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Colombia

Published on marzo 6th, 2017 | by Asosec

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Contratos “fast track”

En Colombia se puso de moda la combinación inglesa de palabras fast track para describir el sometimiento de procesos vía rápida. Bajo esa premisa se busca aligerar el debate en el Congreso de, por ejemplo, los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc y lograr su aprobación sin que se les adicionen o recorten elementos originales. Es decir, así algunos no lo quieran aceptar, el fast track es como el vestido de Iron Man: una coraza blindada y reforzada con cohetes a propulsión que le permite atravesar lo que se le ponga en frente sin mayor resistencia.

Pues ese supervestido se lo pusieron también hace unos meses a la contratación de proveedores de logística en las zonas veredales de normalización de las Farc. Según el acucioso trabajo de Mario Villalobos, de Red Más Noticias, el Gobierno contrató más de $53.000 millones en menos de 24 horas con empresas que no tendrían la capacidad de construir los campamentos de las Farc. Esos mismos campamentos de los que la guerrilla se ha quejado y que hemos visto por televisión, en muchos casos incompletos y mal dotados.

Las empresas contratadas fueron JT Soluciones Integrales, Distribuidora Remen, Sama Distribuidora y Comercializadora y Romart del Llano. Según constató Villalobos, ninguna de ellas se especializa en construcción de obras civiles o instalación de servicios públicos y en sus certificados dicen que realizan actividades que van desde el comercio de animales vivos hasta la ferretería. Incluso, una de ellas funciona en una bodega de almacenamiento de panela.

El Gobierno dice que firmó esos contratos bajo la figura de urgencia manifiesta, que se define como una situación que puede decretar cualquier autoridad administrativa sin autorización previa cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción, hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor, o desastres que demanden actuaciones inmediatas, el lío es que, tal y como lo reconocen las Farc, la necesidad de la construcción de estas zonas veredales es producto de un acuerdo político y no de un desastre natural. Aceptarlo convertiría a los miembros de esa guerrilla automáticamente en damnificados.

Esta historia tomó un giro adicional este fin de semana. El sábado se conoció la renuncia de la directora del Fondo del Programa Especial para la Paz, María Inés Restrepo, encargada de firmar esos contratos. La doctora Restrepo estuvo en ese cargo por 20 años y también estuvo detrás de la contratación del fallido proceso de paz de San Vicente del Caguán y desmovilización de los paramilitares durante el gobierno Uribe. Según un comunicado de la Presidencia, la doctora Restrepo se retira por razones personales.

Pero en todo esto quedan muchas preguntas que si no las aclaran las autoridades y las entidades de control, seguro serán descubiertas tarde o temprano por la prensa: ¿quiénes están realmente tras las empresas que recibieron los millonarios contratos? ¿La renuncia de la señora Restrepo tiene algo que ver con es? ¿Por qué las copias de los contratos que fueron entregados a Red Más Noticias tenían unas franjas blancas que cubrían información? ¿Qué trataban de esconder? ¿Quién quería esconder detalles? Sería absurdo que quisieran mercachiflar con la paz. A los que defendimos el proceso nos acaban de meter un balonazo en el estómago.


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Asociación Colombiana de Seguridad



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