El problema del secuestro en Colombia es inseparable del conflicto interno que enfrenta desde hace más de 40 años por el accionar de las organizaciones guerrilleras.
Con mucha más organización y poder de fuego que bandas delictivas comunes, tienen capacidad operativa para raptar grandes cantidades de personas y retenerlas durante muchos años en territorios a los que el Estado no puede entrar. Por eso, el secuestro era para las FARC un medio predilecto de presión y financiamiento.
“Cuando comenzó el proceso de paz en 1998 se pactó una zona de distensión conformada por cinco municipios, que quedaron en absoluto control de la guerrilla. Entonces se empezaron a producir acciones muy impresionantes por parte de las FARC, que asaltaba bases de la Policía y secuestraba hasta a 60 miembros de la fuerza publica”, explica Orlando Hernández Angarita, oficial retirado de la Policía Nacional de Colombia y consultor en estrategias de seguridad, en diálogo con Infobae.
Una modalidad de secuestro muy frecuente era que decenas de guerrilleros cortaran una carretera escasamente custodiada por las fuerzas de seguridad y empezaran a recorrer los automóviles en busca de las personas con mayor capacidad económica. Luego las trasladaban hasta las zonas de distensión y reclamaban grandes rescates a cambio de liberarlas.
Pero partir de 2002 la clase política colombiana llegó a la conclusión de que los acuerdos de paz no habían servido para solucionar el conflicto, sino para agravarlo, ya que en sus 4 años de duración, las FARC incrementaron enormemente su poder de fuego y sus acciones, produciendo más de 15 mil secuestros.
Entonces comenzó una política de Estado de largo plazo para poner fin a esta modalidad delictiva, basado en varios pilares que continúan vigentes hasta hoy. A continuación, los 10 principales.
1. Creación de un sistema estadístico para registrar los secuestros
“Se creó un centro nacional de datos, que registra cada caso producido, según diferentes variables. Esto facilitó el estudio del fenómeno, ya que se pudo conocer cuáles eran las zonas mas afectadas, los modus operandi más frecuentes y la población más victimizada. Así se empezaron a definir mejor los ejes de acción para atacar el problema”, dice Hernández Angarita.
Este organismo no se limita a recopilar la información de los secuestros que se producen en el país, sino que funciona también como una instancia de producción de conocimientos y de investigación científica sobre el fenómeno y sus posibles respuestas.
2. Recuperación del control estatal sobre el territorio
“Se llevó la fuerza publica a todos los municipios del país -dice Hernández Angarita-, principalmente en aquellos en los que no había presencia policial. También se trabajó mucho en el fortalecimiento de la seguridad en las carreteras municipales, a través del programa Viaje Seguro, que organizaba caravanas de vehículos escoltados por agentes de seguridad en las zonas más peligrosas”.
Así se terminó con la “piratería terrestre”, que era el asalto de los automovilistas en las carreteras. Además se contribuyó al desplazamiento de la guerrilla, que se vio obligada a replegarse cada vez más.
3. Fundación de una escuela antisecuestro
“La Policia Nacional de Colombia -precisa el especialista- cuenta con varias instituciones educativas de carácter superior. Entre ellas, la Escuela de Antiextorsión y Antisecuestro, que capacita a un grupo de elite creado para combatir este delito, los GAULA (Grupo de Acción Unificada para a Libertad Personal)”.
“Los agentes son capacitados en procedimientos judiciales, conocimiento de la ley, derechos humanos, y tácticas y estrategias de lucha contra el secuestro en campos de entrenamiento especialmente preparados. También se organizan cursos internacionales y asisten personas de distintos países para capacitarse”, agrega.
4. Creación de unidades especiales
Los GAULA son los máximos exponentes de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el secuestro. Están constituidos como estructuras operativas que integran el trabajo de inteligencia, investigación criminal y operaciones especiales vinculadas a la prevención, los rescates y las capturas.
