al menos 9 años más y su salario en los últimos años es superior a $1’030.960 (1,6 salarios mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV–), siga ahorrando y ¡trasládese a Colpensiones! Si escoge este camino su pensión será mejor que la que podría obtener en una AFP.
Pero, según este mismo estudio, si 10 años antes de la edad de retiro usted tiene menos de 786 semanas cotizadas (15,1 años), independientemente del nivel de ingreso, quédese en su AFP y siga cotizando, al menos hasta llegar a las 1.150 semanas (22,11 años), tiempo mínimo para una pensión de salario mínimo provisto por el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, el cual es un fondo que pondrá el dinero que a usted le hace falta para garantizar una pensión por este monto. Si usted elige seguir en Colpensiones, ha de tener claro que deberá hacer aportes hasta llegar a las 1.300 semanas (25 años).
Una conclusión adicional se desprende de este documento: si 10 años antes de la edad de retiro usted ha cotizado entre 786 y 836 semanas (15,1 años y 16,1 años, respectivamente), trabajará 10 años más y habrá ahorrado menos de $50 millones en su AFP, pásese a Colpensiones si su salario es igual o mayor a $1’030.960; si es menor que esa cifra, siga en la AFP.
Conviene recordar que las pensiones en prima media son subsidiadas e inequitativas. Es decir, la mayor parte de lo que usted va a recibir se lo está transfiriendo el Estado a través de los impuestos pagados por los colombianos y mientras su salario sea mayor, el subsidio también lo es. Estimaciones del Ministerio del Trabajo señalan que “aquel que cotiza sobre un SMMLV durante toda su vida recibe un subsidio del Estado por valor de $87 millones, mientras que quien cotiza sobre diez SMMLV recibe un subsidio de $428 millones”.
Fuentes consultadas por Dinero señalan que “estas son verdades conocidas por el Gobierno hace varios años: el régimen de prima media se quedó sin recursos desde 2003 (ver entrevista Colpensiones), subsidia más a quien tiene mayores ingresos y se ha sostenido gracias a los traslados, mal orientados, de régimen”.
Se espera que la Ley de Información Transparente, aprobada a finales de 2014, ponga fin a los traslados “irracionales” y les brinde una adecuada y oportuna asesoría a los afiliados.
¿Y entonces?
La complejidad del sistema pensional es cada vez mayor y los riesgos en cada uno de los modelos están latentes. Por el lado público, ningún país está exento de una profunda crisis económica que lo lleve incluso a una recesión que conduzca a una cesación o reducción de pagos de las obligaciones pensionales, tal como ha sucedido en países como Argentina.
Tampoco el sector privado está blindado. Si hipotéticamente el país entra en recesión, 40% de los portafolios de inversión de las AFP son bonos del Gobierno y un default del Estado tendría consecuencias sistémicas en la economía que llevarían a una reducción en el valor de mercado de las acciones.
Sin embargo, un mensaje debe quedar claro: pese a que los dos regímenes tienen fallas, la peor decisión que se puede tomar es dejar de hacer aportes pensionales. Si usted está en Colpensiones y llega al mínimo de semanas requerido, recibirá un subsidio importante del Estado y se pensionará; si está en una AFP y alcanza el mínimo de semanas, también asegurará un ingreso en la tercera edad.
No existe un régimen mejor que otro, la escogencia depende de apuestas, características y necesidades particulares. Colpensiones está lejos de ser lo que era el Seguro Social, da pasos para responder a tiempo las solicitudes de los colombianos y por organizar las historias laborales.
Por su parte, las AFP están desarrollando adecuadas estrategias de inversión, buscando generar un mayor rendimiento en los portafolios de los afiliados, tal como sucedió en el último año, cuando obtuvo rendimientos nominales de 10% en un escenario de desaceleración económica del país y de caída de los índices accionarios.
Pero una de las mayores preocupaciones es la postergación de decisiones clave frente a una reforma pensional. En 2014, Luis Eduardo Garzón, ministro del Trabajo, planteó la creación de una Comisión de Expertos para dar la discusión en 2015. Han pasado los meses y esta Comisión aún no se constituye; incluso, se conoció primero la conformación de la Misión Tributaria. También se recibieron las recomendaciones de reforma pensional de la Ocde, pero el debate no se ha profundizado más allá del informe inicial. De otra parte, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó para el Gobierno un estudio en el que plantea recomendaciones laborales y pensionales al país, cuya fecha de entrega era el pasado mes de febrero, y no ha sido socializado.
Hay elementos polémicos que se deben discutir. Por ejemplo, igualar la edad de retiro de hombres y mujeres a los 62 años, medida que beneficia enormemente a las mujeres. En Colpensiones le da cinco años más para llegar a las semanas requeridas, mientras que en una AFP le permite ganarse los rendimientos financieros y hace que su renta vitalicia sea más barata.
Acabar con la indexación de pensión mínima al salario mínimo es urgente para activar la opción de rentas vitalicias y reducirle costos fiscales al Estado.
Finalmente, garantizar la viabilidad financiera del régimen público es sano para esta y las próximas generaciones de colombianos, quienes evitaríamos más reformas tributarias que perpetúen las ineficiencias ya diagnosticadas. De otra parte, resolver las talanqueras del régimen privado es igual de importante, en todo caso no se debe olvidar que el objetivo del país debe ser facilitar los mecanismos para ensanchar la cobertura.
Fuente: Dinero
