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Published on marzo 26th, 2020 | by Asosec

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LO IMPORTANTE, NO HAY QUE OLVIDAR LA CORRUPCIÓN EN COLOMBIA

La  crisis  generada  por  el  Coronavirus  en  nuestro  país,  las  medidas  que  ha  tomado  la presidencia de la republica mediante el Decreto 457 de 2020 que “imparten instrucciones en  virtud  de  la  emergencia  sanitaria  generada  por  la  pandemia  del  Covid-19  y  el mantenimiento del orden público”, nos ha llevado a estar pendiente de lo urgente en estos momentos como es la protección de la vida y luego llegara lo importante como son los males que nos aquejan como sociedad. Este decreto le ha dado poder al gobierno para disponer de  recursos financiero especialmente  de  los entes territoriales, lo  que ha  generado una polémica entre alcaldes y gobernadores, pero el problema no cruza sobre si es un préstamo una  apropiación,  para  nosotros  las  personas  del  común  la  preocupación  nos  lleva  a preocuparnos  es  en  la  destinación  final  que  pueden  tomar,  si  es  verdad  que  serán empleados en su totalidad para los fines presupuestados o si también caerán en manos de corruptos.

 

Esperemos que sea lo primero, sin embargo, en estos momentos de  asilamiento quiero llevarles unas breves apreciaciones sobre la CORRUPCIÓN en nuestro país, esperando que  al  superar  esta  crisis  sea  una  oportunidad  para  redimirnos  y  ser  un  ejemplo  en cumplimento e integridad.

 

Antecedentes

La corrupción es un fenómeno que afecta la legitimidad y la confianza en el Estado. Rompe y  corrompe  el  comportamiento  racional  del  Estado.  De  acuerdo  con  la  definición  de Transparencia Internacional, Corrupción es el abuso de poder o de confianza por parte de un actor para obtener beneficios particulares en detrimento de los intereses colectivos. Es un obstáculo para lograr el desarrollo sostenible de una comunidad o de un país.

De  acuerdo  con  el  Índice  de  Percepción  de  la  Corrupción  -IPC-  que  publica  cada  año Transparencia Internacional. Colombia mantiene desde hace 4 años una calificación de 37 sobre 100 puntos, esto indica que no ha cambiado la imagen que grupos de expertos tienen sobre el sector público colombiano en cuanto a corrupción. El país cayó 6 puntos desde la última medición, pasando del puesto 90 al 96 entre 180 países.

Aunque se han adelantado ajustes institucionales y normativos importantes, la percepción no  va  a  cambiar  mientras  no  se  evidencien  cambios  de  fondo.  Para  ello  se  requieren reformas al sistema político, recobrar la legitimidad de la justicia y que el empleo público y la contratación respondan a la meritocracia como criterio principal.

 

¿Cómo se puede combatir?

Desde Transparencia por Colombia consideran fundamentalmente lograr tres cambios para modificar  la  tendencia  de  corrupción  creciente  en  nuestro  país.  En  primer  lugar,  es necesario que la lucha contra la corrupción logre un vínculo más directo y efectivo con la ciudadanía de manera mucho más amplia. La actual ola de indignación ciudadana frente a la corrupción puede ser una oportunidad para generar este quiebre. No solo es necesario reconocer que la corrupción es un problema de todos, que es necesario revisar nuestro comportamiento individual además de cuestionar a los demás, también se requiere pasar de la indignación a la acción.

 

Nuevamente, todos los ciudadanos contamos ya con herramientas a nuestra disposición: el  voto,  el  control  social  a  la  gestión  de  lo  públicola  denuncia,  y  el  rechazo  a cualquier forma de corrupción. Las dos primeras contribuyen enormemente a prevenir y atacar la corrupción enquistada en la institucionalidad pública, mientras que las otras dos pueden ser aplicadas en cualquier rol que desempeñemos en nuestros ámbitos sociales, económicos y laborales.

De la mano a lo anterior, debemos proteger a nuestras instituciones democráticas pues ellas  son  la  base  de  la  garantía  del  bienestar  social  y  económico,  del  respeto  de  los derechos humanos, y del desarrollo sostenible. Esa protección se traduce en la defensa de lo público que implica cuestionar a las personas, pero, ante todo, fortalecer las instituciones.

 

En segundo lugar, debemos atacar de manera directa la impunidad que perpetúa a la Gran  Corrupción.  Para  esto,  es  necesario  resolver  prioritariamente  los  vacíos  de transparencia  y  ética  en  el  acceso  al  poder,  especialmente  en  el  financiamiento  de campañas políticas. Igualmente, importante es recuperar la confianza en el sistema judicial y  los  órganos  de  control  que  se  han  visto  más  afectados  por  escándalos  internos  de corrupción. Con bajas opciones de acceso al poder por parte de actores corruptos y con altas garantías de sanción, la corrupción puede ser fuertemente desincentivada.

