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Seguridad Privada

Published on Septiembre 12th, 2014 | by Asosec

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Tres estrategias para bajar la criminalidad en barranquilla

Tres puntos especiales en cuanto al tema de seguridad ciudadana se trataron en el Cuarto Comité Metropolitano de Seguridad, celebrado ayer en la mañana, en el piso nueve de la Alcaldía Distrital.

El primero consistía en compartir con los alcaldes del área metropolitana (Malambo, Soledad, Galapa y Puerto Colombia), lo que es la arquitectura institucional del Sistema de Información Unificado.

Explicarles cuáles son las estrategias que hay para abordar cada uno de los tipos de delitos; y también cómo se recogen los datos, se validan, y se utilizan para la creación de estrategias de seguridad y policiales.

El propósito con el primer objetivo es que los burgomaestres conformen un sistema igual, que les ayude a trazar sus problemáticas a través de un mapa digital, que le ofrezca datos sólidos sobre los eventos que atentan contra la seguridad de sus municipios, teniendo en cuenta espacios, tiempo y población.

El segundo tema que trató el comité fue la pronta puesta en funcionamiento de la Unidad Permanente de Justicia (UPJ), la cual estará lista en menos de dos meses, en la calle 30 con la carrera 8.

Esta institución estará dispuesta para todos los tratamientos contravencionales o que alteran el orden público medianamente.

Inseguridad en transporte

El tercer punto que se dialogó fue el de la seguridad en los buses de servicio público, teniendo en cuenta el homicidio de Luis Morales Dovale, de 56 años de edad, ocurrido el pasado sábado.

El muerto laboraba como chofer en la empresa de transporte Alianza Sodis.

Aunque este tema no estaba en la agenda, fue manejado por los últimos eventos criminales y por las múltiples denuncias que llegan a la Policía.

Guillermo Polo, Alto Consejero para la Seguridad de Barranquilla, explicó que la empresa donde trabajaba el conductor asesinado está invirtiendo unos 2.000 millones de pesos para poner en funcionamiento tres cámaras de seguridad en cada uno de sus 300 vehículos.

Todo lo anterior se suma a la instalación de un botón de pánico que servirá para dar aviso inmediato a la Policía, y así poder tener el mayor tiempo de reacción, además de material probatorio para el momento de la captura y el de la presentación del delincuente ante la Fiscalía.

Juan Calderón, gerente de la empresa, explicó que mensualmente les reportan unos 40 atracos, que le dejan déficit de hasta 60 millones de pesos.

El comité y otras empresas transportadoras analizan la estrategia de Alianza Sodis para ver si pueden llevarla a cabo y así, en palabras de Polo, sacar a los delincuentes de los buses.

Al respecto, la alcaldesa, Elsa Noguera, expuso que ante los brotes de inseguridad y las falencias en la ley que procura la descongestión penitenciaria, solo le resta a la Administración prepararse para afrontar los episodios violentos.

“El tema de la seguridad no es por temporadas. Hay que estar pendientes y reaccionar a diario, y eso intentamos”, dijo Noguera.

Polo aclaró que el apoyo que el Distrito brinda ante la situación en los buses es el del pago del software y el de la empresa que presta el servicio de Internet. “Es importante que las empresas estudien sus situaciones, y se sumen a la iniciativa, para atacar fuerte a la delincuencia en los buses”, expresó.

Preocupación en la Policía

El general José Vicente Segura, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, expresó gran preocupación en medio de las conclusiones del Cuarto Comité Metropolitano de Orden Público, porque las cifras de judicializados de este año es inferior a la que se tenía en 2013.

Del cien por ciento de los capturados del año pasado, el 28 obtuvo penas intramurales, un 43 recibió su castigo en sus domicilios, y el 29 por ciento restante salió libre.

Las cifras de este año, hasta el cierre de agosto, ofrecen el siguiente panorama: solo el 9 por ciento va a la cárcel, otro 11 por ciento paga su pena en sus casas, y el 80 por ciento restante queda en libertad.

La Ley 1453, que buscaba castigar con firmeza los delitos que van en contra de la comunidad, se fraccionó con la Ley 1709, que reestructuró al Inpec

Fuente:  El tiempo. 


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Asociación Colombiana de Seguridad



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