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Published on abril 27th, 2020 | by ASOSEC

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DE LA CORRUPCIÓN AL LAVADO DE ACTIVOS EN TIEMPOS DEL COVID-19

Desde el 23 de marzo, tras la declaratoria de emergencia sanitaria, la Procuraduría General de la Nación ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del covid-19, o para alzar la voz y llamar la atención sobre temas de salud, como la deuda con la red pública hospitalaria, que supera los 5,4 billones de pesos, o la necesidad de proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera línea a esta pandemia.

De esos 1.286 casos priorizados, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación. Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados. Se iniciaron 24 expedientes por contratación en 14 gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías. También se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.

Por presuntas irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, por sobrecostos en la adquisición de mercados 28 y por sobrecostos en adquisición de elementos de protección 6, por trasgresión del aislamiento obligatorio 9, por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia 3, por extralimitación de funciones de servidores públicos 2, y por otros hechos 34.

Por primera vez en la historia, la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido o exprés que podría tomar días. Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.

También fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades
artísticas en el municipio de Cravo Norte, por $570 millones. Fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19.

Al gobernador se le reprocha la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal. En otro proceso, también contra el gobernador de Arauca, se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.

También se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin él gramaje completo. Se abrió investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, se ordenó su suspensión por 3 meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones de pesos, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el COVID-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.

Se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones de pesos, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.

 

Para el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por 3 meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.

Se investigan la queja presentada por el representante legal de la empresa “Inversiones Echeverry S.A.S.”, propietario del establecimiento de comercio “Supermercado El Progreso”, quien desconoce su firma en la suscripción del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP I. El órgano de control investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.

Dos hojas plasmadas de todas las irregularidades que por ahora están investigando y las que vendrán, una verdadera vergüenza para un estado, los organismos de control que, por más que se quiera mediáticamente hacer creer que son actividades detectadas en la mayoría de ocasiones antes de materializarse, cuantos realmente serán sancionados, para el organismo de investigación penal del estado como es la Fiscalía un reto, esperando al menos puedan judicializar y lograr demostrar responsabilidad, y también para una sociedad que no reacciona ante esta situación.
En estos días, estamos abocados a la titánica tarea de conseguir recursos financieros que permitan enfrentar la actual crisis sanitaria y, al mismo tiempo, evitar un descalabro económico. El mensaje es claro: los recursos deben ser utilizados de manera rápida y efectiva.

 

Sin embargo, los desastres naturales, epidemias, crisis humanitarias o actividades para estimular la economía son situaciones en las cuales se manifiestan riesgos altos de uso indebido de los recursos públicos. Cuando hay fraude y corrupción se pierde dinero indispensable para enfrentar la crisis de manera efectiva. Esto, a su vez, genera un círculo vicioso donde se ve afectada la gobernabilidad, especialmente por la merma de confianza de la ciudadanía en las instituciones. Como muestra un reciente estudio del Banco Mundial, la efectividad en el uso de los recursos asociados con la ayuda al desarrollo es un tema central, especialmente para que el dinero llegue a los más vulnerables y no termine en paraísos fiscales.

¿Por qué ocurre esto?

Una revisión de la literatura existente nos lleva a concluir que durante las emergencias nacionales no siempre es posible asegurar que el dinero llegue donde debe llegar. La presión por gastar con el objetivo de aliviar situaciones de crisis por emergencias conlleva a reducción de controles, amplía la discrecionalidad en las decisiones de gasto, genera más oportunidades de colusión entre empresas, e incentiva a que se otorguen sobornos a cambio del pago de precios inflados, entre otras prebendas. La necesidad de actuar con rapidez y flexibilidad puede generar un estado de confusión generalizado entre los responsables de negociar contratos y realizar compras, abriendo oportunidades a

prácticas ilegales.
La debilidad institucional propia de nuestros países exacerba los riesgos. A pesar de diversos avances, especialmente en reformas de acceso a la información y la mejora de los sistemas de compras y adquisiciones, la región enfrenta importantes desafíos en materia de transparencia e integridad.

Transparencia en el sector de la salud
En condiciones normales, se estima que la corrupción genera una pérdida de entre un 10% y 25% del valor de los contratos públicos, además de afectar la calidad de los bienes y servicios. Existen razones para creer que este porcentaje es mucho mayor en situaciones de emergencia.