Estas acciones deben acompañarse de dos grandes decisiones que debemos tomar como sociedad: lograr un  gran pacto por blindar el empleo público de la  vulnerabilidad de los intereses, y controlar de manera efectiva el uso de recursos públicos mediante sistemas de control  fiscal,  disciplinario  y  penal  eficientes  y  despolitizados.  Todas  estas  medidas requieren  de  ajustes  normativos  innegablemente, pero  también  es  posible  avanzar  con herramientas  ya  existentes  y  la  voluntad  política  de  quienes  empiezan  a  enfrentar  la corrupción de manera más contundente.

 

Y, en tercer lugar, es necesario articular de manera más efectiva y amplia todos los sectores sociales corresponsables en esta lucha. Pocos efectos sostenidos se lograrán sin  la  participación  y  el  cambio  efectivo  en  el  sector  empresarial,  en  los  medios  de comunicación y en la academia.

 

En  estos  tres  actores  debemos  encontrar,  respectivamente,  un  mayor  rechazo  a  las prácticas de corrupción en la forma de hacer negocios, un uso más directo y responsable de la libertad de prensa y de expresión para continuar controlando el abuso del poder, y unos procesos de formación que contribuyan a la reconstrucción de una ética de lo público.

 

La corrupción en cifras

Financiación política:

La Resolución 3097 de 2013 del CNE obliga a las campañas a llevar un registro en tiempo real de los ingresos y gastos de sus campañas políticas en el aplicativo Cuentas Claras. Del análisis de Transparencia por Colombia sobre esta información se obtuvo que:

 

Poca  efectividad  de  financiación  estatal.  La  financiación  política  en  Colombia  falta equidad y transparencia, es necesaria más independencia de recursos privados y fortalecer controles y sanciones. En las elecciones legislativas de 2018 los anticipos de financiación pública correspondieron tan sólo a un 6.18% del total de ingreso, además  de haber sido destinados en  su  mayoría  a  apoyar las candidaturas al Senado  ($12.980  millones para Senado y $2.638 millones para Cámara). Para lograr equidad en la financiación estatal y disminuir los riesgos de acudir al financiamiento ilegal, es necesario garantizar que estos recursos lleguen en igualdad de condiciones a todos los candidatos.

 

Alto costo de las campañas políticas en Colombia. En elecciones de Congreso 2018 en tan solo 4 meses de campañas se reportaron gastos por un total cercano a los 252 mil millones de pesos. Esta cifra es el doble del presupuesto destinado para la totalidad del Programa Pequeñas Infraestructuras Comunitarias de la ART, el cual incluye desarrollo de vías terciarias y proyectos sociales en educación, deporte y salud. Es fundamental poder establecer un  valor  real  de  las  campañas políticas y  sobre  esto  limitar el  monto  de  los gastos, análisis con el cual no se cuenta hasta el momento. También es importante crear un registro de proveedores electorales que tengan en cuenta las características de cada región, para determinar si el cambio a listas cerradas realmente reducirá los costos o no.

Fortalecer controles y sanciones. Es urgente mejorar el proceso de la aplicación oportuna y  efectiva  de  las  sanciones  por  la  financiación  irregular  de  las  campañas  o  por  el incumplimiento con la rendición de cuentas. Sobre esto último, un 90,6% de los candidatos inscritos en senado rindieron cuentas y un 91,3% en cámara, cuando debería hacerse en tiempo  real  y  aplica  a  todos  los  candidatos,  así  no  hayan  sido  elegidos.  Es  prioritario fortalecer los mecanismos de  investigación  y sanción del CNE para  que  cumpla  con  su misión. También el trabajo conjunto con UIAF y DIAN.

 

Contratación pública:

Fuente: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas – ITEP

Licitación pública. Los recursos de  contratación  que  se  ejecutan  a  través de  licitación pública no son la mayoría, como se esperaría. En las entidades nacionales solamente 12% de estos recursos son de licitación pública, mientras que en las gobernaciones el porcentaje es de 26% y en los municipios el porcentaje corresponde a 39%.

 

Proponentes.  Existen  grandes  diferencias  en  el  promedio  de  proponentes  que  se presentan en una licitación pública, mientras en el nivel nacional el 79% de las entidades cuentan con tres o más proponentes, en las gobernaciones este porcentaje es de 22% y en los  municipios  14%.  Así  mismo,  en  59%  de  las  gobernaciones  cuentan  con  un  solo proponente, mientras que en los municipios este porcentaje es de 75%.

