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Colombia

Published on Julio 14th, 2015 | by Asosec

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Inicia prueba de polígrafo para adjudicación de vías

Recientemente el Gobierno anunció la intervención de 57 vías en Colombia, como la de Rumichaca-Sur de Ipiales en Nariño o la de Curos-Málaga en Santander. Para esto, hay un paquete de inversiones de $2,2 billones. El plan se diferencia de otros proyectos de obra pública ejecutados en años anteriores, ya que el equipo técnico encargado de estructurar los proyectos y adjudicarlos se someterá al polígrafo.

Los funcionarios de Invías, de la ANI, de la Aeronáutica Civil y del Minvivienda que participen en la elaboración de pliegos de licitación o en la adjudicación de contratos serán sometidos al detector de mentiras. Así lo aseguró el vicepresidente Germán Vargas Lleras: “Esperamos que esta medida se vuelva una constante para todas la entidades que participan en el desarrollo de la infraestructura nacional”, agregó el vicepresidente. De hecho, son 72 entidades las que aceptaron el polígrafo como un instrumento para garantizar la transparencia.

¿Qué tan útil es el polígrafo?

El presidente Juan Manuel Santos calificó el polígrafo como uno de los mejores instrumentos para “blindar” a las instituciones de la corrupción. “Los funcionarios del Ministerio de Transporte, de buena voluntad, se van a someter al polígrafo, para que ustedes tengan la total tranquilidad de que aquí nadie se está robando un peso”, dijo.

Sin embargo, el uso del polígrafo no está tan claro como lo plantea el presidente Santos. Es más, en Colombia el uso de este detector de mentiras no está reglamentado. Solamente existe una resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad que establece el uso del polígrafo para las empresas de vigilancia privada.

De acuerdo con Juan Gonzalo Flórez, abogado de la de la Universidad Pontificia Bolivariana con énfasis en derecho laboral, el uso del polígrafo debe ser reglamentado: “El problema no es tanto el polígrafo sino el cuestionario. Con el cuestionario se pueden vulnerar derechos como el del debido proceso o el de la intimidad. Además, si un trabajador no acepta hacerse la prueba de polígrafo y por eso no lo aceptan en una entidad o lo despiden, puede interponer una tutela porque le estarían violando derechos laborales. El Estado debe garantizar el debido proceso y reglamentar la forma en la que aplica el polígrafo. De lo contrario, van a llover tutelas”.

Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, considera que el Gobierno “puede utilizar el polígrafo para evitar la corrupción, lo puede usar y la Constitución no se lo impide. Lo que sucede es que en materia penal no es una prueba, es solo un instrumento que puede dar luces, por ejemplo, de las personas que quieren ocultar un pasado de corrupción”.

Para Elisabeth Ungar, directora ejecutiva de Transparencia por Colombia, la implementación del polígrafo es “un saludo a la bandera. El polígrafo no constituye una prueba judicial y la herramienta puede presentar imprecisiones. En el fondo puede generar miedo para los funcionarios, miedo que se incrementa al saber que el polígrafo no tiene leyes que lo regulen. El detector de mentiras hace parte de un discurso que vende pero no blinda los procesos licitatorios”.

Una visión muy distinta es la que ha planteado el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao: “hacemos un esfuerzo para que las obras de licitación se adjudiquen transparentemente. El peor enemigo del agua potable es la corrupción, que ha impedido que se construya el acueducto de Carmen de Bolívar, donde se robaron la plata del acueducto en siete oportunidades. Con el polígrafo demostramos que no tenemos miedo, que estamos haciendo el trabajo transparente”.

Frente a las dudas ante una posible violación de derechos laborales, Henao explica que “el procedimiento es totalmente voluntario. Si una persona no quiere pasar por el polígrafo puede desempeñar otras funciones técnicas en el Ministerio, pero no será contratada para los procesos de licitación o adjudicación. El cuestionario está enfocado en determinar si la persona no tiene conflictos de intereses, que declare que la contratación ha sido transparente. En ningún momento ataca la intimidad de las personas”.

Fuente: Elcolombiano


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Asociación Colombiana de Seguridad



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