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Published on mayo 7th, 2020 | by ASOSEC

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ACCIONES PROPUESTAS PARA LA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

Los   desafíos   son   importantes   y requieren de cambios estructurales en  la  forma  de  organización  del Estado.  Es  decir,  no  se  necesitan cambios   sectoriales   o   puntuales sino   una   verdadera   agenda   de

transformación  de  la  forma  como  se  hace  la  política  y  como  se  persigue  la

criminalidad  organizada.  La  mayoría  de  las  propuestas  tienen  componentes temporales  de  corto,  mediano  y  largo  plazo; sin  embargo,  los  incluimos  en  una definición inicial reconociendo que su implementación debe ser gradual. Además, aun cuando no todos los países de América Latina enfrentan el mismo escenario, es posible afirmar que en distintos grados pueden retomar las recomendaciones como parte de su agenda política. Para una mejor definición hemos ordenado las propuestas en torno a cuatro ejes, solo con un fin de presentación, dado que en muchos casos están entretejidas.

 

1 REFORMA POLÍTICA

La   naturaleza   de  las  organizaciones  políticas  en  el   mundo  entero   se   está transformando por influencia, entre otros factores, de los cambios en la política, en las comunicaciones y el gran impacto de los avances tecnológicos. Estos cambios no son uniformes ni de igual calado en todos los países, pero visto el fenómeno de manera comparada, es evidente que la idea de partido político que era moneda corriente en el siglo veinte hoy está en crisis. Muchas de las funciones clásicas que cumplían  los  partidos  como,  por  ejemplo,  ser  espacios  para  la  información  y discusión de asuntos políticos, hoy son cumplidas por otros canales. Sin embargo, hay funciones básicas y de evidente importancia para un sistema democrático que solo  pueden  ser  llevadas  a  cabo  efectivamente  por  organizaciones  políticas, llámense partidos o no. Entre ellas hay dos que interesa subrayar para efectos de frenar  la  influencia  de  las  redes  criminales  en  la  política:  la  función  de  agregar intereses diversos en sociedades cada vez más heterogéneas, así como darles una representación política a esos intereses; y proveer cuadros políticos para la gestión pública.

 

En la práctica, en numerosos países los partidos no cumplen estas funciones o lo hacen de manera muy limitada. Y por ello se crea un vacío que debe ser llenado por actores no institucionalizados, como los llamados forasteros.

En espacios en los que la organización política es débil o inexistente es mucho más fácil la penetración de intereses privados corruptos o directamente criminales. De ahí que  una  de  las  respuestas  a  los  riesgos que  para  la  democracia  entraña  la penetración  criminal  sea  el  fortalecimiento  de  los  partidos  políticos.  Donde  hay organización política sana, con actores comprometidos con un rol público honesto, con pluralismo competitivo, es mucho más difícil la captura de la agenda por parte de intereses privados o la penetración de intereses mafiosos.

 

Sin embargo, para tener una organización política sana no bastará con la buena voluntad  de  las  personas:  será  necesario  un  entorno  propicio  e  incentivos  para atraer a la mejor gente a la actividad político-partidaria. Hoy, los partidos tienden a repeler a quienes de buena voluntad desean participar en política. Aunque resulta injusto  generalizar,  muchos  son  espacios  poco  democráticos,  poco  inclusivos, machistas, con alta centralización y prácticas cupulares. En muchos casos incluso, más que asociaciones de ciudadanos iguales en deberes y derechos, se trata de organizaciones con un dueño que decide todos los asuntos relevantes de la vida partidaria. No es extraño entonces que un panorama así no convoque a jóvenes, mujeres ni minorías.

Resulta  entonces  de  particular  importancia  atender  esta  crisis  con  objetivos ambiciosos. Se trata de crear las condiciones para que los partidos sean expresión de institucionalidad, democracia interna, rendición de cuentas, transparencia sobre sus decisiones y el dinero que administran, etcétera.

 

2 FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA

Hacer   política   moderna   y   participar   de   campañas   electorales   sin   recursos económicos  es  imposible.  El  dinero  es  una  herramienta  indispensable  para  la política democrática y no es realista pensar que puede reemplazarse con el trabajo de voluntarios, aunque sumen millares. Los políticos necesitan acceder a recursos para comunicarse con la ciudadanía, para tener información sobre el electorado y ser  competitivos  en  lides  electorales.  Esta  necesidad,  por  otro  lado,  lejos  de mitigarse  ha  crecido  por  la  profesionalización  de  la  política.  Actualmente,  las campañas requieren encuestas, grupos focales y asesores internacionales, para no mencionar los altos costos en publicidad en medios tradicionales y recientemente en medios sociales. Por tanto, el dinero en la política es un asunto de preocupación, aun cuando al no haber muchas alternativas no tiene sentido satanizar el acceso a recursos económicos.

 

Uno de los caminos por los que han optado muchos países es el incremento del financiamiento  público  como  una  forma  de  restar  importancia  al  financiamiento privado.  Cerca  de  dos  tercios  de  los  países  del  mundo  entregan  financiamiento público directo ya sea a las campañas, al funcionamiento ordinario de los partidos o a ambos. No obstante, salvo limitadas excepciones, el financiamiento privado es el predominante y el financiamiento público solo equilibra parcialmente, cuando no es apenas un agregado al financiamiento privado.