 

Contratación  directa.  Los  recursos  de  contratación,  destinados  a  la  modalidad  de contratación directa son la mayoría, en el nivel nacional el porcentaje es de 75%, mientras que en el nivel territorial el porcentaje corresponde a 56% para gobernaciones y 41% para municipios. Estos porcentajes incluyen los recursos destinados al pago  de  contratos de prestación de servicios profesionales. Al observar el porcentaje de recursos destinados a contratación directa, sin tener en cuenta el que se destina a pago de contratos de prestación de servicios, en el nivel nacional corresponde a 65%, en las gobernaciones a 51% y en los municipios a 30%.

 

Empleo público:

Fuente: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas – ITEP

Mérito. En la mayoría de entidades públicas no se realizan procesos meritocráticos para las personas que ingresan como funcionarios públicos. En el nivel nacional es donde más se realizan estos procedimientos, para 2015, 74% de directivos y 46% de asesores que ingresaron  de  libre  nombramiento  y  remoción  (LNR)  lo  hicieron  a  través  de  selección meritocracia. En el nivel territorial los datos contrastan, en las gobernaciones para 2016,

17% de quienes ingresaron como directivos y 13% de los asesores lo hicieron a través de

selección de mérito. Mientras tanto, en los municipios para 2016, solamente 1% de quienes ingresaron como directivos lo hicieron a través de esos procesos, sin embargo, para los asesores el porcentaje es de cero. Conformación de la planta de personal. los funcionarios públicos que se encuentran bajo la modalidad de provisionales y temporales son muchos, lo alarmante, es que a estos funcionarios no se les puede evaluar su desempeño como a los de carrera administrativa y tampoco cuentan con sus ventajas. En el nivel nacional 30% de  funcionarios  públicos  son  provisionales  y  12%  temporales,  en  las  gobernaciones  el porcentaje de provisionales es de 40% y de temporales 1%, por último, en los municipios, el 33% de funcionarios son provisionales y el 3% temporales.

 

Relación porcentual de contratistas. Son muchos los servidores públicos que se vinculan bajo la modalidad de contratistas de prestación de servicios, en el nivel nacional la relación con respecto a la totalidad de funcionarios de planta es de 29%, en las gobernaciones de

44% y en los municipios de 64%.

 

Seguimiento al desempeño. Debido a que a los funcionarios públicos provisionales y LNR no se les puede realizar evaluación al desempeño, se indaga si se les realiza algún tipo de seguimiento a su labor, se encontró que la mayoría de entidades públicas no lo realiza. En el  nivel  nacional,  se  le  hace  seguimiento  al  44%  de  funcionarios  LNR  y  a  21%  de provisionales, en las gobernaciones, se le realiza seguimiento a 33% de funcionarios LNR y 34% provisionales, y en los municipios, se realiza seguimiento a 29% de funcionarios LNR y 21% de provisionales.

 

Prácticas contra el Soborno:

Fuente:   Quinta   Encuesta   Nacional   de   Prácticas   contra   el   Soborno   en   Empresas

Colombianas (Comunicado).

96% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios.

El 51% de los empresarios considera que las contribuciones a campañas políticas es una de las formas más comunes de soborno.

El 63% de los encuestados considera que la principal motivación para ofrecer sobornos a funcionarios del sector público es obtener negocios.

Los resultados de  la  encuesta  indican  que  los principales obstáculos para  lograr mayor transparencia en el entorno de los negocios son la corrupción en el sector público (37%) y la competencia desleal (33%).

A lo anterior se agrega que el porcentaje de soborno que se estima necesario para ganar un contrato es de 16.7% de su valor.

Las modalidades más usadas de soborno fueron los pagos para agilizar trámites (67%) y el cierre de negocios y/o contratos (53%).

 

 

Monitor Ciudadano de la Corrupción

Fuente:

http://www.monitorciudadano.co/documentos/corrupcion_en_territorios_de_paz.pdf

De acuerdo al informe del Monitor Ciudadano «Corrupción en territorios de paz» lanzado al público en agosto de 2017 se destacan los siguientes hallazgos:

Educación, Salud e Infraestructura fueron los sectores más afectados por la corrupción en los territorios de paz.

Siete departamentos reunieron el 63% de los hechos de corrupción en territorios de paz: La Guajira, Valle del Cauca, Nariño, Chocó, Antioquia, Bolívar y Cesar. Nariño, La Guajira y Valle del Cauca son los que mayores hechos de corrupción presentaron (30%) seguidos por Antioquia y Chocó (18%).

El 47% de los hechos de corrupción en estos territorios fueron cometidos por servidores públicos, adscritos temporalmente o a largo plazo a instituciones que reciben y administran recursos públicos. 20% corresponde a autoridades de elección popular tales como alcaldes, gobernadores,  concejales,  diputados  y  congresistas.  De  estas  autoridades,  las  más implicadas son alcaldes (45%) y gobernadores (35%).

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CARLOS ALFONSO BOSHELL NORMAN


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Asociación Colombiana de Seguridad



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