Un reciente estudio sobre la corrupción en el sistema de salud estima que al menos el 10-25% del gasto mundial se pierde directamente a través de la corrupción, lo que representa cientos de miles de millones de dólares perdidos cada año. Hay distintos factores que explican por qué este sector está más expuesto a los riesgos de integridad. Como indica Transparencia Internacional, es un sector por naturaleza complejo, donde predomina la asimetría de información entre oferta y demanda, y los mercados no siempre son abiertos y competitivos.

 

La corrupción en el sector salud abarca desde el fraude en la construcción de hospitales, las prácticas indebidas de prescripción de medicamentos, beneficios otorgados a personas que no califican como beneficiarios y la reventa privada de insumos de hospitales públicos, hasta la captura de las regulaciones para la aprobación de ciertos medicamentos. En estado de emergencia, los riesgos de integridad en este sector se manifiestan especialmente en la compra y distribución de medicamentos, la adquisición de equipos especiales para realizar pruebas epidemiológicas, la compra de insumos, alimentos, el alquiler de espacios privados para el alojamiento de afectados y construcción de pequeñas obras de infraestructura.

Tecnología para incrementar la información y mejorar el control

No existe una bala de plata para minimizar los riesgos de fraude y corrupción en situaciones de emergencia. Las soluciones dependen del entramado institucional de cada país y deben nutrirse de varios ingredientes como por ejemplo los requisitos de información sobre beneficiarios finales de las empresas y subcontratistas; el fortalecimiento de las prácticas de auditoría y fiscalización; y la creación de comités especializados para monitorear la utilización de los recursos asociados a las emergencias, entre otros aspectos. En este contexto, la transparencia y la rendición de cuentas tienen un rol central, especialmente cuando los ciudadanos pueden acceder a información de calidad y actualizada sobre el ciclo de vida de los recursos. Para ello, las herramientas digitales son una buena respuesta al desafío de responder a la crisis con integridad.

Estas herramientas permiten integrar y visualizar datos, identificar posibles anormalidades e incrementar la trazabilidad de los flujos de recursos. También permiten monitorear en tiempo real los registros contables, presupuestales, de tesorería y de beneficiarios desde origen del recurso al cierre financiero y administrativo. Además, es posible que cualquier persona comparta información sobre el uso de recursos, lo cual genera la disuasión de actividades ilícitas y facilita la rendición de cuentas.

La transparencia no podrá evitar todos los riesgos de integridad a la gestión de emergencias. Sin embargo, el uso de tecnologías digitales reduce sustancialmente la asimetría de información e incrementa el efecto “watchful eye” con su impacto disuasivo. Esto puede mejorar las oportunidades de que los recursos lleguen a quienes tienen que llegar y se cumplan con los objetivos de recuperación económica y desarrollo social.

Y del Lavado de Activos

Mucho de estos dineros buscaran la forma de ser de origen legal, estas vulnerabilidades para las defensas Anti Lavado de Activos, contra el fraude y el ciberdelito no han pasado desapercibidas para los organismos reguladores y de investigación. Son conscientes de que cuando ocurren catástrofes mundiales, los delincuentes, estafadores y piratas informáticos de todas las tendencias intentarán aprovechar la agitación para lavar dinero o enriquecer sus arcas.

Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU. (FinCEN) emitió el lunes un raro comunicado alentando a las instituciones financieras a «comunicar las preocupaciones relacionadas con la enfermedad de Coronavirus 2019 (COVID-19) y permanecer alerta ante la actividad financiera ilícita relacionada. Se debe estar alertas sobre transacciones maliciosas o fraudulentas similares a las que ocurren después de los desastres naturales. A través de un análisis de información pública y privada en su base de datos, se han destacado varias tendencias emergentes:

Estafas de impostores: los delincuentes intentan solicitar donaciones, robar información personal o distribuir malware al hacerse pasar por agencias gubernamentales (por ejemplo, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), organizaciones internacionales (por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) u organizaciones de atención médica.

Estafas de inversión: la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) instó a los inversores a tener cuidado con las estafas de inversión relacionadas con COVID-19, como las promociones que afirmen falsamente que los productos o servicios de empresas que cotizan en bolsa pueden prevenir, detectar o curar el coronavirus.
Estafas de productos: la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU. (FDA) han emitido declaraciones públicas y cartas de advertencia a las empresas que venden productos no aprobados o mal etiquetados que hacen declaraciones de salud falsas relacionadas con COVID-19. Además, se ha recibido información sobre la comercialización fraudulenta de suministros relacionados con COVID-19, como ciertas máscaras faciales.

 

Comparte: CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN


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Somos una Asociación que defiende y promueve el desarrollo del sector de la seguridad privada. Contamos con 31 empresas agremiadas que representan cerca de 30.000 empleados a nivel nacional.



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