 

Entonces, debido al peso decisivo de los fondos privados, la relación entre dinero y política puede volverse tóxica si no se da con los debidos cuidados. Las campañas son siempre una oportunidad para el acercamiento entre políticos necesitados de recursos  y  actores  privados legales con interés  en  comprar  acceso  al  poder. La situación  puede  complejizarse  si  los  donantes  no  son  empresarios  legales  sino representantes de las muy lucrativas economías ilegales, como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de personas, etcétera. Esta compleja situación obliga  a una  mejor  coordinación  entre  las entidades estatales  que  supervisan  el financiamiento político (por lo general los organismos electorales) y las entidades a cargo del combate a las redes ilícitas.

Un elemento fundamental a considerar entre las recomendaciones sobre políticas en esta materia es prestar atención a los incentivos y sanciones por el cumplimiento o incumplimiento de las reglas sobre el financiamiento político. En los países donde hay escasos incentivos al cumplimiento, escasa aplicación de la ley  y sanciones benignas o inaplicables, la regulación termina siendo completamente ineficaz. Por el contrario, con incentivos efectivos, haciendo cumplir la ley y con sanciones no solo   económicas,   sino   políticas   y   penales,   aumentan   el   cumplimiento,   la transparencia sobre el origen de los recursos y la rendición de cuentas.

 

3 DESCENTRALIZACIÓN

Se recomienda crear un mecanismo de auditoría al patrimonio de cualquier persona que opte por la participación política electoral, auditoría que debe estar enfocada al patrimonio privado de quienes deciden presentarse a un cargo de elección popular, así  como  a  los  miembros  de  su  familia.  Este  mecanismo  puede  denominarse pasaporte político, y se asemeja al pasaporte biológico utilizado en el ciclismo para evitar  el  dopaje.  Básicamente,  es  un  instrumento  para  hacer  seguimiento  al patrimonio  económico  del  político  y  de  su  familia  cercana,  que  puede  abarcar décadas. Es decir, debe hacerse desde el comienzo de la vida política hasta cuando su participación en política termine.

 

En  cuanto  a  reducir  el  monopolio  de  las  élites  sobre  la  extracción  de  rentas municipales  y  departamentales,  es  una  estrategia  que  requiere  de  una  serie  de reformas y actividades.

Otra  propuesta  es  el  incremento  del  capital  humano  y  las  capacidades  de investigación y  seguimiento  del  organismo  electoral, lo  cual permitirá  una  mayor fiscalización sobre los gastos de campaña y el total de recursos invertidos en la misma. Sobre el terreno esto permitiría un mayor seguimiento a los topes de gastos establecidos  por  la  ley.  Finalmente,  es  necesario  exigir  la  bancarización  de  las diferentes campañas políticas y de los candidatos.

 

4 REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL

A pesar de las múltiples iniciativas de reforma de la justicia en América Latina los resultados son limitados. Si bien los desafíos vinculados con crecientes niveles de presencia de criminalidad organizada en prácticamente todos los países de la región son múltiples, no es posible dejar de lado el impacto del delito común sobre los ciudadanos. Los  bajos  niveles  de  aprobación de  la  democracia  confirmados  por todas  las  encuestas  regionales  tienen   vínculos   claros  con   altos  niveles  de inseguridad y de percepción de impunidad transversal de la ciudadanía.

 

Especialmente relacionados con los problemas de corrupción política vinculada con la criminalidad organizada, se requiere que la política criminal le dé prioridad a la lucha contra el crimen organizado. Parece un hecho ya establecido, pero en realidad más  allá  de  la  preocupación  por  las  drogas,  los  mercados  ilegales  crecen  y  se desarrollan  con una aparente  invisibilidad. En consecuencia, se  requiere  de una verdadera priorización desde el trabajo policial e investigativo.

El trabajo colaborativo entre fiscales y policías es eje medular de las iniciativas de respuesta frente al crimen organizado. Esta situación necesita entonces de cambios sustantivos en ambas instituciones, para potenciar la efectividad de las medidas que se  están  tomando  y  generar  nuevos  ejes  de  trabajo  con  mayores  niveles  de transparencia.

 

La corrupción es un problema estructural en América Latina y una de las principales preocupaciones en la región. Además de afectar la economía y el desarrollo social, erosiona los pilares de la democracia y aumenta la desigualdad.

Comprenderla requiere de un análisis multidisciplinario de los vínculos entre política y crimen organizado, que tenga en cuenta factores institucionales, socioeconómicos y culturales.

Para  combatirla  es  necesaria  una  agenda  de  transformación  del  ejercicio  y  la financiación de la política y de la forma en que se persigue al crimen organizado, con frecuencia asociado a ella.

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CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN 


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Somos una Asociación que defiende y promueve el desarrollo del sector de la seguridad privada. Contamos con 31 empresas agremiadas que representan cerca de 30.000 empleados a nivel nacional.



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