“Para conformarlos eligen a los mejores hombres. Tienen un salario un poco superior al del resto de los oficiales y es un honor pertenecer a ellos”, cuenta Hernández Angarita.
5. Inversión en equipamiento y tecnología
Hubo un aumento sostenido de la inversión en los recursos técnicos y humanos de las fuerzas de seguridad. Entre otras cosas, se compraron helicópteros y otros medios de transporte para operaciones especiales, equipos para el rastreo de llamadas y el seguimiento de los secuestradores.
Estas herramientas fueron de mucha utilidad para aumentar la eficacia de la Policía en la liberación de los secuestrados y en la detención de los captores. “En un 40% de los casos, las personas logran ser liberadas, y en otro 10% los secuestradores terminan entregándolos voluntariamente como consecuencia del acoso de las fuerzas de seguridad”, dice Hernández Angarita.
6. Fortalecimiento de la inteligencia
Se creó un Centro Integrado de Inteligencia para la Defensa de la Libertad Personal, cuya secretaría está a cargo de la Policía Nacional y que cuenta con el apoyo de la Jefatura de Inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares.
Esto permitió proporcionar a las agencias estatales entrenamientos y herramientas técnicas para mejorar la investigación de los casos de secuestro. Además se incrementó su capacidad para identificar, caracterizar y anticipar las amenazas contra la libertad de los ciudadanos.
7. Cooperación entre las instituciones del Estado
Se crearon organismos para coordinar el esfuerzo de todos los entes públicos implicados en la lucha contra el secuestro, desde la Policía hasta las fiscalías. Se elaboró una doctrina común con los pasos a seguir en las operaciones contra los grupos criminales.
Así los esfuerzos del Estado ganaron eficiencia, y se se hizo más claro el mensaje hacia la ciudadanía.
8. Cambios en los procedimientos judiciales
“Al principio, se daban casos de delincuentes que salían en libertad por errores de procedimiento”, cuenta Hernández Angarita.
Para evitar que siguieran ocurriendo estas irregularidades, se realizaron reformas legales y procedimentales para reducir las grietas del sistema y garantizar que quienes cometieran delitos comprobados sean condenados y vayan a prisión.
Se dotó de nuevas herramientas a la policía judicial y se la instruyó en ciencias forenses y en interceptación de comunicaciones con orden judicial. Además se modernizaron los medios de investigación criminal para hacer más eficiente la recopilación de pruebas y se dieron más atribuciones a las fiscalías para impulsar causas judiciales.
9. Mejoramiento del sistema de denuncias
“Cuando la capacidad del Estado para combatir los secuestros era escasa -dice el consultor-, si alguien era víctima de un rapto no lo denunciaba, por temor a sufrir represalias. Preferían pagar el rescate, ya que lo contrario significaba poner en riesgo a sus familiares”.
Como la desconfianza ciudadana en las fuerzas de seguridad terminaba dificultando aún más su trabajo, se empezó a desarrollar una política de acercamiento a la sociedad civil. Por un lado, mostrando los paulatinos avances que comenzaron a producirse en la lucha contra el secuestro, y por otro, difundiendo las medidas que pueden tomar las personas para no correr riesgos.
Así se mejoró notablemente el sistema de denuncias, garantizando una respuesta rápida. Y al haber más denuncias, el trabajo de la Policía se facilitó y las posibilidades de éxito de las bandas criminales disminuyeron.
10. Capacitación de la sociedad civil
“Se definieron estrategias para capacitar a la comunidad en la prevención y en el autocuidado. Se buscó que la gente no se expusiera innecesariamente a ciertos riesgos”, dice Hernández Angarita.
Por ejemplo, se mostró que antes de hacer un viaje era necesario averiguar si el destino se encontraba en una zona de conflicto y, en función de eso, evaluar si era o no conveniente ir.
A fin de elevar el compromiso de la población en la lucha contra el secuestro, el Estado convocó a organizaciones comunitarias, fundaciones, ONG y empresas privadas a trabajar mancomunadamente.
